Escola ve "insuficiente" el requisito lingüístico e Intersindical lo define como "poco ambicioso"

VALÈNCIA (EP). Escola Valenciana considera "insuficiente" la propuesta de aplicación del requisito lingüístico en la función pública presentada por la Generalitat, puesto que, a su parecer, "no garantiza la competencia lingüística del funcionariado". "Excluir Sanidad y Justicia de esta propuesta es una renuncia inadmisible", aseveran desde la entidad.

"El requisito lingüístico, que es una reivindicación de nuestra entidad desde 1983, es muy importante para la normalización lingüística", remarca la organización cívica, que subraya que "tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas se producen en el ámbito de la administración pública".

Por ello, incide en que "las y los trabajadores de la administración tienen que poder atender correctamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales, es decir, tienen que ser competentes lingüísticamente".

Escola añade que "una de cada dos vulneraciones lingüísticas tienen lugar en el ámbito sanitario" y, en este sentido, cree que "excluir Sanidad y Justicia de esta propuesta es una renuncia inadmisible".

La entidad sostiene que "la única manera de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía es con una plena competencia lingüística de todo el funcionariado".

Advierten desde Escola que "no se pueden otorgar certificados de valenciano de forma automática", sino que "hay que acreditar correctamente el conocimiento de valenciano".

También insisten en que "el alumnado que solo ha cursado un 25% de asignaturas en valenciano no tendrá nunca el mismo nivel de competencia lingüística que aquellas personas que han realizado sus estudios en un programa de enseñanza óptima con una carga lectiva igual o superior al 50% en valenciano".

La propuesta de Escola pasa por "poner a la ciudadanía en el centro en materia de derechos lingüísticos y asegurar la competencia lingüística para toda la administración radicada" en la Comunitat Valenciana.

"Esta norma debería afectar a toda la administración y no solo para la Generalitat: ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades administración del Estado, universidades o empresas públicas, entre otras", concluye.

"Poco ambicioso"

Intersindical Valenciana considera por su parte insuficiente la regulación de la competencia lingüística en la función pública, ya que lamenta que "no sea más ambiciosa" y alcance el conjunto de la administración. Además, advierte que los profesores de Valenciano tendrán que asumir nuevas responsabilidades con la homologación automática de títulos en esta lengua en ESO y Bachillerato.

En un comunicado, Intersindical reconoce que es una "buena noticia" que para los cuerpos A1 y A2 finalmente el nivel requerido sea el C1 y no el B2, "como anunció la consellera Gabriela Bravo en el mes de mayo".

Eso sí, recuerda su reclamación reiterada sobre la necesidad de regular la competencia lingüística en el conjunto de la función pública, no solo en educación. En 2016 se firmó un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios de la función pública para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las administraciones, "un acuerdo que contó con el apoyo de entidades de la sociedad civil que trabajan por la normalización del valenciano".

Según apunta, este acuerdo se materializó en la Ley de la Función Pública valenciana de 2021, pero no se incorporaron los niveles de competencia lingüística por desacuerdos entre el gobierno y se derivó a un futuro reglamento que, a su juicio, tiene menos peso legislativo y se concretó finalmente este lunes.

En el proceso de negociación y tramitación de la ley, Intersindical pidió que los niveles exigibles de conocimiento de valenciano fueran el C1 para los grupos A1, A2, B y C1; el B1 para el grupo C2; el A" para las agrupaciones profesionales funcionariales.

Rechaza que no se aplique en Sanidad

Al margen de los niveles, lamenta que la sanidad haya quedado finalmente fuera de este reglamento; "contraviniendo el acuerdo sindical que incluía una propuesta específica, que contemplaba algunas exenciones para garantizar la cobertura del servicio, y la demanda de las entidades y la sociedad valenciana".

Todo ello cuando asegura que gran parte del personal sanitario tiene ya una titulación de valenciano. En cualquier caso, exige que la Generalitat convoque cursos gratuitos y en horario laboral para los sanitarios de centros públicos que no tengan la titulación.

En cuanto a la homologación de títulos, Intersindical advierte que los centros de Secundaria deberán asumir una nueva responsabilidad y funciones que "no los corresponde y que añadirán más presión", puesto que el alumnado certificará diferentes niveles de conocimiento de valenciano en función del curso y de la nota obtenida en Bachillerato (un 7 para el C1).

CCOO PV cree que se pone fin a "un agravio a los valencianoparlantes"

Por su lado, CCOO PV reconoce el "paso adelante" que ha dado la Generalitat para garantizar los derechos lingüísticos mediante la regulación del requisito en la función pública: "Se acaba con un agravio hacia los valencianoparlantes cuando en muchas ocasiones se dirigían a la administración. Se hace camino y se supera un tiempo intranquilo de ausencia de exigencia".

En un comunicado, el sindicato destaca "el consenso entre administraciones y sensibilidades políticas, dentro de un marco compartido", ya que a partir de ahora habrá que acreditar la competencia lingüística en valenciano para acceder a la función pública autonómica y local.

"Lo que realmente nos preocupa es el uso social del valenciano y que los valencianos y las valencianas tengamos garantizados todos nuestros derechos lingüísticos", subraya Santi Mateu como secretario de Cultura, Política Lingüística y Educativa y Fundaciones de CCOO PV.

A su juicio, era necesario que la Generalitat tutelara de manera eficiente esos derechos, algo que la central sindical ha venido defendiendo para que la lengua no fuera causa de discriminación como establece la Ley de Función Pública. En cuanto al contenido del texto, entiende que respeta los puntos que se negociaron entre organizaciones sindicales y sociales, al estar marcado por la concordancia de titulaciones exigidas para las categorías y los cuerpos.