Las macrocausas políticas se pagarán con hasta 3.000 euros a los abogados del turno

VALENCIA. La Comunitat anda sobrada de macroprocedimientos penales, ya sean de índole política o económica, que conllevan una mayor complejidad y duración. Si bien hasta la fecha estas causas se pagaban en igualdad de condiciones al resto de procesos, a partir de entrar en vigor el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita estarán especialmente retribuidas: en concreto un abogado adherido al turno de oficio recibirá hasta 3.000 euros por cada una, lo que convierte el servicio en el mejor retribuido.

Para tener tal consideración las causas deberán cumplir una serie de características (materia, territorio, personas implicadas…), refrendadas por un informe del Colegio de Abogados y de la Dirección General de Tributos. Si solo cumplen parcialmente algunos supuestos (más de 5 vistas, más de 10 partes…), entonces se valorarán en 750 euros.

Es una de las consecuencias inmediatas de la nueva normativa que la Generalitat ha promulgado para regular los turnos de oficio de los sectores judiciales. Se trata de una de los grandes promesas del Gobierno valenciano a los colegios profesionales, y el primero de los compromisos cumplidos tras el Seminari de Sagunt. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha sido la encargada de presentar el proyecto ante los medios, previamente a que sea aprobado este viernes por el pleno del Consell. Tal y como se había negociado con los colectivos implicados, el nuevo decreto actualiza los baremos de compensación económica existentes e incluye nuevos conceptos no contemplados por la caducidad del anterior.

La memoria del Consell para 2017 CONTEMPLA 27,5 millones PARA EL TURNO DE los abogados y 4,35 PARA LOS procuradores

En palabras de Bravo, se trata de “una actualización necesaria tras 15 años desde la última norma”, tiempo en el que ha habido diversas reformas legislativas. En este sentido, al aumento de las retribuciones por servicios prestados, cabe sumar el compromiso de la Generalitat de que será “puntual” en los pagos a los profesionales dentro de los plazos establecidos a tal efecto. Actualmente los abonos se han agilizado y se realizan de manera trimestral.

De esta manera, en jurisdicción penal, la asistencia ordinaria al detenido se pagará a 60 euros, mientras que un servicio de guardia de hasta 6 asistencia se valorará en 150. Los procedimientos irán de 220 a 440 euros, mientras que los juicios estarán entre 100 y 660. En el ámbito civil, el procedimiento ordinario dictada la sentencia de contestación se valorará en 220, que es la misma cantidad a abonar en un contencioso de familia.

No es una cuestión banal en términos económicos. La memoria del Consell para 2017 aumenta un 30% el presupuesto para turnos de oficio, hasta llegar a los 27,5 millones de euros en el caso de los abogados y a los 4,35 millones en los procuradores. Además, se destina otro millón de euros específico para la potenciación de los SOJ que atenderán a colectivos dependientes, pese a que esta cantidad no aparecía en los presupuestos.

Dependientes, inmigrantes y presos

La segunda motivación para promulgar esta norma es ampliar las coberturas sociales de la Justicia Gratuita. Es por ello que la Comunitat contará con nuevos Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) para inmigrantes, discapacitados y presos, desde donde se ofrecerá asesoramiento sobre cuestiones laborales, asilo o residencia. Para el resto de usuarios que no estén en esta situación, el límite de renta anual a la hora de recibir cobertura jurídica gratuita se fija en 12.780 euros, ampliables hasta 31.550 euros (el quíntuplo del IPREM) en el resto.

El decreto también incluye modificaciones en los trámites burocráticos a fin de lograr una mayor eficacia. Es por ello que no solo se simplifica la documentación y se normaliza el expediente telemático, sino que se plantea que el cliente de un permiso a los Colegios de Abogados para que puedan realizar consultas sobre patrimonio. Los órganos profesionales, además, podrán crear un servicio orientación jurídica específico para asistir profesionalmente a estas personas en todos los procedimientos judiciales.