Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, en la reunión del pasado martes con las CCAA. Foto: Jesús Hellín (EP)La normativa sobre las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo ya preveía el cierre automático de puertas, pero siempre que se garantizase la ventilación y el confort térmico
VALÈNCIA. Las primeras medidas del decreto de ahorro energético, las que limitan a 27 grados el aire acondicionado y a 19 grados la calefacción y obligan a apagar escaparates y edificios públicos a partir de las 22 horas, comienzan a aplicarse este miércoles sin que las CCAA vayan a realizar controles específicos de su cumplimiento y sin medidas que eviten reducir la protección frente al coronavirus en interiores.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, aseguró este martes que los empresarios, especialmente los pequeños comercios, tendrán "un margen" para aplicar el control térmico y el apagado de luces, de forma que no habrá una aplicación "inmediata" de las multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves. Lo hizo en una entrevista en Cadena Ser y horas después de constatar que la mayoría de CCAA, a las que corresponde la inspección en centros de trabajo, no van a destinar recursos adicionales para supervisar su cumplimiento.
Es el caso de la Comunitat Valenciana, más partidaria de la concienciación que de las medidas "coercitivas" y donde la semana que viene el Consell se reunirá con los sindicatos y la patronal para aplicarlas debido a las dudas o dificultades que la propia Ribera reconoce que han surgido.
Por el momento, el conseller de Economía, Rafael Climent, ya ha descartado cualquier refuerzo de la inspección para que se cumpla un real decreto "puntual" y con "medidas reactivas". "Se ha de generar confianza en los sectores. No va a haber una inspección específica para el cumplimiento de este decreto, sino que será la rutinaria como para aplicar cualquier otra norma en vigor", aclaró Climent.
"Vamos a seguir en la misma línea rutinaria de inspecciones y, si encontramos algo grave, haremos lo que nos toca según el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). No vamos a hacer un grupo de inspectores ad hoc", aseguró el titular de Economía en una entrevista en La Sexta al ser preguntado sobre si la Generalitat dispone de inspectores suficientes para vigilar las nuevas medidas.
"Quedó claro que no es un decreto coercitivo", insistió Climent en relación al contenido de la reunión del lunes entre el Gobierno y las CCAA, y aseguró que los inspectores de la Dirección General de Energía e Industria de la Generalitat van a trabajar "de forma rutinaria" y en la misma línea que hasta ahora en la aplicación de diferentes normativas.
Las medidas que se aplican desde este miércoles, que obligan a establecimientos y oficinas a exhibir carteles informativos con las medidas de ahorro, afectan a edificios administrativos, comercios, centros culturales como cines o lugares de congresos y estaciones y aeropuertos. Quedan excluidos de la obligatoriedad de temperatura los centros sanitarios y hospitalarios, formativos (colegios, universidades o guarderías), peluquerías, lavanderías, gimnasios y medios de transporte.
Además, en aquellos lugares en los que los trabajadores realicen una actividad física ligera, como en bares y restaurantes, hoteles y algunos comercios, la legislación laboral permite ajustar el termostato en 25 grados frente a los 27 grados que fija el nuevo real decreto.
A las dudas y el escepticismo de los empresarios sobre la efectividad de las medidas para lograr el ahorro perseguido se suman los problemas que pueden surgir para continuar garantizando la seguridad de los espacios interiores frente a la transmisión del coronavirus.
El plan de ahorro obliga a los establecimientos a instalar antes del 30 de septiembre cierres automáticos en las puertas de acceso para que no estén abiertas permanentemente. El objetivo, según el Gobierno, es garantizar la eficiencia energética para evitar el "despilfarro", pero no se ha tenido en cuenta que la legislación laboral, además de una determinada temperatura en los centros de trabajo, también obliga a que estén correctamente ventilados.
En este sentido, el Plan de ahorro y gestión energética del Gobierno choca, tal y como se han encargado de resaltar el sector de la hostelería, con el RD 486/1997 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En esta norma, además de autorizar bajar de 27 a 25 grados en lugares donde se desarrollen trabajos ligeros, se obliga a que exista una renovación mínima de, como mínimo, 30 metros cúbicos por hora y trabajador.
