Imagen de la planta de residuos de Foto: EMTREVALÈNCIA. El caso Azud, que investiga una presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en varias administraciones valencianas, cuenta con múltiples derivadas. Una de ellas, la relativa a la planta Los Hornillos. Promovida por la Emtre y ubicada en la localidad de Quart de Poblet, se encarga de la gestión de los residuos urbanos generados en València y su área metropolitana (400.000 toneladas al año).
José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, tuvo un papel destacado en el supuesto entramado. De acuerdo con los investigadores, su posición le permitió mover hilos en el Ayuntamiento –como influir en adjudicaciones– y cobrar comisiones por ello.
En el inicio de las indagaciones, el juzgado de Instrucción número 13–encargado de la causa– enumeró diversos ingresos percibidos a través de su despacho de abogados. Algunos de ellos provenientes precisamente de la UTE Los Hornillos, que construyó el complejo de Quart. Formada por las empresas Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (Sacyr), Cyes Inversión y Gestión, S.L. y Corporación F. Turia, S.A., el sumario de Azud refleja que efectuó pagos a Corbín en el año 2005 por un valor de 174.000 euros y en el año 2006 por un valor de 87.000 euros.
Tras detectar estos movimientos, y ante la sospecha de que fueran mordidas por la adjudicación de Los Hornillos, el juzgado solicitó numerosa documentación al respecto. Por un lado, toda la relativa a los servicios prestados por el despacho de Corbín a la UTE Los Hornillos: contrato, facturas, justificantes de pago, trabajos realizados, informes, documentos internos de la compañía, etc. También la identidad de las personas que llevaron a cabo la contratación de estos servicios y las responsables de comprobar su correcta ejecución.
Por otro lado, pidió un informe acerca de la estructura orgánica y funcional que presentaba la UTE entre los años 2005 y 2006, detallando los departamentos existentes y los cargos directivos. También los contratos públicos dimanantes del Ayuntamiento de València (o empresas dependientes de él) que durante ese periodo fueron adjudicadas a la UTE o se encontraban en ejecución. Y, por último, si en ese momento el grupo empresarial contaba con un gabinete jurídico, si requería de terceras empresas para este tipo de asesoramiento y qué dinero pudo desembolsar en ellas.
Desde la Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos), presidida actualmente por el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) destacan que han facilitado toda la información que les ha sido posible al juzgado y que se encuentran en plena colaboración para lo que éste les requiera.
La planta de Los Hornillos fue promovida por la Emtre, que se constituyó en 2001 con la edil popular María Jesús Puchalt como primera presidenta. En noviembre de 2003 se produjo el primer proceso de adjudicación del proyecto de gestión de la planta de Quart de Poblet, pero los proyectos presentados incumplían algún aspecto sustancial del plan zonal según la empresa consultora contratada. De manera que en 2004 se propuso de nuevo la licitación del proyecto de gestión de la instalación y la subsiguiente adjudicación mediante concesión de la ejecución y explotación de una planta de residuos en el emplazamiento de la gestionada por Fervasa.
Ese mismo año se convocó concurso, mediante procedimiento abierto, y se aprobaron los pliegos administrativos y técnicos para la adjudicación mediante concesión del proyecto de gestión de la instalación que existe actualmente y la gestión de ecoparques como prestación adicional. Los investigadores de Azud reparan especialmente en un cargo de la Emtre en ese momento: Eugenio Cámara, yerno del exvicealcalde de València Alfonso Grau, ostentaba la dirección técnica. Posteriormente pasó a ser gerente.
Ya en febrero de 2005, la asamblea de la entidad adjudicó el contrato a la UTE Los Hornillos, que se constituyó también ese mes. La duración de la concesión era de 20 años, contados a partir de la puesta en marcha de las instalaciones previstas en el proyecto de gestión. Además, el contrato fijaba una serie de cánones que tenía que satisfacer la Administración a la UTE.
En abril de 2007, la UTE presentó a la Emtre un proyecto básico con modificaciones y cambios respecto al original. Algo en lo que han puesto igualmente el foco los investigadores de Azud. El contrato de proyecto de la instalación, pues, se cambió junto a la adjudicación con las repercusiones económicas recogidas en un informe del director técnico. El presupuesto de la obra pasó de un importe de unos 58 millones de euros iniciales a 93 millones de euros. Aumentó asimismo el coste de explotación.
El presupuesto de la obra pasó de un importe de unos 58 millones de euros iniciales a 93 millones de euros
En 2009, en base a un informe de Eugenio Cámara, se acordó fijar el 1 de enero de 2011 como el día de inicio de la finalización de los 20 años de concesión a la UTE, momento en el que la Emtre recibió parcialmente las instalaciones acabadas y se entregaban al servicio público.
El sumario de Azud hace especial hincapié en la empresa Cyes Infraestructuras por, presuntamente, realizar pagos a Corbín entre 2006 y 2014 por un total de 491.694 euros, con una dinámica habitual de 30.000 euros más IVA al semestre. A cambio, habría sido adjudicataria de varios proyectos, entre ellos el de Los Hornillos a través de la UTE. Sus responsables Felipe Almenar y Fernando Huet se encuentran investigados. La gestión llevada a cabo podría ser uno de los interrogantes que deja esta parte de la investigación que inevitablemente hace pensar en otras causas de corrupción como Emarsa.
