Caduca la licencia del Sidi Saler a la espera de la retirada de la concesión de Costas

VALÈNCIA. No hay fecha definitiva, pero sí final claro y esperado. El Ayuntamiento de València ha denegado la licencia de obras y licencia ambiental a los propietarios del Sidi Saler. Un portazo de la Concejalía de Actividades y Espacio Público que dirige Lucía Beamud que no solo impedirá que el antaño complejo hotelero de lujo pueda retomar su actividad, sino que también traerá aparejada la retirada a los dueños de la concesión del Gobierno central por este espacio, cuyo futuro pasará a depender directamente del Ministerio de Transición Ecológica.

El establecimiento de especial singularidad y fama está ubicado en las proximidades de l'Albufera y cerró hace más de una década. Sus dueños, Coral Homes -participada al 80% por el fondo de inversión Lone Star y al 20% por Caixabank- y Divarian -la firma inmobiliaria creada por el fondo Cerberus y BBVA-, llevaban desde 2019 intentando reactivar la actividad. Pero finalmente no lo hará.

Los propietarios presentaron en aquel momento una solicitud para desarrollar unas obras de mantenimiento y obtener la licencia de actividad ambiental que les fueron denegadas. La parte privada volvió a recurrir esta decisión del Ayuntamiento y de nuevo se encontró con la misma respuesta en septiembre del año pasado por parte del Cap i Casal. El mes pasado, la Concejalía de Actividades notificó a las partes que podían presentar alegaciones. 

Un procedimiento que ya ha finalizado y al que la citada área dio respuesta hace apenas dos días sin ninguna novedad que haga cambiar el panorama actual: por una parte desestimaba las alegaciones y por otra denegaba la licencia de obras que reclamaban los dueños. Sin las reformas para acondicionar la infraestructura en cuestión, tampoco podrían obtener la licencia ambiental para ponerlo de nuevo en funcionamiento.  

Una resolución que, según explicó la edil Beamud en rueda de prensa este jueves, ya ha sido comunicada a la Demarcación de Costas y que servirá como punto de partida para decidir qué hacer con el emblemático edificio. La concejal no quiso pronunciarse sobre si pedirán o no al Ministerio que se derribe, si bien dejó entrever que ese sería a priori el deseo de la concejalía y de, al menos, la pata de Compromís en el consistorio: devolver "en el contexto de transición ecológica y emergencia climática" el espacio a su estado natural.  

El propio alcalde Joan Ribó, de hecho, se pronunció en estos términos de una forma mucho más contundente minutos después. El primer edil se mostró favorable a la demolición del inmueble y de la recuperación como entorno natural del espacio que ocupa el Sidi Saler: "La postura está clarísima. No puede continuar ahí". "Defiendo el parque natural", afirmó para más tarde considerar que en el momento actual "no tiene ningún elemento" a favor para estar en su emplazamiento.

Pero más allá de lo que ocurra en un medio-largo plazo, lo que será más inmediato será la pérdida de la concesión administrativa concedida por el Gobierno central a los propietarios por estar el hotel en terreno de dominio marítimo-terrestre. La concesión caducó en 2018 y Costas la renovó para los próximos 30 años prorrogables, pero lo hizo con la condición de que la propiedad obtuviera los permisos municipales. Al no hacerlo, decaería la concesión. De manera que el Ministerio debería incoar un expediente de caducidad de la misma, según explicaron desde la Delegación del Gobierno en su día, si bien este todavía no se ha formalizado en la vía administrativa.

Y a partir de aquí, ¿qué?

Ahora ya será el Ministerio de Transición Ecológica el que tendrá que decidir sobre el futuro del edificio: si lo derriba o si quiere encontrarle otro uso. Entre las dos opciones, en el consistorio lo que ven más posible es el derribo. El edificio se encuentra, actualmente, fuera de ordenación urbanística. Esto es, no existe en los planos. Y siendo así, la ley impide al consistorio conceder licencia de obras que vayan más allá de realizar labores de mero mantenimiento. 

En ese sentido, hay que recordar que el inmueble está en el ámbito de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de la Generalitat, ambos en revisión, por lo cual se aplica el régimen de protección preventiva de la normativa de espacios naturales.

Aun así, ¿podría modificarse el planeamiento para incluir el edificio y meterlo en ordenación urbanística? Sí, pero en el departamento de Urbanismo no creen que Costas accediera a esa modificación, por lo que el futuro del inmueble podría ser el derribo. Se descartaría así la posibilidad planteada por asociaciones vecinales de reconvertir el antiguo complejo hotelero en una dotación como una residencia de mayores, tal y como también reclamó Ciudadanos este jueves. El PP de María José Catalá, por su parte, prometió buscar soluciones si gobiernan a partir de las elecciones de mayo.