El hospital de campaña de València no tiene licencia municipal y Sanidad dice que no la necesita

VALÈNCIA. "Aquí no hay nada que ver. Circulen". Esta frase típica de las autoridades policiales en un suceso podría aplicarse hacia los hospitales de campaña levantados en el pasado mes de abril por la Generalitat Valenciana para paliar los rigores del coronavirus. La provisionalidad y lo efímero de las instalaciones son el punto clave para concluir, al menos así lo hacen desde el Consell, que no necesitan de una licencia de la Administración para funcionar. O, en el caso de los hospitales de campaña, para no funcionar, dado que no han albergado a pacientes ni graves ni leves afectados -o no- por la pandemia.

"No se solicitó licencia". Así resumen desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València su relación legal respecto a la entrega de un permiso para estas instalaciones. A la Concejalía de Actividades tampoco llegó nada. Desde Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia que lidera Gabriela Bravo y cuyo secretario autonómico es José María Ángel, aseguran que existe un informe positivo de los bomberos dependientes del Ayuntamiento de València sobre la seguridad e incendios. Documentos que, ni de un lado ni de otro, se han prestado a mostrar a petición de este periódico.

"Las edificaciones públicas suelen disponer de ciertas prerrogativas en estas situaciones", admite un alto funcionario a este diario. Cabe imaginar que una instalación de este tipo que no es -en sí- una construcción al uso, dispone incluso de mayor manga ancha. Sobre esto, el artículo 224 de la Lotup explica que los actos de uso del suelo que sean promovidos por la Administración general del Estado, por la Generalitat o por las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, estarán" sujetos a licencia municipal".

No obstante, según refleja el apartado dos de este artículo, existen excepciones. Una de ellas, la basada en la "urgencia". "Cuando razones de urgencia o excepcional interés público declarado por el Consell así lo exijan, el control preventivo propio de la actuación se sustituye por una consulta al ayuntamiento", explica el texto, que relata además el procedimiento. El ayuntamiento debe notificar "la conformidad o disconformidad" del proyecto: la conformidad da luz verde a la ejecución de las obras y la no contestación, se traduce en un silencio positivo. En caso de disconformidad, la Administración titular del proyecto debe adaptar el contenido.

En esta línea, el diputado del PP y portavoz de Sanidad, José Juan Zaplana, preguntó en octubre a la Conselleria de Sanidad precisamente sobre los permisos de apertura de los hospitales de campaña en Alicante, Castellón y València. La respuesta del departamento que lidera la socialista Ana Barceló menciona varios documentos -que no han sido facilitados- elaborados por arquitectos pero no ratificados por ninguna autoridad técnica municipal que alberga estas instalaciones. 

Sobre esto, en la citada respuesta insisten en que no existe ninguna "norma específica" para estas instalaciones provisionales, que además se han constituido en una situación de emergencia, y puntualizan que los citados hospitales de campaña no están siendo ocupados "con fines de hospitalización".

Más allá de esto, en el texto insisten en diversos proyectos de actividad para licencia ambiental, para la instalación eléctrica y, sobre todo, en los planes de autoprotección firmado por un arquitecto o una empresa. La visita de los técnicos municipales para corroborar la seguridad de las instalaciones, según señalan fuentes de ambas partes, se ha producido, aunque no se ha revelado el contenido del informe que debe existir respecto a las instalaciones provisionales edificadas por la Generalitat Valenciana.

Al margen de todo esto, se sitúa el litigio entre el Consell y la empresa adjudicataria Idat (Hispanovema y Bellcomm), encargada de la tarea del levantamiento y equipamiento de las citadas instalaciones. El primer contrato, de más de cuatro millones de euros, está a punto de finiquitarse por parte de Emergencias (falta el 20% del pago), con lo que la relación contractual estaría concluida. Por otro lado, otro contrato con Sanidad de similar importe es objeto de discusión. La empresa, según distintas fuentes, reclama 2,5 millones más de euros por distintas causas que afectarían a ambos contratos: desde Emergencias se desmarcan y aseguran que su parte está aclarada; desde Sanidad admiten que no están dispuestos a pagar por material que no llegó en el plazo. 

Un poco más de picante para una relación surrealista e inacabada, dado que los mencionados hospitales de campaña ni siquiera se encuentran recepcionados oficialmente ocho meses después de ser construidos y todavía no han sido usados para albergar pacientes. Sobre esto, desde Sanidad insisten que no existe ningún problema para ello, solo que se utilizarán como "último recurso" si la situación lo requiere, dado que se preferirá exprimir al máximo los espacios edificados hospitalarios o adaptados para tal uso.