Los tutelados en viviendas de salud mental siguen sin ser prioritarios para Sanidad en la vacunación

VALÈNCIA. Las personas que residen en viviendas tuteladas de atención a la salud mental en la Comunitat Valenciana continúan sin recibir la vacuna contra la covid-19 porque la Conselleria de Sanidad no lo considera un grupo de riesgo, al sostener que no forman parte del grupo 1 de vacunación (residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de mayores y de atención a grandes dependientes).

Los profesionales que los atienden en estas viviendas recibieron su primera dosis esta semana y volvieron a reclamar que se vacune antes a los enfermos mentales a los que atienden, como ya hicieron a finales de febrero cuando un grupo de trabajadores se negó a ponerse la vacuna en señal de protesta. Este jueves, los trabajadores del proyecto social Sennda decidieron vacunarse, excepto su director, David Taroncher, que comunicó a los responsables del centro de vacunación su decisión y su disconformidad por el caso omiso que ha hecho el departamento que dirige Ana Barceló a sus reivindicaciones desde hace dos meses.

"Como dijo la consellera, el capitán se vacuna el último", afirmó en declaraciones a Valencia Plaza. Según explicó, "una vivienda tutelada es un recurso residencial, como una residencia, pero se denomina así porque tiene menos de siete plazas". Allí atienden a personas vulnerables con enfermedad mental crónica o trastorno mental grave con diferentes grados de dependencia. "Se está vacunando a perfiles profesionales que no son personas vulnerables", lamentó, y recordó que los residentes en sus viviendas tienen un máximo de 65 años, por lo que podrían recibir la vacuna de AstraZeneca. "Son menos de 500 personas, no es verdad que falten vacunas, es un problema de gestión".

Al no estar incluidos en el grupo 1, los enfermos mentales en viviendas tuteladas no constan como colectivo en la Estrategia de Vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, que va por su quinta actualización. Si no se corrige, estos enfermos se vacunarán cuando les toque por edad.

"Sale Errejón hablando de la salud mental en el Congreso y todos a tuitear, pero luego a nadie le importa . ¿Nos creemos lo de la salud mental o es solo un tuit y unas camisetas?", se pregunta Taroncher.

Taroncher recuerda que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra remitió de manera formal a la de Sanidad, el pasado 10 de febrero, una solicitud para que se incluyera a estos dependientes en el primer nivel de prioridad, pero Sanidad hizo caso omiso. "No entiendo que la consellera de Igualdad no llame a la de Sanidad y le diga que lo tiene que solucionar", afirmó. 

También la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) mostró el pasado miércoles "su absoluto rechazo" a esta situación.

Aerte criticó que se haya vacunado en algunas de estas viviendas, "cuando se encontraban dependiendo de un centro residencial o en función del departamento de salud al que corresponden, lo que ha generado aún más confusión en el sector por la falta de homogeneidad en los criterios que se han aplicado".

El presidente de Aerte, José María Toro, recordó que llevan "más de dos meses insistiendo en este tema sin que la Consellería de Sanidad haya dado ninguna solución".  Aerte calcula en unas 500 personas de estas residencias, como máximo, las pendientes de vacunar, "por lo que no parece que sea por un problema de suministro por parte de los laboratorios sino por una decisión de carácter político". En este sentido, la asociación planteó una queja al Síndic de Greuges e informó a Fiscalía.

"A pesar de la comunicación dirigida el pasado 3 de marzo a la directora general de Salud Pública y Adicciones, Ofelia Gimeno, exigiendo la vacunación inmediata de estos grupos prioritarios, no sólo no hemos recibido respuesta, sino que la propia Consellería está llevando a cabo la vacunación de colectivos con un nivel de prioridad inferior según el protocolo de vacunación y la propia estrategia del Ministerio de Sanidad, como los docentes. Esta situación nos parece intolerable. Parece que se esté vacunando en base a criterios de grupos de presión más que a criterios estrictamente sanitarios", concluyó Toro.