La consellera de Función Pública, Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, trasladó a los sindicatos este miércoles que la Generalitat permitirá que un máximo del 30% de los funcionarios de cada conselleria puedan teletrabajar desde casa. La decisión, trasladada en el turno de ruegos y preguntas del encuentro, supone un cambio de criterio del departamento responsable de los empleados públicos de la Administración valenciana, ya que hace apenas dos días descartaban que los funcionarios volvieran al trabajo no presencial porque los índices de contagios, aseguraban, no eran los de la primera oleada de la pandemia y no existía "ninguna recomendación de las autoridades sanitarias".
La respuesta de esta área del Consell, sin embargo, despertó fuertes críticas entre los sindicatos. No en vano, la Generalitat Valenciana acababa de adoptar medidas adoptar medidas por su cuenta para tratar de frenar la propagación del virus como el toque de queda a partir de la una de la madrugada. El mismo sábado la autonomía alcanzó récord absoluto de contagios desde que estalló la crisis sanitaria de la covid-19; Sanidad notificó entonces un total de 1.690 nuevos casos positivos.
Con este escenario, CSIF reclamó el lunes a la Conselleria de Bravo que autorizara de nuevo el sistema de teletrabajo entre los empleados públicos a pesar de que el nuevo decreto en el que trabaja actualmente Función Pública no estuviera listo. La Central Sindical Independiente de Funcionarios denunció que las últimas medidas de restricciones en los contactos sociales y en lugares cerrados contrastaban con "servicios públicos en los que se aglomeran trabajadores". Una petición a la que horas después se sumó el sindicato UGT-PV.
La petición fue rechazada por Bravo, pero dos días después la Conselleria ha cambiado de criterio por la nueva declaración del estado de alarma y las nuevas medidas restrictivas que recomiendan evitar al máximo la concentración de personas. De esta manera, después de la reunión con los sindicatos Función Pública mantuvo una reunión por la tarde con las subsecretarías de los diferentes departamentos del Consell para ofrecerles la posibilidad de que activen el teletrabajo para un máximo del 30% de su plantilla y así reduzcan la presencialidad en las consellerias.
Para ello, Bravo trasladó que las subsecretarías tendrían dos instrumentos para actuar: en primer lugar, organizar sus servicios con trabajo no presencial y establecer qué personal trabaja desde casa; en segundo, ofreció la posibilidad de que, además, se establezcan turnos.
Así, las subsecretarías tendrán que elaborar su plan de actuación y trasladarlo a la Dirección General de Función Pública con el fin de informar de los servicios afectados y el número de personas que trabajarán desde casa para que, tanto Hacienda como la propia Conselleria responsable de los funcionarios, tengan conocimiento de la organización general de la Administración. Para aquellos departamentos que tengan "dificultad" para adaptarse al 30% los turnos de los empleados, explicaron desde Función Pública, se permitirá que rebasen este porcentaje hasta llegar al 33% de empleados que trabajen desde casa.
La resolución que dé luz verde a esta medida será dictada, a priori, el próximo viernes por la Conselleria de Justicia y Administración Pública. "Es importante adoptar medidas preventivas en este momento a la vista de los incrementos del número de contagios. Es necesario adelantarse para evitar que en un momento determinado nos veamos obligados a restringir aún más la movilidad y que ello pueda incidir en la Administración Pública", explicó la consellera Bravo.
Durante la reunión de este miércoles con los sindicatos, Bravo les trasladó además que en la próxima Mesa General instaría al Gobierno central a acabar con las tasas de reposición. Una propuesta que tuvo buena acogida por parte de las principales organizaciones sindicales. Asimismo, en la Mesa General del 18 de noviembre, reveló que plantearían la subida salarial del 0,9% a los funcionarios.
Del mismo modo, la consellera avanzó que su departamento se encuentra a la espera de que la dirección general de Presupuestos apruebe el informe económico sobre el nuevo decreto de teletrabajo. A continuación, este será remitido al Consell Jurídic Consultiu para que el órgano consultivo elabore su dictamen. Una vez el CJC dé su visto bueno, Función Pública espera que la normativa, que actualiza el decreto aprobado por el primer Botànic en 2016, pueda ser validada por el Consell antes de final de año por procedimiento de urgencia.
