VALÈNCIA. (VP). La Audiencia Nacional ha condenado por el blanqueo del dinero de las mordidas del caso Emarsa al cerebro de la trama, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, y a sus cómplices el empresario Vicente Gil Usedo y sus dos hijos, Vicente y Yolanda Gil Blay.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, condena a Roca como "autor criminalmente responsable" de un delito de blanqueo de capitales, con el atenuante de confesión tardía, a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a una multa de 913.568,50 euros con tres meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Igualmente condena a los acusados Vicente Gil Usedo, y sus hijos Vicente y Yolanda Gil Blay, como autores criminalmente responsables de un delito de blanqueo de capitales, sin atenuantes, a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la de multa de 913.568,50 euros, con imposición de las costas procesales a los cuatro acusados, incluyendo las causadas a las entidades EPSAR y EMSHI.
Por vía de responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar con 913.568,50 euros, con el interés anual incrementado en dos puntos contados a partir de la sentencia, a las dos empresas públicas de saneamiento de aguas afectadas: la Epsar, que es de la Generalitat, y la Emshi, sucesora de la antigua Emarsa, al 55% y 45%, respectivamente.
La sentencia acredita como probado el modus operandi del caso, según el cual, los responsables de Emarsa, de su socia Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), y de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar) que se constituyó en su principal fuente de financiación, "diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos de los que Emarsa disponía para el ejercicio de su actividad", informa Europa Press.
En el caso de Roca Samper, participó en este plan con cuatro empresas Etwas Eigentlich SL, Erwinin SL, Zonday Investments SL y Printergreen SL. Según recoge la sentencia, estas empresas "fueron interpuestas en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados, de tal forma que Emarsa abonó finalmente a las citadas empresas, por la gestión de lodos y desbastes, una cifra que en cualquier caso superaba en diez millones de euros lo que costaba el servicio que efectivamente le era prestado".
Asimismo, las investigaciones constataron que "ninguna de las sociedades administradas por Roca Samper no tuvo medios, ni humanos, ni materiales, ni financieros, para desplegar las supuestas actividades económicas que a las mismas se atribuye por terceros receptores de facturas en cuyos membretes se consignan los nombres de las distintas entidades".
La mecánica para realizar el blanqueo, según la resolución, "era siempre la misma": los fondos públicos se recibían en una cuenta de Printergreen SL, "estos eran traspasados en una parte muy considerable y en un intervalo muy corto de tiempo a una empresa denominada Walnut Grove LTD", constituida por Roca Samper en Malta.
"El siguiente paso consistía en transferir la práctica totalidad de estos fondos a cuentas de las que disponía el imputado en entidades bancarias andorranas, titularidad de dos empresas extranjeras que fueron adquiridas por este a principios del año 2009, Acte SL y Hesse Darmstadt Inc", señala la sentencia. Una vez completado este paso, el dinero se reintegraba en efectivo, en parte a Roca Samper, y en parte a Gil Usedo y sus hijos, para su posterior traslado hasta la Comunitat Valenciana.
Mediante este sistema, la sentencia considera probado que Roca Samper realizó movimientos de dinero público obtenido de Emarsa en nueve ocasiones entre agosto de 2009 y noviembre de 2010. Todos los ingresos que recibían las empresas españolas de Roca Samper por parte de Emarsa superaban los 100.000 euros.
La Generalitat, a través de la Abogacía, ha conseguido recuperar gracias a esta sentencia casi un millón de euros del dinero saqueado en esta empresa pública en la etapa anterior, que es la responsabilidad civil que tendrán que abonar el empresario y sus hijos.
El director general de Relaciones con les Corts, Antonio Torres, de quien depende la recuperación del dinero público de la corrupción, subrayó que el Consell “no va a cejar en su batalla para que los valencianos recuperen todo el dinero que se robó en una etapa funesta y que, afortunadamente, se ha dejado ya muy atrás”.