La Guardia Civil expone las irregularidades de Francis Puig pero admite no ser concluyente

VALÈNCIA. El esperado informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil sobre las posibles irregularidades de las empresas audiovisuales de Francisc Puig -hermano del presidente de la Generalitat- y Juan Enrique Adell Bover no es concluyente, según admiten desde la propia citada unidad al principio del documento de 388 páginas al que ha tenido acceso este diario.

La causa, abierta en 2019 a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular a las mercantiles de los mencionados propietarios por posible fraude de subvenciones entre 2015 y 2018, ha avanzado en los últimos días con la citación de Puig y Adell los próximos 23 y 25 de mayo y con el escrito de la Fiscalía que apunta a "cuatro tipos de irregularidades en la justificación de las subvenciones".  

Ahora bien, la Guardia Civil puntualiza en el documento que su informe "no va a ser un informe tipo, con conclusiones" debido a "la existencia de datos y documentos que, debido a las discrepancias que se observan como pudiera ser la no correspondencia de pagos en asientos bancarios, que deberían ser aportados por las mercantiles para poder extraer las conclusiones finales del mismo" conduce a los investigadores a "hacer referencia a los datos que resultan controvertidos en cada uno de los apartados correspondientes".

En esta línea, en el informe se señala que, a modo de resumen, se han encontrado "varias irregularidades que pueden deberse a posibles errores humanos o informáticos de mecanización", si bien los investigadores añaden que otros "pudieran tratarse de actos de mala fe", si bien no existe mayor concreción entre unos y otros en el documento.

Respecto a las posibles irregularidades, puntualizan, "a falta de los datos que pudieran ser justificados por las mercantiles", citan "facturas imputadas un año y al año siguiente" por parte de Comunicación Els Ports en 2017 y 2018; "no correspondencia entre datos incluidos en las facturas y en las cuentas justificativas", "no correspondencia entre la cuenta justificativa, facturas y asientos bancarios", "doble imputación de gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y de Cataluña empleando mismas facturas para su justificación", "gastos imputados por las mercantiles de las que no se tiene constancia de la relación de la ubicación con las empresas que justifican el gasto", "facturas con fecha 2018 presentadas para subvenciones correspondientes a 2017", "facturas imputadas doblemente para el mismo año, modalidad y subvención", "gastos que no se tratarían de directamente imputables a las labores de producción y distribución de programas y ediciones" y "facturas de contenidos que se presentan para una modalidad de subvención de la Generalitat Valenciana y para otra distinta para la catalana" .

Tal y como recuerda el propio informe, el artículo 308 del Código Penal señala que "el que obtenga subvenciones o ayudas -en el año natural- de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo".  En los cuatro ejercicios investigados, las tres empresas (Comunicacions Els Ports, Mas Mut Produccions y Canal Maestrat) percibieron un total de 1,25 millones de euros de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón según refleja el informe.

No obstante, los agentes instructores reconocen respecto a la "múltiple utilización de contenidos" que "ni se tienen conocimientos ni se han accedido a ellos y no pueden confirmar que se traten de los mismos si bien hay facturas de estos que se presentan idéntico concepto por lo que evidentemente deben tratarse de los análogos contenidos y como confirmación de ello se emplean las mismas facturas". Además, los investigadores señalan que tampoco pueden definir si el importe de las subvenciones recibidas superan el coste de la actividad, al no haber tenido acceso a los contenidos "como tampoco se ha tenido acceso a los recursos e ingresos para la misma finalidad".

En consecuencia la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a los servicios de Intervención de ambas comunidades autónomas que realicen sendos informes-auditoría sobre las subvenciones percibidas por cada una de estas sociedades entre 2015 y 2018, teniendo en cuenta la documentación justificativa presentada en ambas autonomías.

En cuanto a las reacciones sobre estos últimos acontecimientos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no aparece en el informe de la Guardia Civil, señaló este miércoles que "todas las empresas y las personas en la Comunitat Valenciana son tratadas con la misma vara de medir". Su compañero de partido, el vicesecretario general del PSPV,  Manolo Mata, aseguró que las últimas informaciones alejan el foco de la investigación de la administración. "Ya está demostrado que lo que se investiga no tiene nada que ver con la Generalitat, y se investiga cómo una empresa las ha justificado de carácter a las administraciones".

La Guardia Civil señala la contratación de uno de los hijos de Ximo Puig en Mas Mut

Por su parte, el PPCV hacía hincapié este jueves en uno de los puntos del informe de la Guardia Civil en el que se "sorprende por la premura" de la contración de uno de los hijos del presidente Puig en la empresa Mas Mut al mismo tiempo que habían solicitado una subvención por el programa de empleo 'Avalem Joves'. 

Para la concesión de la ayuda (de algo más de 18.544 euros y que fue otorgada), era necesaria la inscripción del joven en el Servef, algo que hizo cuatro días antes de ser dado de alta y que la empresa solicitara la subvención. 

Una empresa sobre la que la Guardia Civil remarca que tiene su domicilio en un municipio turolense, Peñarroya de Tastavins, algo que no concordaría con la naturaleza de la ayuda, circunscrita a la Comunitat Valenciana, si bien en el contrato del hijo de Puig figuraba como centro de trabajo Morella, mientras el resto de trabajadores estaban en Peñarroya de Tastavins.