Hoy es 15 de agosto
La Conselleria de Función Pública de Gabriela Bravo sólo cuenta con el apoyo de CCOO y UGT estudia recurrir el decreto ante los tribunales y movilizarse contra su aprobación
Pedir el Elemental (B2) a los altos funcionarios (A1 y A2) como defiende, supondría rebajar la exigencia que se acordó en el anteproyecto de ley de función pública de 2018 y en la Mesa de la Función Pública y el decreto actualmente en vigor
Los representantes de los trabajadores advierten que debe haber seguridad jurídica en un proceso que todas las partes temen que pueda ser impugnado
Los trabajadores subrogados del hospital de Alzira y Torrevieja, del servicio público de resonancias magnéticas o de Aumar ven aclarado su estatus, aunque el Alto Tribunal matiza las condiciones de su fijeza
Piden acabar con la temporalidad antes de esta 'revolución' y aclarar cómo será el "cribado" definitivo y los contratos de prácticas en una "negociación"
Bravo presenta un modelo que pretende afinar los perfiles seleccionados, agilizar los procesos y reducir las barreras socioeconómicas. Se probará en unos meses con un proceso piloto
Los decanos de los Colegios de Ingenieros técnicos de la Comunidad Valenciana muestran su indignación y hacen un llamamiento popular a recoger firmas para frenar la ley autonómica al tratarse de una cuestión de derechos fundamentales como la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Las firmas se pueden recopilar en www.mismogradomismosderechos y la plataforma change.org
Denuncian que la nueva Ley que se lleva este lunes a Les Corts va en contra del Plan Bolonia y es "más restrictiva que la Ley Nacional de Función Pública"