VALÈNCIA. La Junta de Síndics aprobó el pasado martes retomar la actividad en Les Corts Valencianes y volver al periodo de sesiones que quedó suspendido cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto de estado de alarma por la covid-19. Un escenario ante el que los grupos parlamentario debaten estos días cómo estructurar el nuevo calendario de la cámara: cuántos plenos celebrar, cómo retomar las comisiones que estaban en marcha, hasta qué fecha podrían celebrar sesiones plenarias en el mes de agosto -que hasta el momento siempre había sido inhábil-, o qué proyectos legislativos priorizar.
En este sentido, una de las intenciones del Botànic es retomar la reforma de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana, que en marzo quedó a las puertas de ser aprobada, ya que se votaron las enmiendas y tan solo faltó por validar el proyecto normativo en un pleno de la cámara. Pero no es el único.
Otra de las leyes que debe continuar en los próximos días su tramitación es la famosa Ley de Función Pública valenciana. Una norma diseñada para solventar los problemas en la Administración Pública valenciana detectados por la comisión de expertos constituida en marzo de 2016 -como el envejecimiento de la plantilla- y que, en definitiva, regula el régimen interno de la Generalitat con sus trabajadores.
La norma, que comenzó a elaborarse en aquel momento y ha tardado cuatro años en aprobarse en un pleno del Consell -lo hizo el pasado mes de febrero- por las discrepancias entre PSPV y Compromís sobre el requisito lingüístico, debe iniciar ahora su tránsito parlamentario. El problema, explican desde el grupo parlamentario socialista, es que la fase de participación -en la que deben intervenir diferentes agentes sociales, desde sindicatos, hasta la patronal CEV para hacer aportaciones para mejorar el texto legal- será complicada de llevar a cabo de manera telemática.
Por ello, aseguran que la intención es "aplazar" unas semanas este primer trámite parlamentario hasta que la comisión de Gobernación -donde se debatirá la ley- pueda empezar a recibir comparecientes de manera presencial, ya que hasta el momento el acceso a la cámara está restringido al personal que trabaja en la institución y sus señorías. Un retraso que debería aún consensuarse y que, según fuentes consultadas por este diario, apenas supondría un retraso de "un par de semanas". Un margen de tiempo que, en cualquier caso, siempre dependerá de cómo evolucione el cambio de fases en la Comunitat Valenciana.
Ahora bien, el retraso que podría sufrir esta ley en Les Corts Valencianes no es nada comparado con el tiempo que ha tardado en ver la luz este proyecto de ley por las discrepancias entre socialistas y valencianistas sobre el requisito lingüístico. Ni más ni menos que cuatro años, una legislatura completa.
La reforma de la Ley de Función Pública y la introducción en ella del requisito lingüístico para acceder a una plaza de funcionario en la Administración pública era uno de los grandes compromisos legislativos del primer mandato del Botànic en la Generalitat. Compromís quería que el conocimiento del valenciano fuera una exigencia, mientras que la Conselleria de Función Pública apostaba por que la ley lo contemplara como un mérito para acceder a una plaza en la Administración valenciana, pero no como una condición.
Con todo, el anteproyecto de ley que pactado en 2017 contemplaba que en el plazo de seis meses se aprobaría un reglamento para regular la aplicación del requisito lingüístico. Pero Compromís no terminaba de fiarse de que este fuera a desarrollarse en el plazo estipulado e incluyó a última hora un redactado a modo de salvaguarda que precisaba que si transcurrido un año de la entrada en vigor de la ley no se hubiera aprobado este reglamento, el requisito se aplicaría de forma automática. Incluso, fijaba una tabla con los niveles exigidos que deberían acreditar: en el caso de las escalas más altas de la Administración (A1, A2 y B) se exigiría un certificado C1, el antiguo Grau Mitjà; en el siguiente nivel de funcionarios, el C1, querían que se exigiera el B2, un nivel intermedio entre el Mitjà y el Elemental que no existía en los grados anteriores; y en la escala básica de la Generalitat se contemplaría el nivel B1 de conocimiento, el Grado Elemental.
No obstante, el Consell Jurídic Consultiu (CJC), en su dictamen, consideró que el plazo de seis meses para la aprobación del reglamento y la previsión de un año ante un posible incumplimiento era una "incoherencia" y una contradicción jurídica, por lo que instaba a "unificar" los plazos. Finalmente, la falta de acuerdo ralentizó su periplo burocrático hasta casi la parálisis y la norma ni siquiera llegó a pasar por un pleno del Consell.
En febrero de 2020 se retomaron las negociaciones, pero el mismo tema seguía enquistado y el punto tuvo que retirarse de un pleno del Consell: el Ejecutivo valenciano incluyó una disposición final en la norma que establecía que la dureza con la que se aplicaría el conocimiento del valenciano paca acceder a la Función Pública se reflejaría en un reglamento en el plazo de un año.
Compromís, con las competencias en Política Lingüística, quería formar parte del comité que desarrollara ese reglamento. Según los valencianistas, la oferta no fue aceptada por Función Pública, por lo que propusieron que, si no participaban en su elaboración, "al menos fuera necesario un informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Política Lingüística para desarrollar el decreto". Función Pública, por su parte, justificaba que la coalición valencianista quería elegir íntegramente al comité que desarrollara los niveles de valenciano en ese reglamento.
Finalmente, la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana será desarrollada por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, pero previamente deberá contar con un informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística que ocupa Rubén Trenzano (Compromís).
