La elección del director de Antifraude, bloqueada tras votar el PP y Vox en contra del único candidato

VALÈNCIA. El bloqueo al que apuntaba la elección del director de Antifraude se ha cumplido finalmente este jueves. La situación, como informó Valencia Plaza, iba encaminada a que se tuviera que reiniciar el proceso. Y así ocurrirá ahora. El único candidato al puesto, Gustavo Segura, ha comparecido este jueves ante Les Corts, como marca el procedimiento legal, para exponer su proyecto en la entidad. 

Segura es director de Análisis e Investigación de la agencia y se le considera un perfil continuista al tratarse de una persona de la confianza del director saliente, Joan Llinares. Pero pese a ser el único aspirante no ha logrado los apoyos parlamentarios necesarios para dirigir Antifraude. 

El PP ha votado en contra. También Vox. El portavoz en Les Corts de este último partido, José María Llanos, afirmó que respaldarían a Segura porque no había otro candidato. La posición sorprendió y no resultaba extraño que fuera a cambiar. Parece que se trató más de un error y han reculado. 

En la oposición, por contra, Compromís ha apoyado al aspirante como dijo desde un primer momento. Al igual que el PSPV, que estaba en duda qué haría y si recurriría a la abstención porque el perfil de Segura tampoco les gusta debido a que los socialistas han mantenido durante todos estos años enfrentamientos y tensiones con la agencia por sus investigaciones. Sin embargo, fuentes del grupo explican que prefieren "a un candidato independiente" que a uno del PP cuando cambien la ley de Antifraude. 

Segura fue propuesto, por cada una por separado y tras pactarlo, por Acción Cívica contra la Corrupción –presidida por el historiador, periodista y abogado Antonio Penadés–, la Fundación por la Justicia –al frente de la cual se encuentra el magistrado José María Tomás y Tío– y Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituida por colectivos de izquierda como Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet o Escola Valenciana–.

Inicialmente había otro aspirante. Se trataba de Eduardo Beut, y fue presentado por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública. Exdelegado de la Agencia Tributaria e Inspector de Hacienda, cuenta con un perfil profesional de prestigio en este ámbito y una conocida vinculación con el que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. 

Acción Cívica impugnó esta candidatura al entender que la Asociación de Gestores no tenía capacidad para presentar nombres. A raíz de ello, los servicios jurídicos de Les Corts se pronunciaron para recomendar la exclusión Beut debido a que, concluyeron, no se cumplía el precepto de que esta la asociación proponente fuera "una organización social que trabaje en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana", como establece la ley de Antifraude. 

Con Segura como único candidato, la norma marca que son necesarios los tres quintos del Parlamento para que el nombre salga adelante. Con el actual escenario de bloques y de enfrentamiento entre los grupos, parecía improbable un acuerdo entre partidos de Gobierno y oposición. El PPCV se mostró abierto a apoyar a Segura si el PSPV y Compromís se sentaban a negociar los órganos estatutarios: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura). Para todos es necesario un partido de la oposición. 

La condición que ponían los socialistas y Compromís era que el PPCV aparte a Vox de las instituciones y de cualquier órgano. Algo inasumible para los populares al ser su socio de Gobierno. Así que sin acuerdo para una cosa no lo ha habido para la otra. 

El proceso se reinicia junto a la nueva ley  

Al no salir adelante la candidatura de Segura, queda descartado su nombre para el proceso. Ahora se deberá iniciar uno nuevo por parte de Les Corts. Cuando ocurra, en un plazo de tres meses deberán presentarse otros perfiles tanto por parte de las asociaciones como por parte de los grupos parlamentarios. 

En ese intervalo de tiempo, ya estará aprobada –salvo imprevistos– la nueva ley de Antifraude impulsada por la derecha. Aunque durante estas semanas se solape la tramitación de la norma con el proceso de la dirección de Antifraude no pasa nada, puesto que lo que cuenta es qué ley se encuentra en vigor en el momento de la votación de los candidatos. 

En la norma que saldrá adelante, la elección de la dirección ya no requiere de los tres quintos del parlamento sino que puede salir en última instancia con mayoría absoluta. Aquí el PP y Vox ya no necesitarían a la oposición. Si el nombre de Beut vuelve a estar encima de la mesa todavía es una incógnita.