VALÈNCIA. Bluebell Coffee, la empresa adjudicataria del contrato de explotación de la cafetería de Las Naves, sede de la Fundación Inndea del Ayuntamiento de València, ha empapelado la puerta del local dando su propia explicación a los trabajadores y clientes del centro sobre el cese de su contrato. La llegada al centro el pasado mes de junio de 2016 se hacía mediante un acuerdo con la citada entidad pública en el que se incluía una cláusula por la que, si pasado el primer ejercicio los responsables de Las Naves querían rescindir el contrato, podían hacerlo unilateralmente, tal y como ha podido saber Valencia Plaza desde hace algunas semanas.
Las gerentes de la empresa, no obstante, quisieron dar una oportunidad tanto a los responsables de Las Naves como a los ediles del Ayuntamiento para rectificar su decisión "sin justificación alguna". En declaraciones a este diario, admiten no haberle dado validez en ningún caso a la cláusula ya que "la inversión por adecuar la cafetería para el objeto que se buscaba en el contrato no tenía relación con aproximarse ni de lejos a recuperar el gasto". El pasado mes de abril, un burofax les informó de que Las Naves rescindía unilateralmente el acuerdo. Las responsables pidieron reunirse con el concejal responsable de este área del Gobierno local, Jordi Peris, pero tras esa reunión y tras la constatación de que 'les echan', han decidido hacer pública la situación que han vivido durante su estancia en el complejo.
En esa comunicación inicial mediante la cristalera del local han recordado que el burofax llegó 10 meses después de firmar un acuerdo con la Administración local. El cese de la actividad supondrá, según se indica en estos papeles, "trabajadores que pierden sus puestos de trabajo, pérdidas de más de 50.000 euros, importantes daños económicos y morales a una pequeña y emprendedora empresa valenciana". La información y detalles de la relación entre las partes y especialmente las acusaciones se detallan en un comunicado que han enviado este miércoles a los medios.
En otro de los papeles colgados se puede leer: "Nos echan. A partir del 20 de junio la dirección de Las Naves nos obliga a cerrar sin motivo que lo justifique". Las acusaciones más graves de las responsables de la cafetería son que "ha sufrido durante los últimos 10 meses mobbing e intento de extorsión por parte de la dirección del centro". Ellas mismas han confirmado a este diario que han tomado esta decisión de comunicarlo después de no haber ninguna reacción por parte del Ayuntamiento de València, más allá de la reunión con el concejal Peris "que se comprometió a darnos una serie de respuestas, pero que sabe que por plazos, en 20 días, nosotras tenemos que buscar una solución logística para todo lo que hay aquí y para dar solución a los contratos".
El director de la Fundación Inndea, Rafael Monterde, niega tales acusaciones: "todo es totalmente falso". Además, añade que "supone un perjuicio para la institución y estudiamos emprender acciones legales". Monterde asegura que BlueBell Coffee es "un proveedor como muchos otros que tiene Las Naves. Nosotros no podemos controlar la inversión que han hecho. Ese tipo de decisiones, si han supuesto un perjuicio económico, son decisiones del contratista y no podemos hacernos responsables".
El comunicado revela que Monterde "buscó y pidió a Bluebell Coffee que se presentase al concurso, le indicó cómo debía concurrir y expresamente la alentó a ubicarse en Las Naves argumentando que una empresa emprendedora e innovadora como ella casaba perfectamente con la nueva impronta del Centro. Prometió que sería un pilar más de su actividad y aprobó las propuestas de restauración y los precios de menús que Bluebell presentó al concurso".
El director de Las Naves asegura que es "radicalmente falso" que les buscara: "nosotros sacamos una licitación, se presentaron nueve o diez empresas y se les eligió a ellas porque era el mejor proyecto sobre el papel". Las empresarias concretan en el comunicado: "hoy, al señor Monterde ya no le gusta el café de especialidad y de comercio justo de Bluebell, ni su primer microtostador de València, ni le importa el esfuerzo económico que esta pequeña empresa tuvo que realizar para contratar a cuatro nuevos trabajadores que a día de hoy pierden su puesto de trabajo. Sólo le importa satisfacer su cambio de parecer culinario. Esto, lamentablemente, se llama caciquismo".
La empresa denuncia que "durante el tiempo de vigencia del contrato, las irregularidades se han sucedido y el abuso de poder ha sido una constante en la actuación del señor Rafa Monterde". La empresa pone como ejemplo el hecho de que la dirección de Las Naves haya "priorizado a los patrocinadores externos de forma constante en la explotación de los servicios de restauración durante los eventos, sin ni siquiera justificar si dichas empresas estaban amparadas por la citada Ley del Mecenazgo", cuando en el contrato, según asegura, se contemplaba una colaboración entre las partes.
