Estos son los planes de función pública para lo que queda de legislatura

VALÈNCIA. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, dio hace dos semanas el primer paso para desarrollar la nueva Ley de Función Pública que fue aprobada en abril y entró en vigor un mes después. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la constitución de la Comisión de Estudio y Debate para la Reversión de los Servicios Públicos Externalizados, que tendrá entre sus funciones conocer la planificación anual y negociar los procesos de subrogación por prestación directa de servicios externalizados. 

Esta, sin embargo, es una de la larga lista de objetivos que tiene Función Pública pendientes de sacar adelante en lo que queda de legislatura. No en vano, el acuerdo con los sindicatos para el personal funcionario, estatutario y laboral del mandato anterior era un objetivo para el periodo 2015-2019 y a esto se suma que la nueva ley tiene diferentes apartados que deben desarrollarse tras negociarlos con las organizaciones sindicales más representativas: UGT, CSIF y CCOO. 

Transcurrido el ecuador de la legislatura, el acuerdo que se busca con los sindicatos se divide en tres grandes bloques: el primero de ellos, y en el que Hacienda tendrá también un papel relevante, negociar las retribuciones de los empleados públicos para los próximos años. El segundo, prevé que los sindicatos y la Conselleria hagan un diagnóstico sobre las necesidades de recursos humanos que tiene la Generalitat y debatan sobre las condiciones de movilidad de los funcionarios. 

El departamento de Bravo también tendrá en este apartado la obligación de convocar las Ofertas de Empleo Público (OPE) y se compromete, a través de una propuesta remitida a UGT, CCOO y CSIF, a reducir la temporalidad. Una de las cuestiones, sin duda, más complejas de acometer con éxito después de la reforma aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. 

En el tercer grupo, la Conselleria propone que se revisen los planes de igualdad para adaptarlos a la normativa actual, que se desarrolle la regulación en materia de salud laboral, así como dotar al INVASSAT de los recursos humanos que sean necesarios "habida cuenta de la escasez de personal". 

Desarrollo de la ley

Por otro lado, Bravo busca el acuerdo sindical para constituir la Mesa de Universidades, la de administración local, así como para aprobar la creación de un Consell Asesor de la Función Pública valenciana y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de l'Escola Valenciana d'Administració Pública, una nueva entidad pública que impulsa el Consell para gestionar la formación continua de los funcionarios.

Asimismo, también plantea el desarrollo del "sistema de solución extrajudicial de conflictos". Una suerte de tribunal de arbitraje laboral para evitar que las diferencias laborales en el funcionariado lleguen a los tribunales -lo que ayudaría a aliviar también la carga de los juzgados- y que, de hecho, se planteó por primera vez durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat. Entonces se cerró un acuerdo de la mesa sectorial al respecto, pero este nunca llegó a desarrollarse. 

Con todo, los sindicatos consideran que este pacto es especialmente basto para poder cumplirse en apenas dos años y, además, consideran que las expectativas de la Generalitat para reducir la temporalidad queda en manos del Gobierno central, tanto por la tasa de reposición como por la reforma del TREBEP aprobada el pasado martes.