Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. A la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) se le acumulan los problemas. En apenas una semana, el ente que preside de forma provisional Mar Iglesias ha sufrido dos varapalos: el primero, la reclamación por parte de la Agencia Tributaria del IVA que les fue devuelto de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, lo que supone para la cadena retornar casi 25 millones de euros. El segundo, la caducidad del contrato programa, cuyo contenido lleva estudiando Presidencia de la Generalitat desde diciembre sin la participación de Compromís. Un retraso que ha generado un fuerte recelo en la coalición valencianista.
Respecto al primer dilema, el cambio de criterio del Gobierno central obliga los medios de comunicación públicos valencianos a devolver el IVA de 2016 a 2020 porque, según las conclusiones de la Agencia Tributaria, no tienen derecho a deducirse la totalidad de este impuesto, tal y como se venía realizando hasta la fecha. Una reclamación que supone un serio problema de caja para À Punt, que cuenta en este ejercicio con un presupuesto de 66 millones de euros.
Por el momento, el ente que preside Iglesias ha anunciado que recurrirá las liquidaciones y recordó horas después de conocerse la noticia que en su momento la Agencia Tributaria, al realizar la inspección del IVA a la Corporació y la Societat -mercantil donde se inscribe el grueso de la plantilla de la cadena- de los ejercicios 2017 y 2018, "dio la razón al ente público al considerar deducible el 100% del IVA soportado". La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler, por su parte, reclamó al director general de À Punt, Alfred Costa, que traslade un informe detallado sobre cómo podría afectar a sus cuentas este cambio de criterio respecto a la tributación del IVA.
Pero a pesar de ser el más reciente y probablemente el más preocupante para la dirección por cómo puede perjudicar a la actividad de la radiotelevisión valenciana, no es el único dilema que tiene la cadena. A este se suma el nonato contrato programa que ya va con retraso, pues debe servir como marco para el periodo 2021-2023 y el calendario actual ya marca el ecuador del primer ejercicio.
En este sentido, conviene recordar que hace casi seis meses -el 11 de diciembre-, el Consejo Rector de À Punt aprobó el nuevo contrato programa de la cadena y lo remitió a Presidencia de la Generalitat. Un documento que debe regir los objetivos de la radiotelevisión pública y que necesita la luz verde por parte del Ejecutivo valenciano para poder entrar en vigor. En concreto, este debía obtener el visto bueno de la dirección general de Presupuestos, pasar por la comisión mixta Consell-CVMC, aprobarse en un pleno del Consell y finalmente ratificarse en Les Corts Valencianes. Nada de eso ha ocurrido.
Hasta la fecha la comisión mixta Consell-CVMC que componen tanto miembros de la cadena como de PSPV y Compromís en el Gobierno valenciano no se ha reunido. Los valencianistas, que aseguran que desconocen el contenido del nuevo contrato programa propuesto por la cadena, han insistido a sus socios en varias ocasiones para fijar una fecha en el calendario y zanjar de una vez por todas el asunto, pero las peticiones no han servido de nada. Y la desconfianza de Compromís hacia su socio de gobierno es mayor cada día.
El retraso, según se pregunte a una pata del Ejecutivo o a otra, es mayor o menor. Para Compromís y fuentes de la Corporació, el contrato programa anterior caducaba en diciembre de 2020, y para el PSPV la fecha límite era junio de este año. Y lo cierto es que el texto legal publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dice las dos cosas.
El primer contrato programa de À Punt publicado en el DOGV establecía que el documento acordado entre "el Consell y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació" correspondía al "período 2018-2020". Sin embargo, en el articulado del mismo, la cláusula segunda especificaba que debía tener, "conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/2016, una vigencia de tres años a partir de la fecha de la firma, sin posibilidad de prórroga".
Es decir, que caducaría en junio de 2021, ya que el actual se firmó en junio de 2018. Con todo, la discrepancia de fechas sirvió de balón de oxígeno en diciembre para no resolver esta tarea pendiente entonces. Pero a 5 de junio ya se ha superado el margen temporal que se habían marcado las partes y la cadena sigue sin un nuevo documento, ni PSPV y Compromís se han reunido para resolverlo.
El tercer problema de la cadena se centra en las oposiciones de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Mientras el proceso selectivo de la Corporació ya se oficializó a principios del mes de mayo -los interesados debían inscribirse antes del día 21 de dicho mes-, À Punt espera a hacer lo propio con las suyas. No en vano, el proceso se ha judicializado porque varios sindicatos han criticado que la OPE publicada de 349 plazas es parcial y reclaman -ya en los tribunales- que se convoquen un total de 404.
Mientras tanto, el Consejo Rector de la cadena sigue a la espera (y ya van tres meses y medio) de que los grupos parlamentarios del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- atiendan su petición de nombrar a Mar Iglesias presidenta de la cadena para que deje de estar en funciones. Una demanda que, no obstante, los socialistas especialmente no tienen intención de atender tal y como adelantó este periódico.
