Carlos Fabra, durante una comparecencia en Les Corts. Foto: EFE El expresidente de la Diputación de Castellón simuló el pago de una deuda con un Jaguar que siguió usando seis años después
VALÈNCIA. A raíz de la investigación al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por crear un presunto entramado para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, el juez enumera un total de trece donaciones en virtud de su cargo. El objetivo de toda esta red sería el de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales en el conocido como caso Naranjax. Una actuación que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
Además de esconder su verdadera situación patrimonial para evitar embargos, canalizó fondos de procedencia ilícita, de acuerdo con los investigadores. De hecho, llegó a manejar 2,69 millones de euros en efectivo y movió 26 millones en el banco entre 2007 y 2017 mientras aparentaba una situación de "penuria económica".
El jugado de Instrucción número 4 de Castellón, la Fiscalía y la Policía Nacional señalan que Fabra ha estado percibiendo una "cantidad ingente de fondos no justificados por su actividad declarada". Se trataba, indican, de dinero solicitado directamente por él a particulares, los cuales se lo entregaban en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación Provincial de Castellón (entre 1995 y 2011), secretario de la Cámara de Comercio hasta 2014 y, en todo caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia. De esta manera, los intentaba justificar como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, en la mayoría de los casos sin contrato escrito, ni detalles como causa, sin plazo de vencimiento, sin intereses y sin reclamación.
Anticorrupción los considera cohecho, y como donantes aparecen personas como Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; o Enrique Gimeno, de Facsa.
Uno de esos movimientos se encuentra relacionado con el campo de golf que Fabra cedió al deportista Sergio García en 2013 y cuya investigación judicial fue reabierta el pasado diciembre. Se trató del traspaso del club de golf La Coma –gestionado por Golf Mediterráneo, entonces presidida por el exdirigente del PP–, a la mercantil Golf Borriol –de la familia de Sergio García– a cambio de que asumiera la deuda de cuatro millones de euros que la sociedad había adquirido con Bancaja por un préstamo.
El acuerdo alcanzado por el consejo de administración que permitió la cesión provocó que dos socios liquidadores de Golf Mediterráneo interpusieran una denuncia por posibles delitos societarios contra nueve miembros del consejo (entre ellos Fabra) y la sociedad Golf Borriol. En su opinión, el acuerdo fue adoptado por "mayorías ficticias" y era lesivo para sus intereses porque supusieron que la mercantil de la familia del deportista se apropiara de unos terrenos por tan solo 425.000 euros cuando estaban valorados en 9,6 millones de euros.
En 2009, existe una transferencia de 100.000 euros por parte de los padres de Sergio García al expresidente de la Diputación de Castellón que despierta las sospechas de los investigadores porque tiene una fecha de vencimiento de 2015 y no consta que fuera devuelto. Victoriano García manifestó que se trataba de un préstamo personal. 
Otra de las operaciones que menciona el juez en su auto de procedimiento abreviado es una transferencia de 100.000 euros de una cuenta titulada por la mercantil Ebrogan a otra titulada por Fabra en 2010. Ésta había realizado la construcción de un centro comercial de la cadena Decathlon en el término municipal de Onda.
En uno de los registros a la vivienda del expolítico, la Policía encontró un contrato con opción de compra fechado en ese mismo año entre él y Arturo Beltrán, administrador de Ebrogan –y fallecido en 2014, de manera que la causa no se puede seguir contra él–, sobre tres fincas que se decía que eran propiedad de Fabra. Éstas se encontraban en la Urbanización La Coma, de Borriol, y el contrato venía sin inscripción registral ni referencia catastral. El precio total era de 450.000 euros, entregándose supuestamente a cuenta 100.000 euros.
Dado que, en realidad, esas fincas no eran propiedad de Fabra, el juez cree que el documento fue elaborado para dar cobertura de legalidad al abono de dinero. También que, aparte de la construcción del Decathlon, el expolítico realizó labores de intermediación en favor del administrador de la mercantil. A todo ello, respondería, pues, el pago de los 100.000 euros, simulando un contrato de opción de compra.
El magistrado también da cuenta en su auto de la transferencia de 75.000 euros en 2012 por parte de Salvador Martí Huguet, presidente de la Cámara de Comercio de Castellón entre 1991 y 2013, y otros 50.000 de su esposa. Este, a su vez, cobró en 2013 un cheque de 25.000 euros de una cuenta titulada por el hijo de Fabra con fondos procedentes de las mercantiles Migumi –administrada por Miguel Pérez– y Nerofer –por Fernando Roig–. Martí justificó ante el juez que dio esas cantidades al exdirigente popular por la relación de amistad que tenían y que no recordaba si le devolvió el dinero. Dado que los posibles delitos estarían prescritos, la responsabilidad penal hacia él queda extinguida.
Otros de los pagos que constan son 58.920 euros desde la cuenta del PP de Castellón. El gerente sólo pudo aportar tres facturas por "trabajos y asesoramiento" de la mercantil Asdecas, también vinculada a Fabra, sin que constara documentación acreditativa de que esas labores se hubieran realizado.
Al margen de estos abonos, el juez desgrana el uso de sociedades pantalla y de operaciones muy concretas a través de ellas. Una de ellas está relacionada con Sipcas, manejada por su hijo Borja y que, según el magistrado, fue constituida con el propósito de canalizar entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 un total de 232.897 euros procedentes de la mercantil Becsa (antigua Lubasa), administrada en ese momento por Luis Enrique Batalla. En este caso, tras la petición de la Fiscalía, el juez ha acordado el sobreseimiento de la causa para Batalla, ya que considera que no participó en la simulación.
Los fondos procedentes de Becsa fueron ingresados a través de tres transferencias en Sipcas y, una vez recibidas, fueron seguidas de otras tres a favor de cuentas de Fabra, lo que se justificó ante la Agencia Tributaria como un préstamo. Posteriormente, declaró su devolución en 2013 mediante la transmisión a Sipcas de siete vehículos propiedad de él y valorados en 79.000 euros como dación en pago de deudas. Esa operación fue, sin embargo, "falaz" para el juez, dado que el expresidente de la Diputación de Castellón incluso continuó siendo usuario de uno de esos vehículos, marca Jaguar, al menos hasta 2019: es decir, seis años después de la supuesta transmisión.
