La antigua sede social de Bankia en València, con el logotipo y marca de CaixaBank. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La fusión por absorción de CaixaBank y Bankia ha abierto un resquicio de esperanza para los exaccionistas de Banco de Valencia en cuanto a sus opciones de ser indemnizados por la quiebra y posterior rescate de esta entidad financiera centenaria.
El motivo es la condición de responsable civil subsidiraria que Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que ha procesado a la cúpula y el consejo de administración que condujo al banco valenciano a tener que ser intervenido, atribuye a Bankia la condición de responsable civil subsidiaria.
Sin embargo, en mismo auto con el que les abocó al juicio oral, el magistrado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechazó atribuir también esa condición a CaixaBank a pesar de haberse quedado el Banco de Valencia tras su rescate, lo que reducía el abanico de posibles responsables y, por tanto, las expectativas de los accionistas del banco valenciano de verse resarcidos.
Ahora, casi diez años después de su hundimiento y con el juicio por la responsabilidad penal pendiente de ser señalado, la unión de CaixaBank y Bankia puede dar una nueva dimensión al proceso.
La entidad resultante de la fusión, que el pasado viernes nació legalmente con su inscripción en el registro, debería asumir la responsabilidad civil que el juez le ha atribuido a Bankia al ser CaixaBank la heredera de los derechos y obligaciones de esta. Así lo cree al menos un grupo de exaccionistas del Banco de Valencia y sus representantes legales. Y van a peleal por ello.
Por ese motivo, según explican a Valencia Plaza este grupo de accionistas representado por el despacho valenciano Ribelles Abogados, este mismo lunes van a presentar un escrito en la Audiencia Nacional con el que pedirán al juez Pedraz que CaixaBank sea llamada como responsable civil subsidiaria en el procedimiento.
Según cálculos de los afectados, la reparación del daño causado al conjunto de los accionistas de Banco de Valencia oscilaría entre 400 y 500 millones de euros. De aceptarse la eventual responsabilidad de CaixaBank para responder de posibles indemnizaciones, la entidad recién creada sufriría un revés sensible en forma de provisiones para cubrir responsabilidades por litigios.
Hasta ahora, CaixaBank había conseguido esquivar el llamamiento al proceso como responsable civil pese a su condición de sucesora universal con la compra de Banco de Valencia. No corrieron la misma suerte, sin embargo, ni Bankia, ni la Fundación Bancaja ni Banco Financiero y de Ahorro (BFA), a quienes tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor sí les atribuyeron esa responsabilidad.
Como publicó Valencia Plaza, para mantener a CaixaBank al margen de la responsabilidad civil, Anticorrupción recurrió a un argumento cuanto menos controvertido desde el punto de vista legal, ya que se basa en una excepción por la que CaixaBank, pese a ser la heredera universal de Banco de Valencia, no estaría comprometida ante sus antiguos accionistas por la gestión que lo condujo a la quiebra.
Como muestra de esta controversia, basta con acudir al trato desigual que las defensas de las entidades sí señaladas como responsables civiles han puesto de manifiesto en sus recursos. Por ejemplo, en su recurso de reforma, la defensa de BFA instó a Pedraz a explicar "por qué no le son aplicables a BFA los argumentos esgrimidos para dejar fuera de la responsabilidad civil subsidiaria a CaixaBank y, en su caso, aplicar esos mismos argumentos para excluir, a su vez, esa responsabilidad civil subsidiaria para mi representada (BFA)".
¿Cómo se podría explicar ahora que la responsabilidad civil de Bankia se extinga con su integración en Caixabank? Expertos legales consultados por este periódico consideran que, sin perjuicio de lo que ahora resuelva la Sala de la Audiencia Nacional respecto a la responsabilidad civil subsidiaria de CaixaBank, Bankia sí que fue declarada como responsable civil subsidiaria en un auto del 13 de marzo de 2017.
"Por ello la estricta aplicación del art. 23 de la Ley 3/2009 implica que la entidad resultante de la unión de Bankia y CaixaBank suceda a Bankia en las obligaciones que correspondan a esta en el procedimiento penal", aseguran los abogados consultados.
Además de perder su inversión y participación en la entidad bancaria, los accionistas de Banco de Valencia consideraron como un fuerte agravio la forma en que el banco valenciano fue vendido a CaixaBank por un euro previo saneamiento con inyecciones de capital del Estado de 4.500 millones de euros y la garantía por parte del FROB de responder durante 10 años del 72,5% de las pérdidas que experimentase la cartera de pymes y autónomos y de riesgos contingentes.
