VALÈNCIA. Salvo un improbable volantazo de última hora por parte del PSPV, la tasa turística no se incluirá en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2022 –aquella que va junto a la de las cuentas y recoge los cambios normativos y fiscales–. La posición de los socialistas parecía de esperar después de que se desmarcara de sus socios de Compromís y Unides Podem en la presentación de la enmienda que la recogía. Y este jueves en les Corts ha llegado el primer voto en contra durante la comisión en la que se debatía la norma.
El segundo llegará ya en el pleno de finales de diciembre que tiene que dar luz verde a ambas leyes a no ser que se llegue a un acuerdo de última hora en el Botànic. La postura del PSPV, sin embargo, parece de entrada inamovible según admitió su portavoz, Manolo Mata, a pesar de que sus socios registraron un texto para forzar el 'sí'. En él se cumplía con las exigencias que habían marcado: que la tasa fuera municipal y voluntaria.
Pero el PSPV se mantiene en que ha de articularse a través de una proposición de ley tras hablar con el sector y considera que hay tiempo de para "hacerlo ordenadamente", pues el año que viene aun no podría aplicarse debido a la situación de la pandemia. Una manera de estirar el asunto que demuestra que nunca han sido proclives a la medida. De hecho, miembros del Consell como Vicent Soler afirmaron hace unas semanas que la entrada en vigor podía posponerse hasta 2023. Año que, a nadie se le escapa, es electoral y reduce mucho las opciones de que realmente pudiera cumplirse.
Desde Compromís y Unides Podem defendieron la tasa y que mantendrán "viva" la enmienda con la esperanza de poder alcanzar un acuerdo con los socialistas de cara al debate de los presupuestos en el pleno en tres semanas.
En lo que sí hubo entente fue en la violencia obstétrica –las conductas médicas que por acción u omisión atentan contra las embarazadas–. Finalmente, y tras la rectificación de los propios grupos del Botànic en la que desistieron del texto inicial, se incluirá en la ley valenciana de salud de 2014 y no en la ley autonómica de violencia sobre las mujeres. La primera propuesta provocó la dimisión de dos ginecólogas de hospitales valencianos y el rechazo de la Conselleria de Sanidad y de colegios y sindicatos profesionales.
Entre los textos que también salieron este jueves adelante se encuentran los que recogen cambios sustanciales en la Ley de Función Pública valenciana, a la cual el Consell dio luz verde a finales del pasado marzo tras cinco años de bloqueo. Pocos meses después de su entrada en vigor, los propios grupos que conforman el Gobierno autonómico modificaron en enmiendas de Acompañamiento partes fundamentales de la norma, incluyendo su preámbulo. Entre ellas, medidas estrella que partieron de la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, desde el inicio de su confección.
Así, una de las principales a las que se dio luz verde en comisión recupera la libre designación en las jefaturas de servicio, algo con lo que supuestamente quería acabar la norma como método habitual. En otras se introducían variaciones para flexibilizar la movilidad o se permitía que cada Conselleria clasifique como prefiera a los chóferes de los altos cargos del Gobierno valenciano, sea como personal eventual o funcionarios de libre designación.
Otro de los textos del Botànic más destacados era aquel que modificaba la ley de Función Pública de 2010 para beneficiar a determinados sindicatos. "El personal funcionario de carrera será declarado en situación de servicios especiales cuando ostente cargo electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas". La medida únicamente afecta a aquellas reconocidas legalmente como más representativas. Es decir, UGT y CCOO. Y supone que los cargos sindicales que sean funcionarios quedan administrativamente en situación de servicios especiales. Una suerte de "excedencia" mejorada, con reserva de destino y acumulando tiempo en antigüedad y trienios. En esa situación se encuentran actualmente los funcionarios que son cargos públicos.
En cuanto a las enmiendas a presupuestos, el PSPV ha decidido retirar las que presentó en solitario para subvencionar iniciativas taurinas por un total de 57.000 euros, mientras que Unides Podem ha hecho lo propio con otra en la que pedía que al personal facultativo que se incorpore al puesto de trabajo tras superar las pruebas se le asignara el complemento específico B. También que las nuevas plazas de la OPE tuvieran de oficio el complemento de exclusividad B. La Conselleria de Sanidad no terminaba de compartir, al parecer, esta fórmula.