VALÈNCIA. El coloquio organizado este martes por el Colegio de Arquitectos de Valencia (CTAV) sobre la relación entre la ciudad y el Puerto, el primer debate público en gran formato al que se somete la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) desde que se desató la polémica de la futura ampliación norte, ha servido para constatar el rechazo que suscita esta obra entre los colectivos vecinales y ecologistas que han vivido los efectos de las anteriores ampliaciones.
Una suerte de Todos contra la ampliación norte del Puerto en el que los ponentes, entre los que ha estado el subdirector general de la APV, Manuel Guerra, han aportado al debate propuestas que van desde la reforma de la Ley de Puertos hasta articular mecanismos que permitan a la ciudad "aprovecharse" de él. Mientras, los asistentes se han felicitado por que la ciudadanía vaya a poder opinar sobre la última ampliación del puerto, algo que no pudo hacer con las anteriores.
Además de Guerra, han participado en el diálogo del CTAV, Vicente Palomo, ingeniero de caminos y jefe del equipo técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo del Gobierno de España; Rosa Pardo, directora general de Política Territorial y Paisaje de la Generalitat Valenciana y Ramón Marrades, director estratégico de La Marina de Valencia.
El subdirector de la APV no ha negado el impacto del Puerto de Valencia sobre las playas situadas al sur, reconocido expresamente en la DIA de 2007 que sobre la ampliación norte, pero ha defendido que las "fagocitaciones" del recinto sobre el entorno hasta ahora, como el acceso sur, siempre se han hecho de acuerdo con el Ayuntamiento de València.
Sobre la regresión de esas playas, que en su opinión no puede atribuirse exclusivamente al Puerto, ha asegurado que el perjuicio a las mismas no se incrementa con la ampliación que se plantea ahora, cuyos diques de abrigo están construidos desde 2012.
"El efecto en las playas del sur no aumenta con esta ampliación. Lo tenemos estudiado; esta ampliación no genera en las playas del sur ningún efecto que no se estuviera ya causando" con las anteriores ampliaciones, concretamente por la punta sur del Dique Este. Guerra ha defendido esta idea solo un día después de que la Comissió Port-Ciutat presentase un estudio del catedrático Pascual Pery que concluye lo contrario, ya que asegura que la ampliación generará daños adicionales en las playas.
Guerra ha destacado también que el plan de vigilancia ambiental que la APV estaba obligada a poner en marcha por la DIA de 2007 se ha desarrollado durante cinco años. Los resultados del mismo han sido remitidos puntualmente a la Dirección General de Costas, pero las medidas correctivas no se han ejecutado.
"Costas nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y nosotros lo pagamos, pero aún no nos lo ha dichoy estamos esperando a que ellos tengan un plan integral; tenemos 3 millones de euros esperando a que nos digan qué hacer con ellos", ha lamentado el directivo.
Pese a sus explicaciones para defender la legalidad de las actuaciones de la APV y la importancia de ser un puerto hub, Guerra ha sido objeto de numerosos reproches en las intervenciones del público que ha participado en el debate, reconvertido por momentos en en diálogo entre el representante de la APV y miembros de colectivos vecinales como el de Nazaret o La Casbah (El Saler).
Por si el asunto del coloquio no fuera ya de por sí bastante controvertido, este se ha viso avivado por algunas aseveraciones de Manuel Guerra sobre, por ejemplo, el carácter a su juicio insostenible de la huerta: "Me encanta la huerta, pero gran parte está abandonada porque no hay quien la cultive".
Las contadas intervenciones orientadas a destacar la importancia de garantizar el desarrollo portuario se han centrado en la importancia de ser un puerto de escala de mercancías, ya que si no llegan los grandes buques de portacontenedores de transbordo también se perjudicará al tráfico de import-export, ya que el recinto quedará fuera de las grandes rutas.
El responsable de La Marina, Ramón Marrades ha denunciado que existen "muchos intereses" en que no se produzca el debate alrededor de la ampliación del Puerto. "No discuto la legalidad del proyecto, pero estamos en un momento en el que tenemos que cambiar las normas del juego" en el sentido de devolver a las ciudades los espacios que ya no se utilizan para fines portuarios o para establecer sistemas de gobernanza para dar mayor participación a las ciudades.
En su opinión, el desarrollo próximo del frente marítimo de València marcará a toda una generación por su potencial inclusivo: “Tenemos que repensar ese desarrollo y un modelo de gobernanza de los frentes marítimos que está obsoleto”. “Es absolutamente necesario modificar la Ley de Puertos”, ha señalado Marrades, quien ha citado como ejemplo el caso de México, donde los puertos han de aportar a las ciudades el 20% de sus beneficios para compensar las “externalidades negativas” que generan.
El ingeniero Vicente Palomo ha subrayado que la ciudad y el puerto "no son un matrimonio, sino que la ciudad tiene que englobar al Puerto. Ha faltado integración del Puerto, que es visto como un vecino no deseado". "La ciudad tiene que desarrollar y exprimir el puerto porque es parte de sí misma. Llevamos 25 años sin integración Puerto-ciudad y eso no es solo culpa del Puerto, sino de todas las instituciones", ha manifestado.
Rosa Pardo, en representación de la Conselleria de Transición Ecológica, ha opinado que la DIA para la ampliación del Puerto de Valencia se concedió en 2007 para un proyecto que desde entonces ha sufrido modificaciones que, en aras de la seguridad jurídica, habría que "reevaluar medioambientalmente".
"Es evidente que todo puerto se tiene que integrar en el territorio. En la situación de emergencia climática en la que nos encontramos debemos pensar de manera colectiva y global antes de actuar localmente", ha señalado Pardo, quien ha incidido en las "incertezas" medioambientales y económicas que rodean al proyecto de ampliación del puerto. Por todo ello, ha abogado por actuar "con mucha prudencia".
A su juicio, conviene distinguir entre crecimiento y desarrollo, en relación al mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes. La representante de la Generalitat ha destacado que las redes terrestres necesarias para la actividad portuaria han de ser compatibles con el resto de las actividades económicas, ambientales y sociales del entorno.
