Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los trabajadores de la mayor terminal de contenedores del Puerto de València, operada por Cosco Shipping Ports (CSP), han advertido este lunes que tal y como está planteada la ampliación norte destruiría "cientos" de puestos de trabajo en una primera oleada, además de los que se perderían por la automatización y por la "competencia imposible" entre las tres actuales y la futura cuarta terminal de contenedores del recinto, para la que el grupo MSC ha presentado la única oferta y está pendiente del acuerdo de adjudicación definitivo.
Así lo ha trasladado el presidente del comité de empresa de CSP Iberian Valencia –terminal pública pero de gestión privada–, Julián Pérez, al alcalde, Joan Ribó, en una reunión dentro de su ronda de contactos sobre el proyecto de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
El mes pasado, Puertos del Estado determinó que la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto, concedida en 2007, sigue vigente y que Valenciaport es la autoridad encargada de determinar la necesidad de una nueva para acometer el proyecto. Y hace unos días visitó València la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y garantizó que la decisión corresponde a la APV.
Pero, para los trabajadores de la mayor terminal, que gestionan contenedores de MSC porque la suya se queda pequeña, el proyecto es en realidad un "vaciado" sin que haya nuevos tráficos comprometidos. "No es una ampliación, físicamente sí, pero internamente es un trasvase de un cliente a una zona nueva", ha recalcado el presidente del comité de empresa en una comparecencia junto a Ribó.
Como consecuencia, estiman que la mayor terminal perdería más del 50% del tráfico si MSC abandona la suya para ocupar la nueva, lo que dejaría "dos solares vacíos" y generaría competencia y "desequilibrios" a medio plazo. A su juicio es paradójico que a la naviera suiza "no se le exige" un mayor tráfico en la nueva terminal pública, con lo que "no habrá nuevos puestos de trabajo; serán los mismos pero gestionados de forma diferente".
"No hay creación neta de empleo", ha insistido el representante de los trabajadores, para quien el Puerto debe velar por que haya un reparto homogéneo de los contenedores "y no potenciar las necesidades de una única empresa".
Según sus cálculos, si el volumen que gestiona actualmente la mayor terminal se redujera un 50-60% se quedarían en la calle la mitad de sus casi 300 trabajadores, entre fijos y eventuales. Y todo ello "en una primera oleada", sumado a la "precarización" que se generaría entre las terminales para poder competir en costes: "Una destrucción muy rápida porque una terminal se vacía en pocos meses".
El presidente del comité de empresa ha remarcado que "absolutamente nadie" del Puerto se ha puesto en contacto con ellos y ha rechazado las "alabanzas" a favor de la ampliación, pues ve falso que se puedan crear decenas de miles de empleos durante la construcción cuando "lo que cuesta es mantenerlos". "Son números que no son ciertos: es una creación de empleo ficticia", ha denunciado.
Por contra, en su opinión sí sería una "auténtica ampliación" si Valenciaport estuviera realizando alguna gestión para otorgar nuevos contenedores a la mayor terminal o a la que abandonara MSC. También ha asegurado que hay "mucha preocupación" en las otras dos terminales por la competencia "imposible" que se generaría.
El alcalde ha coincidido en reiterar su oposición al proyecto y a la "hipótesis" de que se generarían 40.000 empleos, "un motivo más para preguntarse el sentido de la ampliación". Ha insistido en que "el problema no es la DIA", sino los "peligros" que ve en la ampliación: la movilidad, la afección a las playas y al paisaje, el empleo o los más de 3,5 millones de metros cúbicos necesarios de material de relleno.
"Si se resuelven estos problemas, podemos hablar", ha garantizado, aunque "desde luego" si no es así mantendrá "una actitud crítica y negativa con la ampliación". Ha rechazado especialmente las previsiones optimistas de creación de empleo porque "parecía que ataríamos perros con longanizas pero no está nada claro".
Para Ribó, el principal riesgo "clarísimo" para la ciudad y el área metropolitana es el acceso norte que establece el proyecto y "supone un túnel de no se sabe cuántos kilómetros". "La media son 300 millones de euros por kilómetro. ¿Eso quién lo paga? ¿Lo tenemos que pagar los valencianos?", se ha preguntado, defendiendo las estaciones intermodales en puertos como Melbourne.
En todo caso, ha garantizado que está dispuesto a "hablar con quien sea", ya que prevé seguir con la ronda de contactos y reunirse con otros sectores de los estibadores para "tener la máxima información posible". También quiere estudiar los posibles riesgos de la nueva terminal para el movimiento de grandes buques tras el bloqueo del Canal de Suez.
Sobre si el Ayuntamiento podría ir a los tribunales, Ribó ha asegurado que desconoce "hasta dónde llegar" y ha recordado que ya votó en contra hace dos años en el consejo de administración. Ha vuelto a mostrar sus "serias dudas" de que la DIA de 2007 sea válida --"no lo ha dicho ningún tribunal de manera definitiva"-- y ha hecho notar que la posición del Ministerio es que corresponde a la APV "y eso no es darle la razón", además de remarcar que la semana pasada no pudo abordar este proyecto con el ministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos, en su visita a la ciudad.
"Un informe ambiental se hace en dos o tres años: si la autoridad portuaria hubiera querido, habría podido hacerlo", ha aseverado, para destacar que el consejo de mayo está suspendido por motivos que desconoce y que "hay un mes de tiempo". Y ha zanjado: "No puedo dar una opinión definitiva porque no la tengo".
