El conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Compromís ha cuestionado a la Conselleria de Hacienda sobre cuál es la posibilidad de inyectar a À Punt el importe económico del IVA que la Agencia Tributaria le reclama. En un pregunta escrita registrada en Les Corts Valencianes, la diputada de la coalición Mónica Álvaro se refiere a las liquidaciones efectuadas por la AEAT que concluyen que los medios de comunicación públicos valencianos no tienen derecho a deducirse la totalidad del IVA desde el año 2016 hasta el 2020, tal y como se venía realizando hasta la fecha. Por tanto, exige parte del impuesto que les fue devuelto de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, lo que en total se traduce en una reclamación a À Punt de 24,8 millones.
Compromís insta de esta forma a la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler a permitir que la radiotelevisión valenciana pueda cumplir con el Presupuesto, "tal y como parece que procederán otras comunidades autónomas en la misma situación". "¿Se han previsto otras posibilidades, aparte de la inyección económica, como un aval para hacer frente a los requerimientos de la Agencia Tributaria?", pregunta.
La coalición hace mención al presente ejercicio, por lo que cuestiona también si se ha previsto "alguna ayuda económica, aval o inyección por parte de la Conselleria para evitar una merma del actual presupuesto de À Punt".
Tras conocer el requerimiento de la Agencia Tributaria, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) anunció que lo recurriría y recordó que en su momento la AEAT, al realizar la inspección del IVA de los ejercicios 2017 y 2018, "dio la razón al ente público al considerar deducible el 100% del IVA soportado".
De acuerdo con ello, en el ejercicio 2019 la AEAT fue ingresando las correspondientes devoluciones mensuales, sin ningún tipo de revisión o inspección hasta noviembre de 2019. A partir de diciembre de 2019, sin embargo, la AEAT dejó de devolver las cantidades que corresponden a la liquidación del IVA. Y finalmente, en junio de 2020 se inició la inspección del IVA desde el 2016 hasta 2020, una inspección a la que también se somete la mayoría de las televisiones autonómicas y RTVE.
El "conflicto" entre la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos por el IVA deducible de sus televisiones públicas se remonta al 2014, antes incluso de la creación de la CVMC. En esa fecha, la AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el IVA por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos gobiernos autonómicos.
Hasta ese momento, los medios públicos se deducían el impuesto por completo. Sin embargo, en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el IVA de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017 a raíz de una directiva europea, Hacienda vuelve al criterio de 2014 y defiende la limitación de la deducción del IVA.
