Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Abril de 2016. La propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos -Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)- se encontraba en plena negociación. Un acuerdo que a día de hoy sigue sin existir, pero que cubriría el comercio entre las economías de UE y EEUU, que representan el 60% del PIB mundial, y que afectaría a casi la totalidad de los sectores.
Sus defensores y detractores, salieron de debajo de las piedras entonces. Y ante una situación desconocida, muchas preguntas. Entre ellas, una planteada por Podem en Les Corts Valencianes al president de la Generalitat, Ximo Puig, en una sesión de control en mayo de ese mismo año: ¿Tiene previsto el Consell cuál será el impacto sobre la economía valenciana?
Era casi el inicio de la legislatura. Al jefe del Ejecutivo valenciano todavía le quedaban tres largos años de debates y negociaciones con sus socios críticos del Botànic, y la presión del grupo parlamentario que entonces lideraba Antonio Montiel era mayor a la que posteriormente ha empleado su sucesor en el puesto, Antonio Estañ si se compara con sus intervenciones este último año. No en vano, Puig se comprometió entonces a encargar un informe a las universidades públicas valencianas para que valorasen el impacto económico y social que tendría la entrada en vigor del TTIP en la Comunitat.
Casi tres años después, aquel informe, que según Puig tendría carácter "permanente, actualizado" y analizaría las negociaciones "opacas" que se estaban produciendo, sigue sin conocerse. En Podemos, aseguran, no saben si la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler -que según el jefe del Consell debía determinar qué universidades y departamentos participarían en su elaboración- llegó a encargarlo. Aunque el acuerdo todavía no sea una realidad, la formación morada seguirá insistiendo en este tema en los siguientes plenos.
Meses después del aquella promesa, el grupo que ahora dirige Estañ continuó con su lista de peticiones en cuestiones similares. En septiembre de 2016 Les Corts Valencianes aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el diputado Daniel Geffner en la que solicitaba que el grupo constituido para estudiar las consecuencias del TTIP, extendiera su investigación al CETA -tratado de libre comercio entre Canadá y la UE- en los distintos sectores de la economía y sociedad valenciana.
A la vista de que aquellas conclusiones pudieran seguir la misma suerte que las del TTIP, la formación morada reclamó el resultado del trabajo de aquella comisión en un pleno de Les Corts un año después de la aprobación de aquella PNL. La fecha elegida para ello fue importante, no se hizo al azar, pues aquel toque de atención llegó cuando Puig se encontraba de misión comercial en Canadá junto al conseller de Economía, Rafa Climent, la Cámara de Comercio y diversos empresarios con el objetivo de afianzar la presencia valenciana en el país y buscar nuevas oportunidades de negocio.
La PNL, no obstante, tenía más puntos: el primero, instaba al Consell a que a su vez instara al Gobierno de España a no ratificar el acuerdo del CETA sin los informes que evaluaran las repercusiones sobre los principales sectores económicos industriales; el segundo, pedía al Gobierno valenciano que solicitara al Ejecutivo central el análisis de los efectos de cualquier aplicación provisional para "exigir que la Comisión Europea" tuviera que esperar "hasta que todos los procedimientos nacionales de ratificación se llevaran a cabo, antes de una entrada en vigor del acuerdo"; por último, requería que el Botànic reclamara al Gobierno central que entonces presidía Mariano Rajoy el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del CETA con los tratados europeos.
Una lista de peticiones que sirvieron para que la Conselleria de Economía contestara por escrito a la formación que había remitido al Ministerio de Economía todas estas peticiones aprobadas en pleno y que, por tanto, el trabajo se había cumplido y se daba por "finalizado el seguimiento del mismo".
No obstante, si bien la respuesta del departamento de Climent satisfacía los tres puntos con demandas al Gobierno central, no lo hacía respecto al único referido al Consell: el informe de universidades valencianas. A pesar de que Podem ha reclamado en más ocasiones ambos trabajos, tan solo ha obtenido por respuesta que se habían producido avances en el segundo informe. De momento, la formación volverá a pedir los resultados en los próximos plenos.
