Algunos diputados de Ciudadanos. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Tras más de siete años de espera, este martes tuvo lugar la ponencia de la reforma del Estatuto valenciano que contempla adecuar las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana para que éstas sean acordes al peso poblacional de la autonomía. Un reforma, que además incluye que la Generalitat podrá "participar de las decisiones" sobre las citadas inversiones en este territorio, para la que las distintas fuerzas políticas con representación en Les Corts habían ido de la mano durante toda la legislatura.
La alianza, no obstante, se rompió hace dos días. Ciudadanos anunció que se abstendría en la votación. Un posicionamiento criticado por el resto de partidos, pero incomprendido también por la propia federación valenciana de la formación de Albert Rivera. Fuentes del grupo parlamentario de Mari Carmen Sánchez se mostraban este miércoles todavía molestos con la orden emitida por la dirección del partido. "Nos enteramos el mismo día de la ponencia de que íbamos a abstenernos", advierten las citadas fuentes.
A pesar de seguir los dictados de Madrid este jueves, el grupo Cs en el Parlamento valenciano ha adoptado posicionamientos que chocan frontalmente con la maniobra ejecutada finalmente en el Congreso. A lo largo de esta legislatura, en Les Corts han firmado varias declaraciones institucionales en las que respaldaban junto al resto de partidos varias reivindicaciones relacionadas con una financiación justa para los valencianos contra la marginación de los presupuestos y que incluían la reforma estatutaria de manera explícita.
Aún así, el diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes insistió este jueves en que la reforma de la Carta Magna valenciana era "jurídicamente inaprobable, políticamente intranscendente y económicamente inviable". Y reiteró la postura avanzada el mismo martes por las fuentes oficiales del partido para justificar su abstención: que en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, se recogió que no era "admisible" que éste predeterminase el contenido de los Presupuestos Generales del Estado.
Desde PP y PSOE, los diputados Gerardo Camps y Artemi Rallo recordaron a Cs que otra sentencia, del Tribunal Supremo en este caso, del año 2017 que estableció que los acuerdos alcanzados en las comisiones bilaterales entre el Estado y una comunidad autónoma sí pueden "obligar" al Gobierno a incluir determinadas partidas en los Presupuestos, por lo que rechazaron el argumento esgrimido por el partido naranja de que la reforma debatida se tratara de "papel mojado".
"Cs ha desconocido el significado de lo que es honrar la palabra dada, ha evidenciado que la firma de su portavoz en un documento registrado en esta Cámara no tiene ningún valor", afirmó Rallo, ya que el partido de Rivera sí había firmado el documento de propuesta de modificación de la Carta Magna, pero cumpliendo con lo anunciado, se abstuvo en la votación.
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó la propuesta de reforma del Estatuto valenciano sin sus votos; un texto que saldrá adelante la semana que viene en el pleno de la Cámara Baja y será remitido posteriormente al Senado. A partir de entonces deberá constituirse una comisión negociadora integrada por el Gobierno central y la administración autonómica para negociar las futuras inversiones para que éstas sean equivalentes al peso demográfico que tiene la Comunitat.
