VALÈNCIA. El pleno del Consell de este viernes dará luz verde al decreto que obliga a grandes tenedores a movilizar viviendas vacías con el objetivo de sacarlas al alquiler y aumentar la oferta en el mercado. Con esta norma, la Conselleria de Vivienda pretende dar salida a los más de 19.000 inmuebles que calcula que hay deshabitados en la autonomía valenciana. Además, la norma permitirá a particulares poner a disposición de la Administración valenciana inmuebles que tengan desocupados, pero, eso sí, de forma voluntaria.
Este texto, que forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley por la Función Social de la Vivienda, define por lo que es un gran tenedor de viviendas, aquel con diez o más inmuebles, y permite a la Generalitat Valenciana establecer un marco normativo en el que fijar unas obligaciones. Asimismo, el texto, recoge un régimen sancionador para multar a grandes propietarios que no comuniquen sus activos vacíos a la Conselleria.
Además, esta normativa también dará cobertura al impuesto a las viviendas vacías, que el Botànic aprobó en la Ley de Acompañamiento de este ejercicio, y que sin este decreto no podía aplicarse por la falta de concreción sobre lo que se consideraba un gran tenedor. Según este departamento, la previsión es movilizar unos 500 inmuebles al año.
De este modo, el decreto obliga a grandes propietarios de diez o más inmuebles a informar semestralmente a la Conselleria de Vivienda de sus viviendas deshabitadas, es decir, aquellas que estén desocupadas de forma continuada durante un tiempo superior a un año, sin que concurra causa justificada de desocupación. En el caso de propietarios particulares, esta comunicación será voluntaria.
Esos inmuebles se incluirán en un registro de titularidad pública, de naturaleza administrativa y carácter autonómico, adscrito a Vivienda, que servirá de instrumento básico para su control y seguimiento, así como para la planificación de las políticas públicas de vivienda. Este instrumento se conformará como un inventario informatizado. En caso de incumplimiento de esta obligación, la norma establece una serie de sanciones cuyo importe dependerá de la tipología del inmueble y de dónde esté ubicado.
Según explicaba hace unos meses el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, en una entrevista con este diario, las sanciones tipificadas como graves oscilarán entre los 10.000 y los 350.000 euros y, las muy graves, de los 350.000 hasta los 950.000 euros. En concreto, se penalizará cuestiones relacionadas con falta de información o falsedad de documentos, así como situaciones de discriminación, como no aceptar de inquilino a un migrante. Eso sí, solo se multará a grandes tenedores que son los que tienen la obligación de comunicar sus viviendas vacías.
Para facilitar que la ciudadanía saque sus viviendas vacías al mercado del alquiler, se establecerá una red de intermediación de 'Agentes Inmobiliarios Colaboradores' que se encargarán de tramitar estos alquileres con todas las garantías. El programa, bautizado como Xarxa Lloga’m, pretende poder ofrecer a la ciudadanía valenciana pisos en alquiler a los precios máximos que establezca el Consell de acuerdo con sus características y ubicación.
Para incentivar a los particulares a ofrecer sus inmuebles, la Generalitat ofrecerá una serie de beneficios como la contratación de las pólizas de seguro que garanticen a las personas arrendadoras el cobro de las rentas, la defensa jurídica en relación con la vivienda arrendada y la reparación de desperfectos derivados de los daños que no sean consecuencia del deterioro por el uso o el paso del tiempo.
