Bravo se escuda en el plurilingüismo de Marzà para no exigir el 'mitjà' a los funcionarios como se pactó 

VALÈNCIA. La batalla política por el nivel de valenciano que se les debe exigir a los altos funcionarios (A1 y A2) entre la titular de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y Compromís se recrudece. La consellera a propuesta del PSPV defiende que sea el B2, el nivel conocido como Elemental, por ser el que se acreditará con el título de Bachillerato con el sistema que impulsó la Conselleria de Vicent Marzà. 

Esa posición supondría rebajar las exigencias legales que ahora mismo rigen (un decreto de 2017), las del acuerdo entre los socios del Botànic para el antreproyecto de Ley de Función Pública y el pacto que a ese respecto cerró la propia Bravo con los sindicatos. Sus socios de Compromís lo ven inasumible y tienen capacidad de frenar el reglamento pero no descartan que sea un movimiento para dejarlo aparcado.

"Si estamos diciendo una y otra vez que el sistema de educación plurilingüe garantiza que se hablen tres lenguas, ¿por qué debemos cuesionar la capacidad adquirida?". Con ese argumento Bravo defendió este martes que el requisito lingüístico del valenciano que recoja el reglamento que emane de la Ley de Función Pública sea el nivel que se homologue de manera automática con el bachillerato, es decir actualmente un B2 o Elemental. "Exigir un plus es no confiar en el sistema educativo. No hay razón para tener que pasar un nuevo examen", afirmó Bravo, que subrayó la importancia de que con la ley aprobada el valenciano pase a ser un requisito y no un mérito.

Compromís se mantiene firme en su apuesta de que al menos a los altos funcionarios se les exija un C1, el conocido como 'mitjà', y así se lo trasladó este lunes la síndica Papi Robles al president Ximo Puig. "No vamos a renunciar. Ya se lo pedimos a los profesores en las oposiciones y de manera coherente hay que pedirlo al resto. El 'mitjà' es imprescindible. Entendemos que los A1 y A2 deben tener suficiente formación para atender al público en nuestra lengua. Se debe preservar el derecho de la ciudadanía a que se interlocute con ella en su lengua, sea el valenciano o el castellano", señaló la dirigente de Compromís.

Una discrepancia ‘Elemental’

El lunes la comisión creada hace un año para desarrollar mediante un decreto el nivel que se debe exigir a los funcionarios según su puesto entregó a Bravo su memoria con una única discrepancia, la que afecta a los altos funcionarios, es decir a los grupos A1 y A2. Cinco de sus integrantes (incluídos los representantes de la conselleria de Bravo o el secretario autonómico de educación, el socialista Miguel Soler) apuestan por pedirles el B2 y cuatro el C1 (entre los que está el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, de Compromís). El presidente de la comisión (dependiente de Presidencia) prefirió no decantarse para mantener su neutralidad.

Bravo dejó claro este martes que su apuesta es el B2, es decir el Elemental, por ser el que se homologará con el actual sistema educativo y de hecho instó a la Conselleria de Marzà a que tramite ese decreto de homologación de manera paralela al reglamento de la Ley de Función Pública. Además, dejó un mensaje para Compromís. Si quiere el 'sistema gallego', es decir el C1, "que se aplique el sistema con toda su magnitud" y se homologue el bachillerato con ese nivel "para que se acabe con un mayor conocimiento" de la lengua.

El sistema de plurilingüismo escolar fue puesto en marcha en la pasada legislatura, tras un revolcón judicial a su primer intento, por lo que aún no hay alumnos que hayan completado su formación con este itinerario que garantiza un mínimo de un 25% en las dos lenguas oficiales. En realidad, aún quedan años para que salgan las primeras generaciones, si es que antes no cambia. Pero Bravo restó importancia a ese hecho al asegurar que el decreto que regulará estos requisitos se hace pensando "en el futuro". 

La consellera admitió la opción de "pedir" alguna demostración de la competencia real en valenciano a quienes se hayan formado con sistemas anteriores al plurilingüismo actual "pero será la excepción". También aceptaría que en "determinados puestos" de categoría A1 y A2 se pueda pedir un nuvel superior por las condiciones específicas de los mismos. En cualquier caso, confirmó "un periodo mínimo de transición de uno o dos años hasta que se aplique para no perjudicar a las personas embarcadas en los actuales procesos de selección.  

Rebaja del requisito

Hasta ahora los pasos dados en este largo proceso apuntaban a que la exigencia para los altos funcionarios sería el C1, que es lo que ahora mismo se les pide. Así lo recoge el artículo 20 del decreto 3/2017 que, de hecho, extiende esa petición del 'Grau Mitjà' a los funcionarios del grupo B, es decir un escalón por debajo.

De hecho, en noviembre de 2018, la Mesa de la Función Pública que presidió la propia Bravo cerró un pacto con los sindicatos para el anteproyecto de la Ley de Función Pública que incluía esa exigencia del 'mitjà' y la consellera se mostró muy satisfecha por el acuerdo. La ley de plurilingüismo educativo llevaba ya entonces casi diez meses publicada, incluidas las futuras homologaciones.

El texto aprobado entonces con los sindicados, tal y como recogía el que validó el pleno del Consell en enero y que presentó oficialmente Bravo recogía que si el reglamento que debía acompañar a la ley no se aprobaba en un año "a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà)".

Dos 'comodines' en la negociación

Bravo se mostró este martes abierta a poder llegar a un pacto con Compromís. "Si hay discrepancias se intentará solucionarlas como hemos hecho siempre", apuntó. Pero reiteró su nueva posición. "Un acuerdo razonable no puede pasar por exigir un 'plus' de lo que el sistema educativo tiene que garantizar para toda la ciudadanía", señaló. 

Pero advirtió que, si no hay acuerdo, no dejará el reglamento en un cajón. "Mi responsabilidad es estar en condiciones de llevarlo al Consell porque la ley establece que el decreto debe estar en el plazo de un año y es lo que voy a hacer", apuntó.

Pero no es el único 'comodín' que hay en la partida porque la ley recoge que para aprobarse el reglamento hará falta un informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística que encabeza Trenzano, que votó a favor de mantener el C1. Por lo que Compromís podría 'vetar' que saliera adelante, pero no descartan que eso sea precisamente lo que busca Bravo.