El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el único que sigue en prisión por el 'caso Azud II'

VALÈNCIA. El exvicealcalde de València Alfonso Grau es el único de los detenidos dentro de la segunda fase del conocido como caso Azud –una supuesta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas– que sigue en la cárcel. El excargo del PP cumple ya cinco meses en ella desde la operación policial del pasado mayo. Tiempo durante el cual el resto de arrestados sobre los que se decidió la prisión provisional han ido quedando en libertad. El último, Jaime Febrer este mismo lunes. 

La defensa de Grau ha presentado recursos, aunque la Audiencia Provincial le rechazó uno en junio y ratificó la decisión del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado de la causa. El argumento principal de la magistrada para decretar el ingreso en prisión de los principales detenidos fue el riesgo de destrucción de pruebas. 

Uno de los motivos por los que sus abogados pidieron la libertad fue por su delicado estado de salud, ya que tiene 80 años. Por el momento, no ha ocurrido y se encamina hacia los seis meses en la cárcel, medida que no se había tomado todavía contra él en otros de los procedimientos judiciales que le afectan, como el de cohecho por relojes de lujo o el caso Taula.  

El hecho de que Grau –a quien se le atribuye haber cobrado mordidas por un millón de euros– siga encarcelado resulta relevante porque da cuenta del volumen de la investigación y de las pruebas que sigue recabando la Guardia Civil. Esta medida excepcional ante la posibilidad de que desaparezca documentación o el riesgo de fuga se ha dado en otros casos recientes como Erial, por el que el exministro Eduardo Zaplana permaneció privado de libertad nueve meses. 

En ese tiempo, los investigadores lograron recuperar casi 6 millones de euros procedentes del presunto entramado de mordidas que él habría liderado a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

Junto a Grau, ingresaron el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y tres empresarios: Jaime Febrer, Mónica Montoro y un asesor financiero identificado como Joaquín P. R. Todos ellos se encuentran ya en libertad. Febrer desde este lunes.  

El empresario es el considerado como el principal cabecilla de esta parte de la causa. La magistrada entendía que existían indicios de su participación en la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, prevaricación y asociación ilícita. 

Ahora, cree que ha disminuido notablemente el riesgo de que pudiera ocultar, manipular o destruir pruebas o alterar las fuentes de las mismas. Motivo por el que acuerda una medida menos radical que la de la prisión, aunque le obliga a seguir permanentemente localizable para asegurar su presencia en el procedimiento y el normal desarrollo de éste. 

Así, ha decretado la retirada inmediata del pasaporte sin que se le puedan expedir otros, la prohibición de salida de España y la comparecencia semanal ante el juzgado. También que ponga en conocimiento cualquier cambio de domicilio. Esta serie de condiciones son dictadas para evitar que eluda la acción de la justicia y se comunican a las Fuerzas de Seguridad y al resto de estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Schengen. Si se incumplen, se puede revocar la libertad provisional. 

La investigación de Azud, que todavía permanece secreta, se lleva a cabo desde 2017 en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y estalló en abril de 2019. Momento en el que se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, quien ingresó preventivamente en prisión, pero pocas semanas después fue puesto en libertad. 

Según los investigadores, tanto él como su socio Diego Elum habrían cobrado hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales procedentes de contratistas del Ayuntamiento de la capital desde 2006. Una suerte de pago por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que sirvieron para lucro personal. Los cobros, de acuerdo con las sospechas, también se habrían producido en 'especie' con pisos o con la adquisición de inmuebles muy por debajo de su valor real después de mediar en diversas recalificaciones y reclasificaciones de suelo municipal.

Las indagaciones siguieron su curso entonces y, debido a toda la documentación recopilada, la UCO procedió a la segunda fase de la operación con las detenciones del pasado mayo. Esta parte de la investigación se centra en el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas abarcan el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La salida de dinero al extranjero

Jaime Febrer es, para los investigadores, la clave de bóveda. El constructor habría creado una red de sobornos a políticos como pago por adjudicaciones públicas que, supuestamente, blanqueaba su ingeniero fiscal. Lo que ha resultado especialmente relevante en el desarrollo de las indagaciones ha sido una suerte de los 'papeles de Bárcenas'. Entre ellos, la agenda del constructor, en la que anotaba con detalles sus citas, encuentros y contactos con políticos del PP y del PSPV. Nombres y fechas figuraban en sus páginas. También movimientos de dinero, supuestamente dirigidos a esos sobornos a cargos públicos a cambio de que le beneficiaran en adjudicaciones, contratos o con la intención de comprar silencios.

Una de las sospechas es que la estructura montada para la presunta trama urbanística incluía la salida de dinero al extranjero. Los investigadores le descubrieron a Febrer una cuenta en Luxemburgo, de modo que parte de las indagaciones han ido dirigidas a averiguar el recorrido del dinero fuera de España tanto a este como otros países. Motivo por el que se remitieron comisiones rogatorias y la puesta en libertad del empresario dependía de que éstas se resolvieran.