La Fiscalía Anticorrupción de Valencia afronta nuevos cambios con la marcha de Virginia Abad 

VALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción de Valencia afronta nuevos cambios en pocos meses. Virginia Abad dejará de ocupar próximamente su plaza por motivos personales, tal como ya ha comunicado oficialmente. Abad fue nombrada en 2019 para cubrir la vacante de Vicente Torres, que pasó a ser magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Con 19 años de antigüedad y procedente de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial –aunque también estuvo en Menores–, en su trayectoria destaca especialmente Emarsa. El resultado del proceso le supuso un importante reconocimiento. El considerado como el mayor caso de corrupción de la Comunitat Valenciana por la cantidad de dinero público desviado –23,5 millones de euros– llegó a su fin en 2020 en lo referente a la investigación principal después de casi 7 años de instrucción, 7 meses de juicio y la sentencia de la Audiencia de Valencia posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo. 

Varios de los condenados por el expolio de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo entraron en prisión el pasado noviembre para cumplir penas que se situaban entre los 12 años y los 9 meses de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad.

Caso Ivam

Virginia Abad también ha sido fiscal del conocido como caso Ivam, que consta de dos piezas separadas. En la primera, cuyo juicio se iba a celebrar en septiembre, se alcanzó una conformidad. La investigación apuntaba a que la exdirectora del museo, Consuelo Císcar, lo usó para promocionar la carrera de su hijo. En el escrito de acusación al que se adhirieron todas las partes, ella misma reconoció que malversó fondos del IVAM para favorecer la carrera de Rafael Blasco (conocido como 'Rablaci'), así como el delito de prevaricación administrativa. Con ello, aceptó la condena de un año y medio de prisión y dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, si bien la pena de prisión queda suspendida. 

También reconocieron los hechos el exdirector económico administrativo, Juan Carlos Lledó, que aceptó un año de cárcel, y el empresario Enrique B. Martínez Murillo, que aceptó un año de prisión por malversación y dos meses y quince días de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil.

La exdirectora del IVAM sí tendrá que sentarse en el banquillo a partir del 2 de noviembre por la segunda pieza del caso. En ella será juzgada por la Audiencia Provincial de Valencia por la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda por unos 4 millones de euros. Se le acusa de los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad y la fiscalía ha pedido seis años de cárcel y una multa de 144.000 euros.

Esta será la última de las causas de la que se encargue Abad una vez quede todo visto para sentencia. De las que deja, varias se encuentran encauzadas, como es la relacionada con el empresario Vicente Huerta, dueño del grupo Avialsa, por seis delitos fiscales, en una investigación al margen del caso Avialsa. En la Fórmula 1 pidió el archivo de las dos piezas que quedaban y están pendientes de resolver. En cuanto a la que afecta a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por presunto fraude de subvenciones, se encuentra a la espera del informe que ha de remitir la Guardia Civil. En él se ha de especificar la cuantía del dinero y será clave para que la investigación siga o no adelante. 

La salida de la fiscal no ha sido la única de estos últimos meses. También renunció Jesús Carrasco, el primer delegado de Anticorrupción en Valencia en 2006, a quien únicamente le resta que finalice el juicio de la última pieza del caso Cooperación que afecta al exconseller Rafael Blasco. 

En la plaza le sustituyó Adoración Cano, una de las fiscales encargadas del caso del accidente de metro. De manera que a partir de ahora continuarán Pablo Ponce y ella en Anticorrupción ante la incógnita de si se convocará la plaza que deja Abad.