VALENCIA. El grupo constructor valenciano presento una pérdida de 12,70 millones de euros durante el pasado año frente a unas ganancias de 5,06 millones de euros cosechadas en el ejercicio anterior.
El grupo presidido por Carlos Turró, cuyas acciones están suspendidas en bolsa desde junio de 2012, reconoció ayer por la tarde en la comunicación de sus resultados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la Agencia Estatal de Administración Tributaria -conviene recordar que controla el 9,6% desde octubre de 2014 tras la decisión del juez de cambiar deuda por acciones- no ha concedido los aplazamientos solicitados con garantías por Cleop.
Hacienda considera esta deuda "privilegiada exigible tanto de la sociedad dominante como de algunas de las sociedades filiales en su condición de responsables solidarias, habiendo emitido diversas resoluciones de embargo de saldos deudores que están obstaculizando gravemente el desarrollo de la actividad negocial de estas filiales. Se pretende por la AEAT cobrar (a través de estas resoluciones de embargo emitidas y practicadas) de las compañías filiales de Cleop el 50% de la deuda ordinaria extinguido por exigencia de la LC en virtud de la quita aprobada en el convenio".
Para la constructora valenciana, tal circunstancia ha provocado "nuevos desencuentros y la interposición por parte de Cleop de un procedimiento declarativo para la fijación judicial concreta de estos derechos de la AEAT, inexistentes en el criterio de Cleop".
Además, el consejo de administración entiende que la falta de acuerdo de refinanciación de los créditos privilegiados de Hacienda (y en su caso la persistencia en el activo del fisco de un derecho de cobro contra las filiales sobre el importe del crédito objeto de quita en el concurso de Cleop) "sería extraordinariamente perjudicial para el futuro de la compañía, de sus trabajadores, proveedores, accionistas, financiadores y terceros involucrados en sus negocios, por lo que confía en que se pueda resolver la difícil situación creada".
Mientras tanto, el resultado de explotación, antes de amortizaciones y provisiones, ascendió a 607.000 euros negativos, menor al esperado por la demora incurrida en los proyectos de construcción. La sociedad ha atendido los gastos corrientes de su actividad con el cobro de certificaciones pendientes.
Desde la aprobación del convenio de acreedores, la sociedad dominante está trabajando en las líneas fijadas en el plan de viabilidad, aprobado por el consejo de administración, para garantizar el cumplimiento de dicho convenio.
Dicho plan se fundamenta en cuatro hipótesis: