Foto: EVA MÁÑEZCon esta sexta ola y los contagios por la variante Ómicron parece que volvemos a empezar desde cero y que no se haya avanzado nada tras dos años de pandemia. Hay que recordar que el primer caso registrado oficialmente, según la OMS, tuvo lugar el 8 de diciembre de 2019.
Son ya 8.320 las personas fallecidas en la Comunitat Valenciana desde el inicio. Estos fallecimientos, por desgracia y sin duda, son lo más triste de todo, pues a estas personas la covid-19 les arrebató la vida injustamente y nada ni nadie se la va a devolver.
Nuestros dirigentes políticos, al menos los que tienen poder de decisión, cometieron muchos errores al comienzo de esta pandemia. Podríamos, en un acto de fe, justificar sus actuaciones iniciales, bien sea por desconocimiento, por miedo o por ignorancia. Pero a estas alturas -dos años después- no podemos permitir ni justificar la forma de proceder ni de actuar, ni las medidas que están llevando a cabo.
A estas alturas de la pandemia, resulta más que evidente que la vacunación reduce el riesgo de contraer una enfermedad grave por causa de COVID-19; aunque también, como hemos visto ahora, no reduce en absoluto el riesgo de transmisión del virus. Lo único que lo hace es la combinación “test + distancia social + mascarilla (si es FPP2 mejor)” evitando aglomeraciones, sobre todo en interiores. Es decir, la libre responsabilidad personal de cada uno de nosotros ante la situación.
En este contexto, una de las medidas estrella de nuestros dirigentes ha sido el pasaporte covid -qué gran error-, que ha creado una falsa sensación de seguridad y que solamente ha contribuido al aumento de contagios. Nos han hecho pensar que con el pasaporte todo estaba solucionado y podíamos reunirnos y juntarnos de nuevo como si nos diera la inmunidad absoluta, cuando la nueva variante ya estaba planeando sobre nosotros. Al final, se ha convertido en una nueva herramienta recaudatoria -por las cuestionables sanciones establecidas en caso de incumplimiento- que criminaliza a ciertos sectores más que persuade a aquellos que no optan por la vacunación. Vuelvo a recordar que ya han pasado dos años desde que apareció la covid-19.
El retraso en suministrar la tercera dosis de refuerzo de nuevo ha sido clave para el aumento de los contagios a estas alturas, a lo que debemos sumar la falta de test y PCR por parte de la Administración, trasladando el problema a las farmacias y al bolsillo del contribuyente.
Las primeras sentencias en contra de la actuación de la Generalitat para con nuestros sanitarios y su protección están llegando ahora. Y no serán las últimas. Sí, se trata de sentencias a favor de los sanitarios y de otros muchos sectores que se han visto expuestos y castigados por una pandemia y a los que los juzgados empiezan a darles la razón por las restricciones sufridas a la actividad, impuestas desde la Generalitat Valenciana.
El president Ximo Puig ya ha anunciado que va a recurrir todas estas sentencias para “defender y que se prime el interés general” aunque seamos la autonomía con más sanitarios contagiados de covid. ¿Será por interés general también?
Son demasiados errores en estos dos años que se pagarán en las urnas.
