VALÈNCIA (EFE). El fiscal pedirá dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco en el juicio contra él que tiene previsto celebrar la Audiencia de Valencia a partir del próximo miércoles, 3 de marzo, y en el que está acusado de amañar contratos de servicios informáticos.
Según el escrito del fiscal, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros podrían haber sido amañados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública, entre 2008 y 2011. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.
Además de Blasco, están acusados el empresario Augusto César Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Agustina Sanjuán, y el exjefe de servicio de informática Javier Murcia. La Fiscalía pide también dos años y medio para Tauroni y dos años para Sanjuán; con la excepción de Murcia, el resto de los inculpados ha sido ya condenado en otras piezas del mismo caso.
El Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuan, a la misma pena de seis años.
Los contratos por servicios informáticos que se van a juzgar ahora fueron adjudicados a empresas que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con el PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.
El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad. Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, informan fuentes jurídicas.
El Caso Cooperación, en el que es el principal inculpado, tiene múltiples ramificaciones que todavía darán lugar a nuevos juicios y, eventualmente, a nuevas condenas, por ejemplo este juicio que la Audiencia de Valencia tiene previsto celebrar en fechas salteadas (3, 16 y 29 de marzo; y 15 y 16 de abril), siempre que no se llegue a un acuerdo entre las partes que evite la celebración de la vista, es decir, una conformidad de los inculpados con los hechos y una rebaja de las penas.
Blasco, que llegó a ser portavoz del PP en Les Corts Valencianes, pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años. En su haber figura el haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de 17 años.
En 1991 fue absuelto de los presuntos delitos de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas por la recalificación de unos terrenos por la Conselleria de Obras Públicas, donde era conseller con Lerma, que le destituyó, aunque después volvió a la política de la mano de Eduardo Zaplana.
