VALÈNCIA (EP). La tregua que se vivió este lunes entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de València con el nombramiento de la nueva gerente de Aumsa, para la que los socialistas brindaron sus votos a los populares ante su minoría en el consejo y el rechazo de Vox, finalizó este martes. Apenas 24 horas después de esa suerte de 'tratado de paz', el grupo que lidera Sandra Gómez volvió a la carga para denunciar que los ceses y nombramientos aprobados el pasado mes de julio en el consejo de administración de la EMT eran "nulos de pleno derecho".
En concreto, la portavoz del PSPV anunció que su grupo había denunciado ante la Empresa Municipal de Transportes que se incumplió la Ley de Sociedades de Capital al aprobar el cese de la anterior directora gerente, Marta Serrano, por mayoría simple. "En la normativa se obliga a que los acuerdos se adopten por mayoría absoluta y este se adoptó por mayoría simple", dado que contó con los votos favorables del PP (3) y las abstenciones de Compromís (2), PSPV (1) y Vox (1), según explicó Gómez. Además, la concejal socialista María Pérez, encargada de los temas de Movilidad en su grupo y consejera de la EMT, añadió que con ello se habían incumplido los estatutos de la sociedad, que también exigen la citada mayoría.
No sería la única votación que, según las ediles, serían nulas, pues también alcanzaría al cese de la directora de Comunicación de la EMT, Jessica Martorell y el nombramiento que se produjo a continuación: el de Manuel Martínez Grau como gerente de la empresa.
Un escenario por el que los socialistas reclaman que se "declaren nulos de pleno derecho" estos acuerdos y se "retrotraigan las actuaciones al momento de su adopción y se convoque consejo de administración para que el presidente dé cuenta de las consecuencias para la sociedad y las personas afectadas" en caso de que se declarasen finalmente nulos. Se refieren, así, a las posibles consecuencias económicas que podría traer aparejadas si los ya ex cargos directivos reclamaran una indemnización por ello, así como la posibilidad de que el gerente tuviera que reembolsar el salario percibido desde entonces y anular cualquier decisión adoptada desde su nombramiento.
El PP, no obstante, respondió la ofensiva pocos minutos después. Desde el equipo de gobierno exponen que el secretario municipal presente en el Consejo de Administración -quien debe vigilar por la legalidad de las decisiones que se adopten-, "consideró correctas las votaciones realizadas". "Los nombramientos, además, están elevados a escritura pública y el notario no puso objeciones", añadieron.
Así, con el acuerdo aprobado, "este cambio se inscribió en el Registro Mercantil y la registradora tampoco puso objeciones", explican. "Además el PSOE en ese momento no impugnó el acuerdo", manifiestan en referencia al hecho de que al finalizar la sesión los socialistas no trataran de frenar estos cambios en el organigrama de la entidad, algo que desde la oposición justifican en la necesidad de contar con el acta de la sesión."En cualquier caso, en Derecho Mercantil, según la doctrina, las abstenciones, votos nulos y votos en blanco no computan", zanjaron desde el gobierno municipal.