Catalá coge 'a pie cambiado' a la izquierda y Vox con la moratoria de pisos turísticos

VALÈNCIA. No ha dejado indiferente a nadie la propuesta de la alcaldesa de València, María José Catalá, para aplicar una moratoria de un año a los pisos turísticos en el Cap i Casal mientras se introducen nuevas restricciones en la normativa municipal. La primera edil anunció el pasado viernes que la concejalía de Urbanismo presentaría al pleno municipal de este martes la iniciativa para suspender temporalmente la concesión de licencias, una medida que incluso estudió la izquierda pero que no llegó a aplicar el pasado mandato y en la que venían insistiendo Compromís y PSPV durante este primer año de Catalá al frente del gobierno local.

La medida supondrá dejar de dar permisos a pisos turísticos dispersos -quedan fuera los bloques exclusivos de apartamentos- durante doce meses mientras se cambian las normas urbanísticas para introducir limitaciones permanentes. Eso es lo que se ha conocido por el anuncio de Catalá, porque a última hora de este jueves la oposición aseguraba que el PP todavía no había registrado la propuesta de cara al pleno de este martes, y de hecho sus socios de gobierno, el grupo de Vox que dirige Juanma Badenas, dejaban en el aire su intención de voto y emplazaban a la convocatoria previa al pleno para anunciarlo.

El ala popular del ejecutivo local confía en sacar adelante la iniciativa, para la que necesita el apoyo de al menos otra fuerza política. Este lunes, sin ir más lejos, Catalá explicaba que su percepción es que tanto PSOE y Compromís "venían pidiendo" la moratoria "anteriormente", por lo que le parecería "bastante incoherente que ahora dijeran que no era lo que pedían". En el bloque de izquierdas, por su parte, afean que incluso este lunes por la tarde no se conociera todavía el texto que se llevaría a votación, por lo que el clima de incertidumbre es notorio.

Ciertamente, la moratoria era una de las principales reclamaciones en este ámbito de los partidos de izquierdas, que han convertido la batalla contra la irrupción descontrolada de apartamentos turísticos en uno de sus principales caballos de batalla contra el ejecutivo local, al que han llegado a acusar de connivencia con el sector. Compromís incluso ha creado una web para denunciar apartamentos y obras ilegales. Por ello, la iniciativa de Catalá, que ha generado especial malestar en el sector de pisos turísticos y tampoco ha tenido la pública adhesión empresarial a priori, deja fuera de juego buena parte de los argumentos de la oposición, a juicio del equipo de la alcaldesa.

Cabe recordar que el pasado mandato, el gobierno local aprobó restricciones especiales en Ciutat Vella y Cabanyal, pero no modificaciones globales en la normativa urbanística de toda la ciudad. En ese sentido, la concejala de Vivienda, Isa Lozano, de Compromís, anunció la intención de aplicar una moratoria en la mayoría de la ciudad a la implantación de bloques exclusivos de apartamentos turísticos. Una idea que pretendía afectar hasta a 37 barrios del municipio y que no contó con el apoyo de los socialistas, cuya portavoz, Sandra Gómez, dirigía la concejalía de Urbanismo. El PSPV manifestó dudas jurídicas y legales al asegurar que no se podía implantar una restricción de este calado de una forma generalizada porque corría el riesgo de judicializarse. 

Así pues, Gómez replicó con la propuesta de ampliar el veto también a otro tipo de negocios como por ejemplo los fondos buitre o los edificios dedicados exclusivamente a oficinas, y a final de mandato encargó la realización del estudio. Pero llegaron las elecciones y la medida quedó en el aire. Por ello, Gómez insistía en que el nuevo gobierno tenía mucho trabajo adelantado. Aunque ahora, la propuesta de Catalá es muy diferente: no afectará a bloques exclusivos sino únicamente a pisos turísticos en comunidades de propietarios.

De hecho, Compromís y PSPV solo han podido centrar sus críticas en la demora de la medida y han acusado a los populares de incoherencia por mostrar su rechazo a medidas de este tipo cuando estaban en la oposición. Por ejemplo, al poco tiempo del anuncio el pasado viernes, la portavoz de Compromís, Papi Robles, registró una moción de urgencia de cara al pleno para "evidenciar la unidad de la mayoría de fuerzas políticas de la corporación municipal para frenar el que ya es uno de los principales problemas de la ciudad". Todo ello, señala la moción, "ante la reciente predisposición del gobierno municipal de la ciudad a aprobar, ahora sí, una moratoria de licencias".

Y este lunes, Robles daba "la bienvenida a todas las fuerzas políticas que hoy reconocen la necesidad de una moratoria" y recordaba que es una propuesta de Compromís "desde 2021", cuando no contaba "con el apoyo de la mayoría para su aprobación". "La propia Catalá, que ahora apuesta por la moratoria, ha votado hasta 3 veces en contra de ella sólo durante este 2024", explicó en un comunicado la portavoz de la coalición valencianista, que criticó a la alcaldesa por "esconder" a los grupos el documento que se quiere someter a votación a menos de 24 horas de pleno siendo "un tema de ciudad" y "un punto especialmente sensible para València", y se preguntó si "hay letra pequeña".

Los socialistas, por su parte, han anunciado que llevarán una enmienda para endurecer la moratoria de Catalá y que afecte a todo tipo de apartamentos. El añadido que propondrán busca que "no se permita en ningún caso la transformación de viviendas en alojamientos turísticos en toda la ciudad". Así, Gómez criticó este lunes que el anuncio de los populares "llega 3.500 apartamentos tarde porque esos son los apartamentos que han abierto en València como consecuencia de su inactividad en el último año", según los datos que ofrece el propio Ayuntamiento y que el sector cuestiona. Además, cargó contra Catalá por no haber presentado "la supuesta propuesta del PP a 24 horas del pleno, ni el contenido de la moratoria ni qué fechas establece ni absolutamente nada más allá del anuncio en plena campaña electoral de las europeas". Este martes se debatirá en el pleno.