Valencianos afectados por la ludopatía: un 60% más que hace cinco años y más jóvenes

VALÈNCIA. El proyecto de Ley del Juego de la Comunitat impulsado por el Consell se asienta sobre dos pilares fundamentales: la protección de menores ante el auge de la ludopatía en la autonomía y el fomento de acciones para combatir esta patología a través de las recaudaciones por sanciones. Dos cuestiones que cobran especial relevancia si se tienen en cuenta los datos que arroja el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), un listado estatal donde figuran aquellas personas que deciden, voluntariamente, vetar su acceso a actividades de juego online y locales como bingos y casinos, y en el que el número de jóvenes aumenta constantemente. 

En la Comunitat, el total de personas registradas alcanzaba las 1.618 en 2013. Cinco años después la cifra ha crecido más de un 62% hasta ubicarse en 2.628, un dato que reúne al 6% de los inscritos a nivel nacional y que, además, sitúa a la autonomía valenciana como la quinta región con mayor número por detrás de Andalucía, Madrid, Aragón y Cataluña. Las estadísticas, proporcionadas por la Dirección General de Ordenación del Juego, detectan también un repunte generalizado de las altas de jugadores entre 18 y 25 años en España. En 2012 representaban el 11,2% del total, mientras que en 2018, solo seis años después, se sitúan muy cerca del 20%. 

Este es un escenario que también se replica en la Comuntiat, como bien atestiguan los expertos. "Clásicamente, los jugadores patológicos venían acompañados por su pareja. En la actualidad lo hacen, cada vez más frecuentemente, por sus padres". Así lo confirma Antonio Castaños, psicólogo sanitario y director del centro de día para la prevención y tratamiento de las personas afectadas por el juego patológico Vida Libre de Alicante. Como él mismo comenta, por primera vez en tres décadas de atención a personas con ludopatía "el número mayoritario de ellos se ha encontrado entre los 16 y los 30 años".

Con estos mimbres, los inscritos que pertenecen a grupos de edad inferiores a los 36 años son cada vez más en el RGIAJ, mientras que en el resto de segmentos de población el porcentaje sobre el total es menor al de hace un lustro. Muestra de ello son las personas registradas de entre 46 y 55 años, que en 2015 dejaron de ser el tercer grupo más numeroso para ceder ese puesto, precisamente, a las personas de entre 18 y 25 años. Este último perfil, tal y como reconoce Castaños, "tiene mayor nivel de estudios; gasta y se endeuda más rápidamente, arrastrando deudas impagables en un alto porcentaje".

No es de extrañar, por tanto, que muchas de las enmiendas a la Ley de Juego presentadas por los grupos parlamentarios de Les Corts establezcan normas para proteger a los más jóvenes, como las relacionadas con la distancia que deben respetar las nuevas salas de apuestas respecto a los centros escolares. De hecho, es habitual que un número importante de los atendidos por problemas de ludopatía haya comenzado apostar cuando todavía no superaba la mayoría de edad.

Sanciones y juego online

En este sentido, una de las principales novedades respecto a la anterior ley de 1988 que incluye el Botànic II en el nuevo texto legal es el refuerzo de las medidas dirigidas a impedir el acceso de menores de edad a los salones de juego. Así, plantea la obligatoriedad de que cada establecimiento cuente con un servicio de admisión. Es decir, con un vigilante que solicite el DNI u otro tipo documento que permita identificar a cada persona que quiera entrar al salón. 

La anterior ley tan solo exigía controles de acceso en determinadas zonas de los salones. En concreto, aquellas en las que existieran máquinas que ofrecieran premios de 3.000 euros. Sin embargo, no lo reclamaba en las puertas de entrada. Asimismo, también se impedirá el acceso a quienes presenten síntomas de embriaguez o figuren en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana. 

