Paco Molina (CC OO-PV), el president Ximo Puig, José Vicente González (Cierval) y Gonzalo Pino (UGT-PV)De prosperar la petición, quedaría bloqueado el pago de 2,6 millones de euros a Cierval y los sindicatos mayoritarios
VALENCIA. La disputa entre los sindicatos minoritarios y los mayoritarios se recrudece en la Comunitat a cuenta de la Ley de Participación y Colaboración Institucional -la norma que blinda las subvenciones a los agentes sociales más representativos, que en la actualidad son las organizaciones CC OO-PV y UGT-PV y la patronal Cierval-. Al recurso ya interpuesto contra su contenido por parte de las formaciones que quedan fuera del reparto se sumará en breve otro más, en este caso por haber sido aprobado el reglamento de la ley fuera de plazo, tal y como informó Valencia Plaza.
La tensión se dispara con este último recurso porque ataca directamente al eje del conflicto: los 5,2 millones de euros en subvenciones previstos en la ley. En el recurso, que se presentará firmado por CSI·F, USOCV, Intersindical Valenciana y Sindicato Independiente, se solicitará además la suspensión cautelar del pago de las ayudas, de las que en la actualidad ya se ha abonado la mitad del montante. De prosperar esta petición el pago del importe restante quedaría bloqueado por la justicia.
Según trasladan a este medio fuentes sindicales, las cuatro organizaciones se muestran optimistas de cara al proceso al considerar "obvio" que la Conselleria de Economía liderada por Rafael Climent incumplió los plazos previstos en la propia Ley de Participación y Colaboración Institucional a la hora de aprobar su reglamento.
La ley fue aprobada en Les Corts en la recta final de la pasada legislatura con el voto a favor de todos los partidos excepto Compromís -coalición de la que procede Climent-, que se abstuvo. La norma, que compensa económicamente a los agentes sociales más representativos por su participación en órganos colegiados de la administración, fue aplaudida de forma unánime por la patronal autonómica Cierval y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO.
El texto fue publicado en el Diari Oficial de la Comunitat el pasado 2 de abril con la firma del expresidente Alberto Fabra. En su disposición final segunda se autorizaba al Consell para que, en el plazo de seis meses desde la publicación de la ley, aprobase su desarrollo reglamentario, requisito imprescindible para poder aplicarla y, por tanto, proceder al reparto de los fondos.
Con la llegada del nuevo Consell, la demora en la ratificación del reglamento ha generado una inquietud creciente en las organizaciones beneficiadas. El propio conseller Climent, en medio del proceso, expresó públicamente su opinión contraria al reparto previsto en la ley, por lo que las citadas organizaciones sospechan de un retraso deliberado.
A finales de septiembre, a pocos meses de que expirasen los seis meses de plazo previstos, Cierval advirtió del riesgo de que no se llegase a tiempo. Mediante un comunicado, la junta directiva de la patronal expresó su "preocupación" por el agotamiento de los plazos máximos establecidos en la propia ley.
Pese a ello, el texto aún se hizo esperar. El reglamento fue aprobado finalmente por la Conselleria de Economía Sostenible mediante el decreto 191/2015 de 23 de octubre, 21 días después del periodo máximo fijado.
