Intersindical denuncia la inacción de la Generalitat ante la bajada del uso social del valenciano

VALÈNCIA (EP). Intersindical Valenciana denuncia la "inacción" de la Generalitat ante la bajada del uso social del valenciano que recoge la última encuesta publicada por la dirección general de Política Lingüística sobre el conocimiento y la utilización de esta lengua.

Los resultados, dados a conocer esta semana por la administración autonómica, muestran un incremento generalizado en la capacidad de entender el valenciano, hablarlo, leerlo y escribirlo, aunque se aprecia una bajada del uso de la lengua en contextos como en los hogares o con las amistades.

En un comunicado, Intersindical lamenta que el estudio confirma una situación "ya muy conocida desde hace tiempo", ante la que exige medidas reales y efectivas para recuperar y mejorar el uso social del valenciano, con campañas "claras y directas" dirigidas a su recuperación.

Reclama así la inmersión lingüística en valenciano en las escuelas, la reciprocidad del espacio comunicativo en catalán, programas infantiles y juveniles en À Punt y plataformas digitales en valenciano junto a una ley de igualdad lingüística que potencie el valenciano y acabe con las discriminaciones que sufre la comunidad valencianoparlante.

Paralelamente, urge a poner en marcha un pacto social por la lengua y políticas lingüísticas transversales a todos los ámbitos que afectan a la sociedad, como la economía, el urbanismo o el mundo empresarial.

Además de estas peticiones, el sindicato señala que la última encuesta sobre el uso del valenciano se publicó en 2015, "justo el año del cambio de gobierno del PP al Botànic". Según recuerda, la situación "ya era preocupante" ese año "y ahora todavía lo es más" porque se ha reducido en ocho puntos a pesar de que la competencia lingüística en valenciano ha aumentado.

Esto supone, a su juicio, que no hay una transferencia entre el conocimiento lingüístico del valenciano y su uso, "algo que ya se sabía y que esta encuesta solo ha hecho que confirmar".

Encuesta "invisible" en el puente de diciembre

Otras de las críticas de Intersindical es que la encuesta se haya hecho pública en medio de una semana llena de festivos, lo que en su opinión la hará "invisible" para la ciudadanía, así como que "ningún representante del gobierno valenciano, ni siquiera el director general de Política Lingüística --Rubén Trenzano-- haya convocado a los medios para darla a conocer y explicar las políticas que se piensan llevar a cabo para revertir la situación".

Y es que, según denuncia, hasta ahora no se han aplicado políticas efectivas y eficaces para fomentar el uso del valenciano: "Es cierto que hemos recuperado la radio y televisión en valenciano, pero carecen programas infantiles y juveniles. Es cierto que se ha anunciado la competencia lingüística en valenciano para el funcionariado, pero se ha dejado fuera el ámbito de la justicia y la sanidad".

"Se han previsto unas homologaciones de conocimientos de valenciano totalmente desconectadas de la realidad de la enseñanza y sin haber contado con la opinión de los docentes. Es cierto que se ha incrementado el número de cursos en valenciano para el conjunto de la ciudadanía, pero no hay políticas de uso que trasladan este incremento del conocimiento lingüístico a la calle".

En esta línea, Intersindical reconoce que "se han creado estructuras como el Consejo Social de las Lenguas (2018), pero este consejo no ha hecho ninguna propuesta y ni siquiera se lo ha consultado sobre los proyectos de decreto de la acreditación lingüística o de la homologación de esta acreditación por estudios no universitarios", al igual que "se han hecho campañas de promoción del valenciano pero no se sabe qué se ha promocionado y qué resultados ha dado".

Por el contrario, lamenta que se han eliminado líneas en valenciano, no se ha cumplido el compromiso de la reciprocidad entre TV3, IB3 y À Punt, no hay canales o programas infantiles y juveniles ni ninguna política respecto a plataformas audiovisuales como Netflix o HBO y una de cada tres denuncias por vulneración de derechos lingüísticos se producen en las administraciones públicas.