Imagen del último pleno celebrado este martes en la Diputación de Valencia.El jefe jurídico advierte a los consejeros de la empresa pública del deber de confidencialidad en mitad del cuestionado proceso de selección de RRHH
VALÈNCIA. La nueva polémica en la empresa pública Divalterra y las tensiones que se viven en el seno de la Diputación de Valencia por estos hechos han provocado una reacción por parte de algunos responsables de la corporación que preside Toni Gaspar. Podría haber sido la de la transparencia, a la que se destinan más de dos millones de euros en el capítulo de gastos de 2020/21, pero parece que se ha preferido tender a la 'ley del silencio'.
Dos son los ejemplos recientes. Por un lado, diversas fuentes señalan que el pasado martes, cuando se celebró el Consejo de Administración de Divalterra que quedaba pendiente de convocar, se trasladó a los consejeros un documento en el que se advertía del cumplimiento de la confidencialidad. Firmado por el director de los Servicios Jurídicos, Prevención de Riesgos Penales y Transparencia, José Luis Vera, y avalado por la delegada de protección de datos, en él se avisaba de los deberes de lealtad, confidencialidad y secreto a los que obliga la ley de sociedades de capital, por la cual se rige la empresa pública.
No ha sido menor la sorpresa que ha generado esta comunicación, sobre todo debido al momento escogido para realizarla, en mitad de las actuaciones bajo lupa en el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos y con una investigación abierta en la Agencia Antifraude al respecto.
Según fuentes oficiales de la Diputación, únicamente se trata de "una propuesta" de Vera, a raíz de un informe de la delegada de protección de datos, para implantar "mejoras en la gestión de la protección de datos de carácter personal y en materia de seguridad de la información". Pero la motivación ya es cuestionada.
En una situación similar se ha encontrado el grupo Ciudadanos. Recientemente, preguntó por escrito acerca de la comisión de servicios solicitada por parte de la corporación en enero del año pasado para contratar a José Fambuena en la Diputación. Un dato relevante, dado que se trata del aspirante que quedó en segundo lugar en el proceso de selección de RRHH que se celebró seis meses después y recurrió, tras lo cual el presidente de Divalterra intentó frenar la contratación de la ganadora.
La respuesta oficial a la formación naranja va acompañada de otro aviso: que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que los miembros de la corporación tienen que guardar reserva sobre las informaciones que se le faciliten para hacer posible el desarrollo de su función.
A ello se añade que hace dos semanas tanto el PP como la representante del CSIF en Divalterra solicitaron el acceso al expediente de todo este proceso. A ambos se les dio cita un día determinado, según diversas fuentes, pero llegados al momento de la consulta se les negó por orden del presidente de la empresa, que lo justificó en que había de autorizarlo Vera.
