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La convocatoria incluye 29 parcelas para que los promotores construyan alquiler social

La EVha amplía el plazo del concurso de solares por la llegada de eurofondos y la nula concurrencia

Foto: KIKE TABERNER
9/09/2021 - 

VALÈNCIA. La Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) ha ampliado el plazo del concurso que lanzó hace unos meses para la cesión de 29 solares públicos a promotores privados con el fin de levantar viviendas para destinarlas a alquiler asequible. Una decisión motivada por la nula concurrencia y la pronta aprobación del Real Decreto que regulará los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, que podría beneficiar a los agentes privados que presenten propuestas. 

De esta forma, la entidad dependiente de la Conselleria que todavía dirige Rubén Martínez Dalmau quiere ganar tiempo y esperar a conocer el impacto de los fondos europeos en materia de vivienda por si podría mejorar las condiciones del concurso, permitiendo ayudas o subvenciones para la construcción de los inmuebles. Unas ventajas que podrían animar a los agentes privados a presentar propuestas por alguno de los suelos ya que hasta el momento ha habido cierto interés, pero no se ha formalizado ninguna oferta.

Así, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba este miércoles la ampliación de plazo por dos meses más ante "la posibilidad de que la próxima aprobación del Real Decreto, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, pueda condicionar de manera directa la viabilidad de los proyectos". De esta forma, si el periodo expiraba este próximo jueves 9 de septiembre, las empresas tendrán hasta el 9 de noviembre para concurrir.

"Sabíamos que el margen para los agentes privados era ajustado y por eso teníamos la intención de en futuras ediciones poder incorporar ayudas extra que llegaran de los fondos europeos. Pero a la vista de que el Real Decreto se aprobará próximamente y que, hasta el momento, no ha habido concurrencia, se ha decidido dar más tiempo ahora", explica César Jiménez, director general de la entidad.

Esta convocatoria se enmarca dentro del plan de la Conselleria para construir en cinco años 2.400 nuevas viviendas en la Comunitat Valenciana. Así, el concurso utiliza la fórmula de la cesión del derecho de superficie de estas parcelas a los agentes privados por un plazo de 75 años, aunque prorrogables por otros 15 años más hasta un máximo de 90 años. Las empresas, por tanto, construirán el edificio y lo explotarán durante ese tiempo en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado ese periodo, el inmueble será gestionado por la administración valenciana que en ningún caso perderá la propiedad de las viviendas.

El objetivo es, a través de la colaboración público-privada, poner más oferta en el mercado y movilizar los cerca de 115.292 metros cuadrados de superficie que la Administración Valenciana calcula que existen en la Comunitat Valenciana de solares infrautilizados. Los suelos de esta convocatoria están ubicados en diferentes puntos de las provincias de Valencia y Alicante. 

"Mejorar las condiciones"

Jiménez explica que desde el principio fueron conscientes de que la viabilidad de los proyectos para los promotores era "ajustada", pero consideraron que era una buena herramienta para atender una de las peticiones del sector como era la necesidad de contar con grandes suelos pendientes de urbanizar. De hecho, asegura que ha habido interés por parte de algunas empresas, pero lo cierto es que esa atracción no ha culminado en ninguna oferta concreta.  

"El incremento de precios de las materias primas ha hecho dudar a muchas compañías si dar el paso y presentarse a este negocio en el que los márgenes son justos", admite el director general de la EVha. Pero, además, puntualiza que la llegada de fondos europeos podría conllevar ayudas o subvenciones para este tipo de proyectos, incentivando a las empresas a participar. "Hemos ampliado el plazo a la espera de poder incorporar esos fondos y ver si este concurso es susceptible de que podamos subvencionar alguna parte de la vivienda o el metro cuadrado y, por tanto, mejorar las condiciones para las empresas", explica. En principio el texto del Ministerio saldría adelante en octubre, por lo que las firmas tendrán un mes más para decidirse.

Además, Jiménez reconoce que en estos momentos la Conselleria se encuentra en un momento de transición tras la marcha esta misma semana del conseler Dalmau y la entrada del hasta ahora director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España, Héctor Illueca, por lo que han preferido alargar el plazo para que esta convocatoria "se resuelva bien". 

Foto: EDUARDO MANZANA

"Sin garantías jurídicas ni económicas"

En cualquier caso, desde la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) aseguran que el pliego de condiciones hace inviable a las empresas presentar ofertas porque "no hay garantías jurídicas ni económicas". "Ya habíamos anticipado que esto no llegaría a buen término porque no era viable para los promotores. Cuando una empresa comete una inversión quiere que haya una expectativa rentabilidad, pero si de entrada no ves viabilidad ni intervienes y consideramos que actualmente no la hay", señalan en declaraciones a este diario.

Entre las condiciones, la Evha fija en los pliegos un canon anual de la parcela en función de sus características y condiciones, que se extenderá durante la vigencia del contrato. No obstante, el pago del canon tras la adjudicación se abonará en dos plazos. El primero, del 50%, se hará efectivo en el acto de escritura pública de formalización del derecho de superficie y el segundo, el 50% restante, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la obtención de la licencia municipal de obras. 

Además, durante la vigencia del derecho de superficie, las empresas se encargarán de los trabajos de mantenimiento, así como de la conservación y reparaciones necesarias para mantener las instalaciones del edificio en buen estado. También asumirán los gastos de los servicios comunitarios y los tributos que, en su caso, graven la propiedad, entre otras cuestiones.

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