VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de València ha empezado a comunicar las primeras órdenes de "cierre inmediato" y cese de actividad de los apartamentos turísticos que fueron sancionados por la Policía Local dentro de la campaña de inspecciones.
Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en el pleno municipal de abril, en respuesta a una moción de Compromís para instar a regular los pisos turísticos y a controlar el precio del alquiler en la ciudad.
En lugar de esta propuesta ha salido adelante una alternativa del equipo de gobierno (PP-Vox) en la que se compromete a continuar con los estudios y trabajos para regular el uso de los apartamentos turísticos, así como a modificar el planeamiento urbanístico para restringir esta actividad "con seguridad jurídica y una normativa bien definida" y a seguir con el plan de inspecciones.
En su réplica a Compromís, el edil de Urbanismo ha subrayado que "desde ayer, la Policía Local no está notificando multitas, sino órdenes de cierre inmediato", y ha rechazado adoptar "medidas 'yupi' que no sabe qué efectos van a tener".
"Estamos intentando establecer unas reglas del juego claras con seguridad jurídica", ha subrayado, y ha vuelto a criticar la falta de actuación al respecto por parte del anterior gobierno del Rialto.
Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha urgido al Ayuntamiento a "poner orden" ante la "invasión" de pisos turísticos en la ciudad, sin esperar a modificar el planeamiento urbanístico.
"Esto hay que pararlo", ha recalcado, y ha afeado a la alcaldesa, María José Catalá (PP), que dé "largas" al respecto cuando "están aflorando apartamentos turísticos en cada calle, en cada portal".
Como portavoz adjunto del PSPV, Borja Sanjuán ha apoyado la propuesta de Compromís y ha reprochado a Catalá que se comprometa a actuar ahora que "resulta que Madrid hace algo" con los pisos turísticos.
Además, ha lamentado que haya familias en València que "saben que tendrán que irse de su vivienda" cuando se les acabe el alquiler porque no les prorrogarán el contrato.
En este sentido, y en una reunión de la Comisión de Ocio y Turismo, en la que participan las distintas asociaciones vecinales de la ciudad, la Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha reclamado inspecciones y ha insistido en la moratoria para detener la "avalancha" de apartamentos turísticos que "inunda" la ciudad, una situación que ha advertido de que es "totalmente insostenible".
Además de la modificación del procedimiento sancionador actual, han propuesto la creación de un registro público de alojamiento turístico, así como de un informe y revisión de los criterios de concesión de las licencias de compatibilidad urbanística. También han señalado la necesidad de tener conocimiento del número de hoteles y apartamentos turísticos y su distribución por la ciudad.
En el pleno, y también en el apartado de mociones, se ha decidido con el sí del gobierno que el Ayuntamiento "fomente y proteja los espacios peatonales y continúe poniendo los medios para ello sin perjuicio de otros intereses implicados de los usuarios de los diferentes modos de transporte".
Esto ha salido adelante tras prosperar la moción alternativa que el edil de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), ha presentado a la planteada por el PSPV para reclamar la protección de las zonas peatonales. La moción del ejecutivo ha contado con el no de los dos grupos de la oposición, el socialista y Compromís.
El PSPV pedía "el mantenimiento de todos los espacios peatonales recuperados, sin revertir sus usos para facilitar de nuevo el tráfico", que se pongan "los medios de control adecuados" y que se "priorice la vigilancia del estacionamiento indebido en las zonas peatonales".
En este punto ha intervenido un miembro de la asociación vecinal Arrancapins La Petxina, que ha defendido la supermanzana implantada en esta zona por el anterior gobierno de PSPV y Compromís y ha negado que sea "un fracaso". Este ciudadano ha solicitado el mantenimiento de ese modelo; mejoras en él porque "garantiza reducción de la contaminación ambiental y acústica" y favorece la "vida de barrio"; y medidas para garantizar el aparcamiento regulado de vecinos.
La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha defendido también las supermanzanas y otras iniciativas impulsadas en el mandato anterior para ganar espacio en favor del ciudadano". Por parte de Compromís, Giuseppe Grezzi ha censurado que el ejecutivo actual tenga "paralizados" o "dejados de lado" proyectos del anterior en favor de "la calidad de vida" y "la seguridad vial".
En respuesta y sobre el aparcamiento en zonas de la supermanzana de Petxina, Carbonell ha dicho que "no se trata de multas, sí de infracciones" y ha señalado que "cuando la gente no tiene otra alternativa infringe". "La gente necesita soluciones", ha remarcado, a la vez que ha expuesto que el anterior gobierno no las dio. Ha considerado también que en Petxina se debe mejorar la señalización.
Además ha salido adelante, también con el sí de PP y Vox y el no de Compromís y PSPV, una moción alternativa del edil de Urbanismo, Juan Giner (PP), a la de los socialistas en favor del impulso de los proyectos urbanísticos de modernización de los barrios.
A propuesta del ejecutivo se ha decidido que "los proyectos urbanísticos, ya sean en el marco de los presupuestos participativos o con asignación económica directa a los servicios gestores, ejecuten su desarrollo en su conjunto y complementariamente en base a la libertad del ciudadano para desplazarse por la ciudad". Giner ha defendido la libertad de cada uno para elegir el medio de transporte y ha descartado "criminalizar formas de movilidad".
El acuerdo contempla también que "la escucha activa, la participación y el diálogo con los vecinos, asociaciones, comerciantes y entidades, sin exclusión alguna, sea elemento previo y necesario al abordar cualquier proyecto, así como las consecuencias del mismo y sus posibles alternativas de solución".
Además, se incluye que "los proyectos urbanísticos sean analizados técnicamente en profundidad y no solo desde el marco de ideas antes de proceder a su ejecución" para "optimizar los recursos económicos y atender las necesidades y peticiones de los ciudadanos, así como los posibles efectos secundarios que pudieran generarse".
En materia de seguridad, el pleno ha acordado "continuar dándole carácter prioritario al servicio que presta la Policía Local de València, mediante la optimización de sus recursos" y "para garantizar el mayor número de efectivos en los barrios y calles", así como "el incremento de su plantilla". Asimismo, se ha decidido impulsar una ordenanza de convivencia "que contribuya al cumplimiento de los fines de este servicio".
Esta propuesta se ha aprobado a partir de la moción alternativa que el gobierno ha presentado a la planteada por Compromís "para incrementar la seguridad ciudadana y la convivencia en València".
Jesús Carbonell, también edil de Seguridad, ha dicho que la alcaldesa cumple con el compromiso de incorporar más de 200 agentes en 2024 para aumentar la seguridad en las calles. Igualmente, ha expuesto que los datos de seguridad en la ciudad no son "tan negativos como la izquierda quiere hacernos creer".