Cleop solicita al juzgado una quita del 80% de su deuda de 14,6 millones por el impacto de la covid

VALÈNCIA. El grupo Compañía Levantina de Edificación de Obra Pública (Cleop), especializado en la gestión de centros geriátricos y el sector de la construcción, ha solicitado al juzgado de lo Mercantil número 3 de València una quita del 80% de su deuda de 14,6 millones como consecuencia del impacto de la pandemia en su actividad. La compañía que preside Carlos Turró ha presentado una propuesta de modificación del convenio de acreedores con el que busca dar un balón de oxígeno a la compañía tras el duro revés de la crisis sanitaria en sus dos principales áreas de negocio.

En su escrito al juzgado, Cleop explica que la crisis sanitaria ha obligado al grupo a destinar la mayor parte de su tesorería al "inevitable pago de gastos corrientes de imposible aplazamiento" derivados de la pandemia, con un gasto sanitario "muy incrementado" y mayor de lo previsto para hacer frente a la situación en los centros de mayores que gestiona. Por ello, ha pedido una quita de 11,6 millones de euros para mantener la actividad de la compañía, según avanzaba este miércoles el periódico Levante EMV.

La firma se ampara en el Real Decreto que aprobó el Gobierno en septiembre que permitía la modificación de convenios de empresas concursadas para mantener su viabilidad ante la crisis sanitaria. La norma busca evitar una avalancha de concursos y liquidaciones societarias que conlleven la destrucción del tejido empresarial. Así, Cleop se acoge a esta normativa dado que señala que la mayor parte de su tesorería se ha dedicado a atender de forma prioritaria "la grave incidencia de la crisis vírica sobrevenida y extremadamente prolongada".

Por ello, ha solicitado al juzgado una quita del 80% de su deuda ordinaria y subordinada, que asciende a 14,6 millones, por lo que la compensación sería de 11,6 millones. Su propuesta incluye que el importe resultante tras la quita se abonará, sin devengo de intereses, con una espera de cuatro años. En concreto, habrá un periodo inicial de un año de carencia de pago desde que haya una sentencia firme del juzgado sobre la modificiación del convenio. A partir del segundo año se establece el abono anualmente del pago del 33% al finalizar ese ejercicio; otro 33% a finales del tercer año y el 34% restante en el último año.

Planteamientos "prudentes y realistas"

La firma asegura que se trata de una solución "adecuada" dada la actual coyuntura para acreedores, clientes, trabajadores, financiadores e inversores en orden de "salvar el conjunto de sus intereses". "La propuesta deriva de planteamientos prudentes y realistas que permitan su cumplimiento, la continuación de la actividad económica y el mantenimiento de la empresa", defiende Cleop que remarca que la compañía siempre ha cumplido con sus compromisos y obligaciones.

Y es que, según detallan, una de las principales áreas de negocio de Cleop es la atención geriátrica y la compañía explica que ha tenido que dar asistencia a más de 900 personas muy sensibles al virus en los meses más complicados de la pandemia. "Se ha tenido que destinar recursos de tesorería y personal a esta rama de actividad con unos importantes gastos y una dedicación imprescindibles", explican. Todo ello, exponen, ha derivado en "un esfuerzo financiero destinado a incrementar recursos  humanos y medios materiales para una eficiente gestión de los centros", subraya la compañía en su escrito al juzgado.

Tanto es así que destacan que durante los primeros ocho meses de pandemia no hubo ningún contagio entre sus 500 trabajadores ni usuarios de sus centros. Además, la empresa realizó 465 altas laborales y no se acogió a ERTE por la esencialidad del servicio que prestaban.

Pero, además, su división de construcción también se ha visto gravemente afectada por la paralización de obras y retrasos en los pagos de clientes, especialmente por parte de la Administración Pública, con demoras "hoy todavía por resolver". Y, aunque ahora ha retomado ciertas actuaciones, Cleop admite que "los plazos suspendidos, los retrasos ocasionados y los costes incurridos son de imposible recuperación".

Por todo ello, solicita la modificación del convenio en aras de garantizar "la continuidad de la empresa, la no afección del tejido productivo y la permanencia de los puestos de trabajo tras la actual e imprevisible situación de fuerza mayor que requiere de la recomposición de los compromisos ante una circunstancia tan trascendente", remarca la compañía.