En caso de incumplirse estas restricciones, esto es, si se permite el acceso a los locales de juego a cualquier persona que lo tenga prohibido, la ley contempla distintos tipos de sanciones para los propietarios: graves o muy graves. En el primero de los casos, podrían enfrentarse a multas desde los 601 a los 6.000 euros; la "suspensión temporal de la autorización por un período máximo de un año"; el posible cierre del local por un plazo idéntico; e incluso la inhabilitación para ser titular de la autorización para actividades de juego durante un año. 

Si las infracciones fuesen muy graves, como por ejemplo "un funcionamiento deficiente del sistema de admisión y control o la ausencia de personal para el control de admisión", la sanción económica podría oscilar de los 6.001 euros a los 600.000. La administración también podría suspender la licencia de actividad por un periodo de cinco años o, incluso, revocarla y obligar al cierre definitivo del local. Además, cabe apuntar que la recaudación derivada de estas penas irán destinadas a financiar programas de lucha y prevención de la ludopatía.

Sin embargo, uno de los principales problemas en este sentido es el acceso de menores al juego online, donde la administración valenciana no tiene competencias para establecer medidas preventivas o prohibitivas a través de una regulación, sino que es el Gobierno central quien tiene la potestad para hacerlo. En concreto, el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón. 

En cualquier caso, el margen de maniobra que les queda a socialistas, valencianistas y morados en esta cuestión es pedir al Consell que inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a crear una nueva ley del juego online. Hace unos meses, Compromís ya presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitaba al Botànic II que se dirigiera al Gobierno central para pedir que en las altas en las páginas de apuestas se establecieran procesos de verificación de las tarjetas de crédito que se inserten, por ejemplo, a través de mensajes SMS a los móviles de los titulares de las cuentas bancarias. 

Más de 40.000 personas inscritas

Pero más allá de los jóvenes y de la Comunitat, el número total de personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego se supera año a año. En 2013 eran 30.104 los españoles registrados, pero según los últimos datos de 2018 esa cifra ha crecido hasta las 43.796 personas. Ello supone un aumento de casi un 40% en cinco años, lo que refleja a su vez que el riesgo de padecer ludopatía o un trastorno por juego se ha incrementado durante la última década, como aseguran los expertos.

Tal circunstancia se atribuye, por una parte, a la "legalización de las apuestas online y la proliferación de las denominadas casas de apuestas", según mantiene Castaños, quien incide también en las facilidades de acceso y en la gran disponibilidad de las nuevas modalidades de juego electrónico. Estos condicionantes permiten, de hecho, que muchos usuarios puedan iniciarse en el juego a cualquier hora del día y sin salir de su propia habitación, proporcionando también intimidad. 

Limitaciones 

El aumento de personas inscritas en el RGIAJ también se debe a un mayor conocimiento de ese listado, que es utilizado "como medida preventiva" porque la solicitud "es fácil y gratuita, y muy recomendada", afirma Castaños. No obstante, él mismo reconoce que el registro presenta algunas limitaciones, como la imposibilidad de impedir el acceso a aquellas modalidades de juego que no requieren de identificación. En ese grupo se encuentran las máquinas tragaperras y de apuestas ubicadas en establecimientos hosteleros, que son además algunas de las actividades más prevalentes. 

Por este motivo, una de las alegaciones al anteproyecto de Ley del Consell que se han realizado desde Vida Libre propone "que las máquinas tragaperras se encuentren desconectadas hasta demostrar la mayoría de edad de quienes quieran usarlas", como se hizo en el pasado con el tabaco. Esa sería una iniciativa eficaz, aunque Castaños tiene clara cuál sería, según su criterio, la única medida de prevención real: que estas máquinas "desaparecieran de los locales de hostelería".

Así, parte de estas alegaciones han sido atendidas por los grupos parlamentarios del Botànic. PSPV, Compromís y Unides Podem coinciden en que las máquinas que se sitúen en los bares cuenten con un mando de activación para que sean los hosteleros los encargados de autorizar el juego, de manera que si algún menor intenta jugar a las tragaperras se le impida. Los morados, incluso, van más allá y proponen eliminar estas máquinas tipo b en un plazo medio de diez años.