Luces y sombras de Puerto Mediterráneo: victoria judicial en plena incertidumbre sobre su futuro 

VALÈNCIA. Importante paso para el macro centro comercial Puerto Mediterráneo proyectado en Paterna. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación que interpuso la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que daba la razón a Intu, lo que supone dar vía libre a la puesta en marcha del complejo. Una victoria judicial, al ser una decisión firme y contra la que no cabe recurso, que, sin embargo, no significa que la batalla esté ganada. Todavía sobrevuela mucha incertidumbre sobre el futuro del proyecto.

Lo que sí está claro es que los tribunales dan la razón a los promotores de la iniciativa, la joint venture entre el grupo español Eurofund y la compañía británica Intu, en el litigio que desde hace años le enfrenta con el ejecutivo valenciano. Unas desavenencias que se iniciaron casi desde el primer momento en el que se presentó el proyecto. Los motivos que llevaron al Consell a rechazarlo se sustentaban, principalmente, en materia medioambiental, por no guardar la distancia suficiente con las carreteras colindantes, la CV-25 y la CV-31. También pesaron aspectos de contaminación, o el hecho de que el espacio a construir fuera sobre una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de València. 

El proyecto fue modificado, incluso rebautizado a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración. Se redujo así un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000. Además, los promotores se comprometieron a invertir 860 millones de euros en este espacio y generar más de 5.000 empleos anuales directos, que se suman a los cerca de 3.000 puestos de trabajo que se crearán durante las obras de construcción. Pero, pese a los cambios, las críticas continuaron.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la localidad, pero tiene el rechazo en bloque de dos de las patas del gobierno valenciano, Compromís y Podem. El pleito acabó en los juzgados después de que en 2016 la Generalitat tumbara el proyecto. Una decisión recurrida por los promotores, a quienes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón en 2019 al considerar que la memoria ambiental desfavorable del Gobierno valenciano a este proyecto comercial era insuficiente. Asimismo, ordenaba retrotraer el procedimiento para que la administración emitiera un nuevo informe. 

La Generalitat recurrió esta sentencia al Tribunal Supremo, que ahora rechaza esta petición, según consta en una providencia, fechada el pasado 10 de julio, a la que tuvo acceso este diario, por "irrecurribilidad de la sentencia, al versar la cuestión realmente controvertida sobre la interpretación y aplicación de derecho autonómico". Asimismo, los magistrados aprecian "falta de fundamentación" en el escrito de la Abogacía y se remiten a la sentencia del TSJCV para señalar que "dio contestación explícita y suficientemente razonada".

Ahora habrá que esperar a los siguientes pasos del Consell, que todavía está a la espera de que le notifiquen la decisión del alto tribunal para que Medio Ambiente decida cómo actuar a la vista de la decisión de los magistrados del Supremo, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Mireia Mollà. 

A la espera del Patsecova

El posible as bajo la manga de la Generalitat podría estar en la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio (Patsecova) de la Conselleria de Economía, que regula, entre otros aspectos, la limitación a la instalación de grandes complejos comerciales. Una norma que podría frenar el proyecto de Puerto Mediterráneo. De hecho, en su artículo 48.1 se impide la creación de grandes establecimientos que "superen los 120.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso terciario comercial", un apartado que prohibiría la implantación en Paterna del macrocentro comercial.

Sin embargo, la aprobación de este plan parece no llegar nunca. En un principio, era el pasado viernes cuando el pleno del Consell debía dar luz verde al Patsecova, pero el asunto se cayó del orden del día después de que el Comité Económico y Social (CES-CV) lo pusiera en cuestión y la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas (PSPV) pidiera algo más de tiempo para analizarlo. De este modo, se pospuso para este próximo viernes 17 de julio, una fecha que, parece, tampoco será la definitiva. 

Esta vez ha sido Presidencia de la Generalitat la que ha forzado el bloqueo con el mismo argumento que Territorio: más tiempo para estudiar la versión definitiva de este decreto ante las presiones de los supermercados. Y es que Asucova, la asociación que aglutina a compañías como Mercadona, Consum o MasyMas, reclama la eliminación del punto que reduce de 2.500 a 1.000 metros cuadrados la superficie que obligaría a obtener en determinadas zonas una licencia autonómica, además de la municipal, para abrir o reformar establecimientos comerciales.

Desde las organizaciones del comercio urgen a su aprobación. Así, Unión Gremial y Confecomerç reclaman al Consell sacarlo adelante "sin más dilación" tras llevar más de cinco años en tramitación. 

Lío empresarial

No es la única sombra que se cierne sobre el proyecto. A la incógnita sobre el camino que emprenderá la Generalitat se suma la situación de quiebra de Intu, uno de los promotores del proyecto. La compañía británica de gestión y desarrollo de centros comerciales pedía hace unas semanas el concurso de acreedores tras la imposibilidad de vender sus activos para poder hacer frente a una deuda que supera los 5.000 millones de euros.

Una situación que lleva a su socio español, Eurofund, a tener que buscar alternativas para encarar su futuro en Valencia. De hecho, como adelantaba hace unas semanas Valencia Plaza, ya busca dar entrada a nuevos alidados para evitar que la caída de la cotizada británica ponga en peligro la viabilidad de Puerto Mediterráneo. Desde hace meses, el grupo español trabaja en alternativas para darle continuidad. 

También contempla la posibilidad de comprarle a Intu su parte del proyecto, como ya ha hecho con el centro comercial que ambas compañías desarrollan en Torremolinos. La diferencia es que, mientras el proyecto en Málaga ya cuenta con licencias y permisos y su construcción es inminente, el complejo de Paterna se encontraba inmerso en el litigio judicial con la administración valenciana, que ya ha quedado resuelto con la decisión del Supremo. 

"Hemos recibido mucho interés, pero no podemos tomar una decisión porque necesitamos la resolución judicial para avanzar en los siguientes pasos", señalaban hace unos días desde Eurofund. Recalcaban además que el proyecto sigue "vivo" a falta de conocer la decisión del alto tribunal. "Vamos a seguir adelante", subrayaban. 

Con estos frentes abiertos, los promotores del centro comercial encaran un futuro incierto, pero con la tranquilidad de saber que la vía judicial está agotada a su favor. Ahora habrá que esperar a conocer los nuevos movimientos del Consell y cómo resuelve la salida de Intu del proyecto la compañía española.