Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se arriesga a perder 8 millones de euros de ayudas europeas para el barrio del Cabanyal por la baja ejecución de las obras y programas previstos. La sanción, que debe ejecutar el Ministerio de Hacienda, es de carácter potestativo y se encuentra a la espera de que se conforme el Gobierno estatal y de que se nombren los altos cargos dependientes de la mencionada cartera.
Fuentes conocedoras del procedimiento han explicado a este diario que en Hacienda se encuentran "esperando a que se forme Gobierno antes de tomar alguna decisión". Se trata, concretamente, del programa EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), financiado por los fondos europeos Feder gestionados a través del Ministerio de Hacienda. El programa dedica a la ciudad de València 30 millones de euros, la mitad de los cuales proceden de la Unión Europea.
Ocho de ellos están en riesgo por la baja ejecución del consistorio del 'cap i casal'. El propio concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana, admitió el pasado mes de diciembre que sólo se habían ejecutado el 3% del total, pese a que el Ministerio exigía que finalizado el año 2019 estuvieran gastados el 30% de los fondos.
Pese a que no se trata de un caso aislado en España -no son pocos los Ayuntamientos que se encuentran en la misma situación-, el departamento del Gobierno central podría ejecutar la penalización de recortar en 8 millones de euros del programa para dedicarlos a otros programas, dado que no se han utilizado en el consistorio. Ahora bien, para ello será necesario que se haya conformado el Ejecutivo central.
Los nombres de las personas que dirigirán los 22 ministerios se darán a conocer oficialmente este domingo -ya se ha adelantado que María Jesús Montero seguirá al frente de Hacienda-. Ahora bien, lo cierto es que el seguimiento más directo de este programa corresponde, dentro e Hacienda, a la Dirección General de Fondos Comunitarios, situada en el tercer escalón del gobierno
De este modo, lo previsible es que, hasta que no se consume el nombramiento, no se tome una decisión determinante al respecto. Lo único seguro hasta el momento es que, tanto si hay manga ancha en el Ministerio como si se acude a una determinación de mayor severidad, la penalización debería afectar de la misma manera a los municipios que se encuentren en una situación similar.
Sin ir más lejos, el pasado verano, el Ministerio de Hacienda ya advirtió a todos los municipios con exiguos datos de ejecución, recordándoles de la posible sanción que podría imponer al no alcanzar el 30% del gasto total. La misiva era del entonces subdirector general de Desarrollo Ubrano, uno de los departamentos que dependen de la mencionada Dirección General, y señalaba que era "perfectamente consciente de todas las dificultades existentes para alcanzar estos objetivos" pero que si no se cumplía con el grado de gasto fijado, el dinero que no se hubiera gastado "se pierde, lo que obligaría a descontar los fondos disponibles".
La baja ejecución es, según incidió Galiana hace un mes, "algo que ocurre en muchas otras ciudades en esta primera convocatoria Edusi por parte del Ministerio de Hacienda en la que todos hemos sido un poco conejillos de indias". En esta línea, el edil de València se mostró, a este respecto, confiado con que el ejecutivo no diera curso al castigo pese a que el consistorio se encuentra muy lejos de la meta fijada por las proyecciones iniciales.
Son múltiples los motivos que adujo el munícipe para justificar esta desoladora fotografía en cuanto a la ejecución presupuestaria. Por un lado, el plan EDUSI emanó de un proceso de participación ciudadana -Va Cabanyal!- en el que intervinieron vecinos, asociaciones y plataformas del barrio, pero que olvidó el criterio de los servicios municipales y de los diferentes concejales, lo que provocó que muchas de las iniciativas no contaran con un proyecto técnico detrás que avalara su viabilidad.
En ese sentido, no son pocos los proyectos que se han revelado como imposibles de hacer realidad. Hay partidas que no se pueden ejecutar por motivos legales: por ejemplo, que el solar en el que se había previsto construir una dotación, no sea de propiedad municipal. Y por otro lado se encuentran aquellas líneas que la Unión Europea no puede financiar, como son programas de ayudas y subvenciones al comercio de la zona.
Asimismo, Galiana admitió que durante el pasado mandato el equipo de gobierno, conformado por Compromís, PSPV y València en Comú (Podem), no se enfrentó al programa con la diligencia precisa y alegó la dificultad de integrarlo en el conjunto de actuaciones previstas para cada concejalía. En este sentido, y también debido al cambio de criterios por parte del Gobierno central para los proyectos, desde que empezara a aplicarse el Edusi, entre 2016 y 2017, se ha avanzado más bien poco.