El soterramiento de las vías de Burjassot-Godella vuelve a pleno municipal

VALÈNCIA. El Grupo Popular de Burjassot ha presentado una moción al Pleno de la Corporación, con el objetivo de reactivar las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para el soterramiento de las vías del metro en el tramo comprendido entre Burjassot y la estación de Godella. 

"La finalidad de esta infraestructura ferroviaria era y es mejorar la calidad de vida de los vecinos de Burjassot y garantizar su seguridad", explican desde el Partido Popular. La peligrosidad de los pasos a nivel existentes en superficie, sobre todo, el de la estación de Burjassot-Godella se debe a su alto tránsito por su ubicación estratégica en el centro del municipio y por la proximidad a un hipermercado de gran afluencia de clientes. De hecho, el tramo del paso a nivel de Burjassot-Godella es considerado como “punto negro” por su alta peligrosidad.

El soterramiento de este paso a nivel es lo que denominan la "fase 2" de un proyecto que actualmente está en curso y que comprende el tramo de Empalme.  Sin embargo, estas actuaciones no corresponden al soterramiento de las vías, sino la eliminación de puntos kilométricos de pasos a nivel. El proyecto inicial, que data de hace más de 15 años, fue iniciativa de la Generalitat Valenciana durante la gestión del anterior equipo del Partido Popular. El plan quedó paralizado durante más de una década y fue retomado por el gobierno del Botànic, el cual se comprometió a finalizar esta primera fase.  

Las actuaciones propuestas para soterrar las vías implicarían varios desafíos en esta ubicación específica. La necesidad de duplicar la vía para garantizar la continuidad del servicio durante las obras presenta una dificultad importante, en especial dada la densidad de fincas en el área circundante. Las actuaciones deberían plantear una alternativa arquitectónica que cumpla, a su vez, con las regulaciones que se han implantado desde el inicio de esta propuesta, entre las que se incluye el nuevo plan general.

Además, la reciente instalación de colectores en la zona de Lauri Volpi, como parte del proyecto del Barranc dels Frares, es un obstáculo añadido. Estos colectores subterráneos recogen las aguas que llegan a la zona desde Godella, Rocafort y otros municipios limítrofes y que provocan inundaciones el conocido como “Camp del Cigronet”. Ante estos obstáculos, la Conselleria descartó el soterramiento de las vías. De hecho, Jordi Sebastián, exalcalde de Burjassot presentó este proyecto y fue la propia Isabel Bonig —por aquel entonces consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient— quien consideró inviable con el presupuesto municipal de Burjassot.

José María Caballero, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, ha vuelto a poner sobre la mesa este debate, basándose en un protocolo de colaboración firmado en 2007 entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Burjassot para el soterramiento de la línea 1 de FGV en el municipio. Según este protocolo, ambas administraciones se comprometían a financiar conjuntamente la obra, estimada en 90 millones de euros, con la contribución del Ayuntamiento mediante la urbanización de 70.000 metros de terreno.

Desde la agrupación política admiten que la finalización de las obras de urbanización de la superficie sobre las vías soterradas de Empalme “ha mejorado la calidad de vida de los vecinos de dicho barrio”. Sin embargo, el Partido Popular de Burjassot reclama que “sigue pendiente la realización por la Generalitat Valenciana de la fase 2 del proyecto de soterramiento de las vías”, es decir, las actuaciones abarcan el tramo desde la Estación de Burjassot hasta la Estación de Godella, lo que consideran.

A pesar de estos avances, el Grupo Popular reclama la realización de la fase 2 del proyecto, que abarca el tramo entre la Estación de Burjassot y la Estación de Godella, la que consideran “una fase tan importante y necesaria como la fase 1”. Con este escenario, el debate sobre el soterramiento de las vías del metro en Burjassot continúa en el centro de la agenda política local, en respuesta a las demandas históricas de los vecinos. Aunque la moción no podrá ser debatida en el próximo pleno municipal del 27 de febrero debido a que se presentó fuera de plazo, se espera que sea discutida en el pleno de marzo.