Para Monterde, esas situaciones con patrocinadores están detalladas en las bases de licitación y excusa la decisión de la rescisión del contrato: "nosotros sacamos una licitación. Uno puede estar o no de acuerdo con lo ofrecido para renovarla. Ahora sacamos de nuevo la licitación públicamente. Hemos informado de ello en tiempo y forma y podemos entender la actitud, la reacción... se pueden volver a presentar, si quieren", asegura el director de Las Naves que añade que "la valoración no ha sido satisfactoria. El Ayuntamiento ha de velar por los intereses generales y el servicio del proveedor no da la calidad adecuada. Nosotros tomamos las decisiones respetando los derechos legales".
La empresa asegura asimismo que aunque Monterde "se comprometió con Bluebell a que la cafetería tendría prioridad para explotar todo lo relacionado con la restauración frente a los patrocinadores durante las actividades culturales y festivales celebrados en el Centro, esto no sólo no ha sido así sino que, en ocasiones, se ha obligado a ésta a cerrar durante los días de celebración de los mismos y, ante la negativa de Bluebell por el enorme perjuicio económico que dicha decisión le ocasionaba, se han bloqueado las puertas de entrada y se han dado instrucciones a los servicios de conserjería y seguridad para impedir la entrada de clientela a la cafetería".
En este sentido, Monterde asegura que "cualquier decisión que hayamos tomado con respecto a su actividad ha estado dentro del marco legal. Es absolutamente falso que hayamos bloqueado ninguna puerta, pero a veces se han negado a tomar alguna medida y nosotros nunca hemos tomado ninguna medida al respecto de esos incumplimientos".
El comunicado de Bluebell relata que durante el mes de mayo de 2017, después de producirse la comunicación de no renovación del contrato y de que Yolanda Valero comunicase a Monterde su desacuerdo con la decisión y su intención de ponerla en conocimiento del concejal Jordi Peris, "se han producido hechos insólitos, algunos de ellos enfocados a perjudicar la actividad económica de la cafetería y otros encaminados a extorsionar a la empresa adjudicataria". Entre ellos, destaca "el cierre de las puertas de acceso desde la calle a la cafetería, lo que dificulta la entrada de los viandantes de paso por la zona al local, teniendo un efecto negativo en la actividad del negocio".
A ello añade el envío por parte de la Dirección del centro de correos electrónicos "amenazando con la imposición de sanciones por haber realizado la apertura de la cafetería 10 minutos después del horario concertado", algo que niega la empresa, que considera que "la finalidad de estos mails es claramente intimidatoria". Monterde dice que es posible que esa comunicación "intimidatoria" se refiera "a la notificación fehaciente del incumplimiento de una o varias cláusulas. Es una percepción suya. A nosotros nos corresponder comunicar por escrito de ello para que quede constancia documental".
"¿Es que esta nueva Administración se comporta como los bancos menos respetuosos con los derechos de los ciudadanos?", dicen las empresarias
Denuncia también "la recepción de un correo electrónico con informe de un técnico contratado por la Fundación para la revisión de la Instalación eléctrica de baja tensión, en el que se detalla la falta de limpieza del cuadro eléctrico de la cafetería", ante lo que Bluebell alega que "no se aporta prueba gráfica ni visual de dicha circunstancia, y de nuevo se resalta la posible imposición de sanciones". "Esta visita técnica no se realizó ni con el aviso ni la autorización correspondiente ni tampoco por técnico competente de la Administración", añade.
Asegura la empresa que durante los primeros meses de la actividad se vio obligada a realizar reparaciones en varios electrodomésticos de la cocina (horno, neveras, freidora, fuegos, etc) que eran imprescindibles para la adecuada prestación del servicio en aras a cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones, y que realizó "una inversión económica extraordinaria en el local de la cafetería de Las Naves cuyo importe es imposible amortizar en un plazo de 10 meses". La empresa afirma que "la arbitrariedad es evidente" al no renovar el contrato "cuando no ha habido incumplimiento alguno".
Ante esta situación, Yolanda Valero se puso en comunicación y se reunió con el Concejal de Participación Ciudadana, Jordi Peris, firmante del contrato y responsable político competente en la materia el día 2 de mayo. Tras poner en conocimiento del mismo lo que estaba sucediendo, éste se comprometió a dar una respuesta resolutiva el jueves de dicha semana, algo que "todavía no se ha producido".
"Tras los intentos infructuosos de obtener una reunión con el alcalde de la ciudad a través de varias personas de su Gabinete, nos vemos abocados a acudir a la prensa y a denunciar públicamente el comportamiento arbitrario y vulnerador de derechos de la Dirección del Centro Cultural Las Naves, y la dejadez y caso omiso que a este respecto está haciendo el Concejal Jordi Peris", concluye el comunicado en el que las empresarias se preguntan: "¿Es que esta nueva Administración se comporta como los bancos menos respetuosos con los derechos de los ciudadanos?"... "Administración que dice ser distinta a su predecesora, que dice ser una Administración “por” y “para” los ciudadanos".