El vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, durante el debate. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Les Corts Valencianes convalidaron este miércoles, con los votos favorables de PSPV, Compromís y Unides Podem y el rechazo unánime de la oposición, el decreto ley de derecho de tanteo y retracto elaborado por la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau. Una norma que en las últimas semanas había despertado dudas legales entre notarios y profesores de Derecho Constitucional por la falta de concreción en algunas partes de su redactado, pero que también generó disensiones en el tripartito: el PSPV prefería que fuese tramitado como proyecto de ley para poder introducir cambios en el texto al considerar que éste era "mejorable".
La norma introduce importantes cambios respecto la ley anterior de 2004 que únicamente regulaba estos dos derechos de adquisición preferente en el caso de vivienda protegida. En cambio, la norma de Dalmau otorga a la administración valenciana la potestad de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o ya se hayan vendido entre operadores privados. También incluye la colaboración con las administraciones locales para que puedan ejercer estos derechos, hasta ahora únicamente tenía la potestad la Generalitat Valenciana.
Durante días, este decreto ha generado varios tira y afloja entre PSPV y Podem, con insinuaciones por parte de los segundos, incluso, de que los socialistas querían introducir modificaciones por estar "del lado de los fondos buitre". Una distancia que este miércoles se evidenció durante el debate para su convalidación. El vicepresidente segundo sacó pecho por haber elaborado una norma "histórica" que "nunca se había hecho antes" en la Comunitat Valenciana y defendió su necesidad de urgencia, también cuestionada en los últimos días desde distintos sectores. "El Botànic tiene claras sus prioridades; no podemos renunciar a este imperativo social, un derecho recogido en la Constitución y en el Estatut d'Autonomia", aseveró Dalmau contra la "virulencia de las críticas de la derecha, por desconocimiento o por afán de oportunismo".
Las críticas, sin embargo, no le llegaron únicamente por parte de la oposición en el debate. El portavoz del PSPV, Manolo Mata, comenzó su intervención alegando que este decreto no inventaba "la pólvora", ya que el tanteo y retracto es un derecho que la Generalitat Valenciana ya podía ejercer desde el año 2004 por la ley del PP de Francisco Camps, si bien es cierto que hasta el año pasado no se había aplicado.
El síndic del PSPV, consideró que este era un decreto ley que introducía avances significativos, pero, a su juicio, el tripartito "podría hacer más por mejorarlo", ya fuera "por la vía del decreto o por otra vía". Y para tratar de hacer entrar en razón a Dalmau, a quien trató de convencer hasta el último momento para que se tramitara como proyecto de ley -incluso en la hora de comer, ya que las votaciones tuvieron lugar por la tarde-, Mata recordó que en el debate anterior Pilar Lima (diputada de Unides Podem) había hecho sugerencias "al decreto de Servicios Sociales Inclusivos (elaborado por la Conselleria de Igualdad de Mónica Oltra)".
"No podemos pensar que el decreto no es mejorable", espetó Mata al vicepresidente segundo tras sacar pecho de la ley de la Función Social de la Vivienda elaborada por la socialista María José Salvador en la legislatura pasada, tal como había hecho previamente Dalmau con su decreto ley de tanteo y retracto. "Esto ha demostrado que una de las leyes más importantes que hemos hecho en este parlamento es la de la Función Social de la Vivienda, que reconoció el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo igual que el derecho a las pensiones, a la educación, o a la sanidad", apostilló el síndic socialista.
Antes del debate, Mata había enumerado en Plaza Radio las "mejoras" que creía necesario haber introducido con la tramitación ordinaria y reconoció que con el redactado actual "uno de los problemas" es que el conseller de Vivienda, sea este o el que venga, tiene un amplio margen de actuación, más allá de los objetivos anunciado por Dalmau. "Si Rafa Blasco tuviera este decreto, la tierra temblaría, pero creo que va a haber mucha sensatez", señaló Mata.
A pesar de las diferencias y de estos pequeños rifirrafes, no hubo sorpresas y el Botànic II lo respaldó de forma unánime, pero este apoyo en bloque del tripartito no significa que los problemas que apreciaban los socialistas en el decreto hayan desaparecido. O lo que es lo mismo: el apoyo del PSPV vino motivado principalmente por la "lealtad institucional" que le deben a su socio en el Gobierno valenciano. El mismo que brindaron a Podem en la legislatura pasada con la revocación de senadores, con la que el grupo parlamentario socialista estaba en desacuerdo, y que terminó meses después derogada por el Tribunal Constitucional.
La discordia, por tanto, no significó ruptura. Pero el resultado final que deja esta votación podría no ser definitivo, ya que el PSPV declaró abiertamente antes del debate en el hemiciclo en declaraciones a la prensa que seguirá buscando "alternativas para introducir mejoras" que ellos creen "posibles".
Una pretensión que desde hace semanas barruntan que podrían realizar a través de enmiendas a la Ley de Acompañamiento de 2021, según confirmaron en su día fuentes parlamentarias a este diario, y que, a priori, contaría con el apoyo de Compromís. Eso sí, siempre y cuando este tipo de modificaciones vayan dirigidas a clarificar algunas partes de su redactado sin cambiar la esencia del mismo. Lo harían, explican, para no fiar algunas partes del contenido que son demasiado "abiertas o ambiguas" a la libre interpretación que pudiera hacer el conseller que ocupe la cartera de Vivienda en cada mandato.
Con todo, en el debate también pudo apreciarse un cambio de tono en el conseller de Vivienda, quien dedicó parte de su tiempo a matizar algunas partes del texto legal, como que todas las herencias y donaciones de viviendas de padres a hijos están "totalmente excluidas" del tanteo y retracto. También aclaró que la intervención de la Generalitat debe ser "la mínima e imprescindible", limitando este ejercicio a las zonas donde hay necesidad de vivienda que serán declaradas por la administración en base a informes técnicos. Un pequeño guiño con el que el conseller quiso suavizar la tormenta de las últimas semanas y calmar al sector inmobiliario, muy contrario a esta norma por el "intervencionismo" y la "inseguridad jurídica" que ven que genera.
Un gesto que podría abrir la puerta a que en los próximos meses, con el foco más alejado de esta cuestión y puesto de manera genérica en una futura Ley de Medidas Fiscales, los morados estuvieran dispuestos a realizar algunos cambios o matices. De hecho, fuentes de la Conselleria ya reconocieron días atrás que no tendrían problemas en clarificar algunos aspectos en un futuro reglamento o a través de instrucciones a las direcciones territoriales. Una solución -la de retocar aspectos de la ley a través de una norma de rango inferior- que, sin embargo, no convence a todos los morados, por lo que la Ley de Acompañamiento de 2021 podría resolver también estas discrepancias internas en el seno de la formación.
Pese a que el decreto ley salió adelante con la forma y fondo planteada por Unides Podem, PP, Ciudadanos y Vox cuestionaron durante el debate la constitucionalidad del texto normativo. El diputado popular Alfredo Castelló tildó de "chapuza" la norma y afeó que ésta tuviera "vacíos legales"; la parlamentaria de Cs Mamen Peris urgió al Botànic a "volver al sentido común tras este decretazo mordaza y sectario" y a "leer bien la Constitución y dejar de politizar la vivienda"; y el diputado de Vox José María Llanos lo tachó de "panfleto comunista".
Unas intervenciones ante las que no es descartable que alguna de estas formaciones pudiera presentar un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, la síndica del PPCV advirtió hace unos días que si no era tramitado como un proyecto de ley, su formación lo llevaría al Tribunal Constitucional.
