VALENCIA. Los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV no están nada contentos con la gestión del Gobierno Valenciano. El secretario general de Comisiones Obreras en la Comunitat, Paco Molina, estalló este miércoles contra la actitud del Consell de Ximo Puig, del que lamentó el mal funcionamiento del diálogo social -el proceso negociador con organizaciones como los sindicatos previo a la toma de decisiones políticas-.
Fueron varios los ejemplos que puso el dirigente para explicar el desencuentro con la administración valenciana: la lentitud en la implantación de cláusulas sociales en la contratación pública, el bloqueo político a una Ley de la Función Pública que ya contaba con el apoyo sindical, la lentitud en la publicación de las ordenes de economía social de 2016 -que no salieron hasta diciembre-, el ninguneo a los sindicatos para la elaboración de la Ley Valenciana de la Inclusión y Cohesión Social o la arbitrariedad en el reparto de ayudas a los polígonos industriales.
Preguntado al respecto por Valencia Plaza, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, suscribió todos los argumentos esgrimidos por Molina. "Hay cosas que se están haciendo francamente mal. Se están tomando el diálogo social como algo filosófico, no para acordar cuestiones concretas con los representantes de los trabajadores", lamentó el dirigente, quien, no obstante, se distanció de la advertencia de Molina, que alertó de que CCOO-PV podría movilizarse contra el Gobierno Valenciano -de cara a la celebración del Primero de Mayo- en caso de no mejorar el escenario actual.
El líder valenciano de Comisiones Obreras, que optará a su tercer mandato en el congreso del sindicato que se celebrará en abril, afirmó, a modo de resumen, que el gobierno de PSPV y Compromís "confunde la participación con el diálogo social". "El diálogo social significa planificar, discutir, consensuar, construir y ejecutar las políticas con carácter previo. No puede ser que se nos invite dos días antes a la presentación de proyectos de ley de calado cuando hay abiertas mesas de diálogo social que son precisamente para proyectar políticas con carácter previo y discutido", criticó.
"Estamos disgustados. O el Consell aterriza y la orientación del Botànic se concreta o esta organización no estará ahí. Hemos presentado proyectos que no tienen costes económicos y se están demorando en el tiempo, todo mientras otras autonomías gobernadas por el PP como la de Castilla y León ya las tienen implantadas, como es el caso de las cláusulas sociales en la contratación pública", lamentó.
CCOO considera esta cuestión "de vital importancia" para evitar que el factor precio sea el que mande en los concursos públicos y que, de forma indirecta, la administración contribuya al deterioro de las condiciones laborales de las contratas. "No puede ser que la situación laboral de estas personas la marque un pliego de condiciones. Hay que establecer cláusulas sociales en las que prevalezca el convenio colectivo del sector, que sea una materia irrenunciable", explicó, y agregó al respecto que "un gobierno que mira de cara a las personas no tendría que tener dificultad en asumir cuestiones como esta".
Sobre la Ley de la Función Pública, Molina criticó que se alcanzara "un amplio acuerdo social" y que días más tarde se bloqueara "porque entre los partidos del Gobierno no se ponen de acuerdo por el requisito lingüístico". De las ordenes de economía social de 2016 criticó la lentitud de la Conselleria de Economía Sostenible. "Han salido en diciembre, deprisa y mal. No paramos de reclamar dinero y mejoras en la financiación y luego no se ejecuta el presupuesto en cuestiones que afectan a la vida de la personas hasta el mes de diciembre, porque el dinero se pierde, sobre todo el que viene de europa", reprochó.
Respecto a la Ley Valenciana de la Inclusión y Cohesión Social, CCOO denuncia que recibieron el documento dos días antes de su presentación. "Eso no puede ser. Ante una ley tan importante como ésta creo que los empresarios tendrán algo que decir", dijo Molina. Por último, en su carrusel de críticas, el secretario general de CCOO-PV afeó al Gobierno Valenciano el reparto arbitrario de las ayudas destinadas a tanto a los polígonos industriales como a los sectores productivos.