Generalitat y Ayuntamiento negocian rebajar a Atitlan los 40 millones que costó el circuito urbano

VALÈNCIA. Los dueños de los terrenos del PAI del Grao -de los que alrededor de un tercio fueron adquiridos recientemente por las firmas Atitlan y Martinavarro respaldadas por un fondo de inversión- podrían librarse de pagar buena parte de los 40 millones de euros del coste de la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, que en tiempos de Francisco Camps y Rita Barberá se cargó a cuenta del futuro desarrollo de la actuación urbanística.

Así lo revela a este diario el concejal de Desarrollo Urbanístico del Ayuntamiento de València, Vicent Sarrià, que explica que el consistorio y la Generalitat están negociando fórmulas para "adecuar a la realidad" la rocambolesca carga inmobiliaria ideada por el PP: la de crear un trazado de Fórmula 1 y cobrárselo posteriormente a los dueños de los terrenos en los que se construye.

"El proyecto de urbanización de este sector estaba concebido para la celebración anual de un gran premio, y obviamente tal circunstancia ya no va a producirse. Una vez la Generalitat confirmó que no había ninguna intención de hacerlo así se ha podido empezar a trabajar en una reformulación", explica al respecto Sarrià, que agrega que ambas administraciones se han emplazado "a buscar soluciones que permitan resolver el asunto juridicamente".

Según concreta el concejal socialista, "en lo que están trabajando los servicios municipales es en valorar exactamente qué parte de la inversión es repercutible a los propietarios cuando se urbanicen los terrenos". "Es repercutible todo aquello que beneficie a la urbanización futura, pero eso hay que justificarlo técnicamente de forma rigurosa. Es un trabajo que se está haciendo y que en breve se tendrá, y que concretará exactamente el coste. Una cosa es lo que la Generalitat se gastó y otra lo que es repercutible como carga de urbanización a quien lo urbanice", detalla el dirigente.

En consecuencia, tal decisión supondría una rebaja importante para los propietarios de cara al desarrollo del PAI del Grao, puesto que buena parte de los 40 millones invertidos en el circuito urbano correspondió a aspectos que nada tienen que ver con el desarrollo urbanístico. A priori la construcción más aprovechable son las carreteras, pero también está por ver en qué porcentaje son reutilizables una vez ha sido descartado como vial del PAI el trazado del circuito en su integridad.

"Lo que estamos haciendo es estudiarlo, y es a la Generalitat a quien corresponde tomar la decisión en última instancia. Lo que es evidente es que se trata de una cifra muy alta fruto de un convenio irracional que se firmó en aquel momento, pero la Generalitat tiene la obligación de reclamar parte de lo que invirtió en defensa de sus intereses", añade al respecto Sarrià.

En efecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas -de la que depende la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), la empresa pública a la que se le deben los 40 millones- explicaron al respecto cuando se produjo la compra por parte de Atitlan, Martinavarro y sus socios que el importe de 40 millones figura como una deuda a cobrar y que su deber es reclamarla. Según está estipulado, es el Ayuntamiento de València quien ha de reclamar el importe a los propietarios y, a su vez, abonárselo a la entidad de la Generalitat.

Atitlan, como reveló Valencia Plaza, lidera junto a Martinavarro la alianza empresarial que se adjudicó los activos de la concursada Acinelav Inversiones 2006 ubicados junto al circuito urbano de Fórmula 1. Se trata de alrededor de 100.000 metros cuadrados del PAI del Grao de València, la mayor superficie por urbanizar junto a la costa del núcleo urbano de la ciudad.

La compañía de Aritza Rodero y Roberto Centeno -este último yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig- no concretó el importe que el consorcio pagará por los activos. No obstante, se estima que la cifra se movió en la horquilla en la que pujaron todos los ofertantes menos los dos primeros -algo menos de 30 millones de euros-.

Los metros cuadrados que se adjudicó la alianza empresarial representan alrededor de un tercio del PAI del Grao. El resto del suelo se encuentra en manos de administraciones públicas -entre ellas Adif y el propio Ayuntamiento de València- y pequeños propietarios particulares.

Los propietarios iniciales de Acinelav, que se fue al traste durante la crisis, eran -de mayor a menor- Bankia Habitat, Pavasal, Construcciones Valencia Constitución, Kiraly Desarrollos Inmobiliarios (participada por Gesfesa) y el constructor Salvador Vila, según recoge el Registro Mercantil. La participación de Bankia acabó en manos de la Sareb con la reestructuración bancaria; y la del resto, controlada por la banca acreedora tras ser declarada su insolvencia en 2011.