Según el arquitecto Miguel Ángel Campano, profesor en la Universidad de Sevilla y del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, el problema del real decreto con las medidas de ahorro es que realiza "un copia-pega" parcial del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, ya que endurece las obligaciones previstas en él sobre temperatura pero no recoge la obligación de mantener el espacio ventilado.
"El RITE ya dice que hay que mantener las puertas cerradas, pero eso es en espacios donde se cumplen las condiciones mínimas de ventilación y temperatura. El RITE también exige el filtrado del aire exterior y del que se recicla y un caudal mínimo de aire exterior para controlar la ventilación", explica el experto en declaraciones a Valencia Plaza.
Campano, que pertenece a la plataforma interdisciplinar de expertos Aireamos, destaca que en muchos espacios interiores de trabajo no se cumplen actualmente las normas de ventilación y temperatura, una situación que se puede agravar con la obligatoriedad de mantener los locales cerrados.
A su juicio, la ventilación deficiente es más difícil de percibir a nivel de usuario que la temperatura excesiva o demasiado baja, por lo que la inspección no realiza una "búsqueda activa" de edificios que no cumplan las normas de ventilación porque, además, requiere labores más complejas que las del control térmico. "Lo que no es fácilmente perceptible por el usuario no se persigue", sostiene.
Las recomendaciones en vigor del Ministerio de Sanidad para reducir la transmisión del coronavirus mediante aerosoles en interiores insisten en mantener la ventilación mediante la renovación de aire interior con aire exterior. "En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARSCoV2, se debe valorar la priorización de la ventilación natural frente las condiciones termohigrométricas necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética, hasta donde sea razonable", considera el documento técnico de Sanidad.
Si la ventilación es natural, se recomienda que sea cruzada –mediante apertura de puertas y ventanas– y si es mecánica o forzada, se ha de maximizar la cantidad de aire exterior y reducir la cantidad de aire recirculado. Según el arquitecto, una correcta ventilación no es solo una cuestión de bienestar, sino un problema de inseguridad y salud porque un déficit puede reducir el rendimiento cognitivo de los trabajadores, de ahí que esté regulada en la normativa básica sobre las condiciones de los centros laborales.
Una manera de hacer compatible la ventilación que se exige en los lugares de trabajo con las medidas contra el despilfarro energético sería medir la concentración de CO2 en el aire. De hecho, según recuerda Miguel Ángel Campano, en el RITE ya contempla el uso de medidores de CO2 para controlar los parámetros de calidad del aire interior.
Entretanto, las peticiones de los sectores económicos a las administraciones en las horas previas a la aplicación de las medidas siguieron sucediéndose. Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC) y de Confecomerç, reclamó "sentido común", "diálogo" y "flexibilidad" en la aplicación de las medidas de ahorro energético, que espera que no incluyan sanciones hasta que se logren "acuerdos razonables" entre el sector y las comunidades autónomas.
Además, dijo que "la inmensísima mayoría" de establecimientos, no solo los bares y restaurantes sino también algunos comercios, estarán a un máximo de 25 grados por las exenciones previstas en el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Torres lamentó que las "prisas" han generado "desinformación" y "miedo" entre el sector y los consumidores. "Ahora no se va a estar multando, esperamos que no, y si es así protestaremos", avisó.
Por su parte, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, explicó que esperan que la afectación sea "muy parcial" y "mínima", ya que las habitaciones de los huéspedes no están incluidas en la limitación de la temperatura del aire acondicionado, mientras que en las zonas de cafetería o bar, "donde se desarrolla lo que se denomina un trabajo ligero, la temperatura está matizada y en lugar de aplicarse el límite de los 27 grados, se aplica un límite de 25 grados, que es una temperatura mucho más razonable".
Mientras, el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) y de Conhostur, Manuel Espinar, consideró que fijar temperaturas mínimas generales para los establecimientos "coarta la libertad de empresa" y reprochó que "no se ha tenido en cuenta las particularidades de cada tipo de local y negocio".
"Incluso los 25 grados va a resultar una temperatura muy poco confortable" con las altas temperaturas que se están registrando en el exterior y "pueden provocar que los clientes no estén cómodos para comer o cenar en el interior de los establecimientos", advirtió el empresario.
