VALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que en la resolución publicada el 11 de mayo en el Diari Oficial de la Generalitat ya se contemplaba "con todo lujo de detalles" que las consellerias debían elaborar un plan de contingencia para la vuelta presencial de los funcionarios tras el fin del estado de alarma.
Bravo, al ser preguntada por las críticas ante la vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos tras la reunión de seguimiento entre la Generalitat y la Administración General del Estado con motivo de la pandemia de la covid-19, ha manifestado sentirse "sorprendida" por que "mes y medio después" haya consellerias que aún no tengan ese plan de contingencia.
Ha rechazado que se haya actuado con improvisación puesto que en la resolución que se publicó el 11 de mayo se contemplaba en cada fase el número de funcionarios que debían ir incorporándose a su puesto, y se indicaba a todas las subsecretarías que tenían un plazo de cinco días para elaborar ese plan con las medidas de distancia social, medidas individuales y colectivas, señalización, higiene, posibles turnos y entrada gradual en las sedes.
"Tenían todas las indicaciones básicas para realizar un plan de contingencia, además de la Guía Técnica validada por el Invassat que es el servicio de prevención de riesgos laborales de los empleados públicos", ha manifestado.
Por eso, ha afirmado que alguien "no ha ejercido cuando correspondía las responsabilidades que tenía", porque si no se han preparado los espacios o no se han colocado mamparas, los funcionarios no pueden incorporarse al trabajo porque "por encima de todo está su salud".
Sobre qué consellerias no disponen de la previsión para que todos los funcionarios puedan volver a su puesto, ha señalado que, según ha leído, "hay dos" -Agricultura y Economía- pero a la Conselleria que ella dirige ningún departamento le ha comunicado "nada formalmente".
Ha recordado que existen funcionarios que, por alguna patología, no pueden incorporarse de manera presencial hasta que no sean evaluados por el Invassat, de ahí que se previera la vuelta de entre el 85 y el 100 % de los funcionarios.
La consellera ha dicho lamentar "estas disfunciones y mensajes contradictorios lanzados a la opinión pública" cuando la Dirección General de Función Pública ha trabajado para facilitar el marco normativo, una homogeneidad y la previsión ante la nueva normalidad.
Bravo ha manifestado que la valenciana es la comunidad con menor índice de contagiados en la Administración Pública y en Justicia porque se facilitó "desde el primer día" al personal incluso las medidas de protección individual y se actuó como se debía.
"Tuvimos que arbitrar procedimientos rápidos para abordar la situación pero, una vez recuperada la normalidad y levantados los plazos administrativos, es importante en muchos ámbitos el trabajo presencial", ha defendido.
Según ha añadido la consellera, la Administración valenciana va a trabajar en una norma que regule el teletrabajo, como se comprometieron todas las comunidades autónomas con el Gobierno.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este lunes que la vuelta de los funcionarios al trabajo presencial estaba prevista con el fin del estado de alarma, ante las críticas de los sindicatos, que han calificado de "confusa y desigual" el regreso a sus puestos de los empleados públicos.
Ximo Puig se ha referido a que el conjunto de los funcionarios debe regresar a su puesto "como cualquier trabajador de cualquier sector", con las excepciones que haya, "y no tiene por qué haber ningún problema".
"Se trata de garantizar la seguridad y al mismo tiempo garantizar el servicio público a los ciudadanos", según Puig, que ha apelado al "plus de responsabilidad" de quienes están en la función pública, no solo los políticos sino también el personal al servicio de los ciudadanos.
Por su parte, el sindicato CSIF ha calificado de "desigual, confuso y caótico" la situación de regreso presencial y ha lamentado que la decisión de la Conselleria de Justicia "ha puesto en peligro" a los empleados de grupos de riesgo y puede suponer una vulneración de los derechos de los trabajadores.
La vuelta a los puestos de trabajo de los empleados públicos fue dictada por una resolución presentada el viernes y publicada el sábado, y sin que los representantes de los trabajadores hayan recibido una información detallada sobre medidas de distanciamiento, mamparas de separación o mascarillas repartidas por empleado público, según este sindicato.
También desde la oposición en Les Corts, el grupo Ciudadanos ha criticado "la falta de coordinación" de la Administración valenciana, y considera que la descoordinación entre las Consellerias refleja "un motín" en el gobierno del Botànic.
