Pista de Silla, una de las zonas de València donde más se ejerce la prostitución. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Muchos dicen que es uno de los oficios más antiguos de la humanidad, pero hasta hace no mucho la mayoría de personas no concebían la prostitución como un problema social o, más bien, no lo consideraban un problema que en la mayoría de ocasiones viola los derechos humanos. Aunque todos y todas conocemos la existencia de mafias, trata y proxenetas que se lucran de ella, lo cierto es que la prostitución no ha desaparecido, sino que en los últimos años ha habido un traslado progresivo de la calle a pisos y clubs.
No obstante, aún son muchas las mujeres que ejercen en la vía pública. Su actividad en España está bajo el paraguas de la 'alegalidad' -no es ilegal ni legal y su ejercicio es libre-, pero la normativa sí sanciona su consumo cuando se solicita en "zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial", según la Ley de Seguridad Ciudadana.
Así, Albal ha sido el primer municipio valenciano y uno de los primeros de todo el Estado en modificar su ordenanza municipal para multar exclusivamente a los puteros y no a las mujeres prostituidas, ya que hasta el momento se multaba a ambas partes. Con una multa fijada en 800 euros para ellos, desde que se aprobó esta regla municipal en septiembre son doce los puteros a los que han sancionado en el municipio -cabe destacar que la cifra antes de Semana Santa se situaba en ocho-. Además, otro dato a tener en cuenta es que Albal está ubicado en la pista de Silla, una de las zonas de València donde más se ejerce la prostitución.
Como cuenta el alcalde de esta localidad de l'Horta Sud, Ramón Marí, la mayoría de los multados solicitan que la sanción no les llegue a casa. Incluso uno de ellos llegó a decirle a la policía que le iban a arruinar la vida. "Nosotros no queremos destrozar la vida de nadie, pero nuestra posición es firme ante un problema de violencia machista tan evidente como este", manifiesta el primer edil socialista. Y es que, como señalan desde Cáritas Diocesana de València, la mayoría, sino todas las mujeres prostituidas, están atadas a mafias y/o proxenetas. Es más, como relatan desde la organización valenciana, muchas de ellas son migrantes y se encuentran en situaciones vulnerables que son las que les obligan a enrolarse en este oficio.
No obstante, la vulnerabilidad no acaba con este trabajo. Más bien, se podría decir que las chicas prostituidas no salen de una coyuntura complicada a nivel personal con la prostitución, sino que muchas de ellas entran en el círculo de la precariedad y la inseguridad. Tanto es así que son de sobra conocidos los casos en los que estas chicas han sufrido violencia física e incluso las han asesinado. Es más, Marí manifiesta que lo que hizo que el ayuntamiento se planteara cambiar la ordenanza fue la muerte de Ivanna y Florina, dos prostituidas que ejercían en Albal y que asesinaron en 2004 y 2021, respectivamente.
Durante el proceso, el dirigente de la localidad se puso en contacto con Cáritas Diocesana para buscar sinergias en la lucha contra la prostitución. Esta entidad lleva desde el 2001 ayudando y prestando una atención integral a mujeres de violencia machista, centrado en aquellas que se encuentran en un contexto de prostitución y/o que sean posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual a través del programa 'Jere Jere'. Esta iniciativa está cofinanciada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, la concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI – Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de València y la Delegación del Gobierno.
Una de las primeras ideas que Marí propuso a esta organización solidaria fue alquilar un piso en Albal para que estas mujeres pudieran estar protegidas. Sin embargo, desde Cáritas le comentaron que era muy probable que esta vivienda no las protegería, sino todo lo contrario: "en un municipio pequeño como Albal, todo el mundo sabría que están ahí, estarían señaladas y no estarían a salvo de las mafias o los proxenetas. Además, es importante destacar que estos pisos deben estar tutelados, ya que las chicas presentan bastantes problemas psicológicos y necesitan de una persona que esté continuamente ayudándolas", explican las técnicas del programa.
Lo que desean desde la organización no es solamente que se castigue el consumo de prostitución, sino que se dé alternativas reales a las víctimas. "Las multas pueden estar muy bien para frenar la demanda, pero estas mujeres tienen que seguir comiendo, tienen que alimentar a sus hijos, etc. y si les cerramos los ingresos sin ninguna otra opción, la actividad seguirá realizándose pero cada vez de forma más precaria y oculta", sentencian desde Cáritas. En el ayuntamiento de Albal son conscientes de esto, ya que como verbaliza Marí "unas simples multas no van a acabar con el problema, pero sí creemos que va a reducirlo en gran medida, porque si se regula difícilmente podremos saber si las prostituidas están forzadas".
"Nosotras no nos hemos topado nunca con una mujer que no quiera salir de la prostitución, que es una forma de violencia machista y como tal estamos al lado de ellas para ofrecerles todo tipo de recursos como asistencia sanitaria, ayuda psico-social, pisos tutelados, etc.". Así de tajante se muestra una de las técnicas del programa 'Jere Jere' con respecto al debate latente que existe entre las personas que piden la abolición total de esta práctica y aquellas que consideran que la situación de vulnerabilidad de las chicas se solucionaría regulando su actividad.
Por eso, tanto desde Cáritas como desde otras organizaciones como el Front Abolicionista del País Valencià han exigido a las autoridades alternativas reales para las chicas prostituidas. "La problemática va mucho más allá del nivel municipal, partiendo de una ley de extranjería, porque la inmensa mayoría son migrantes en situación irregular porque como país exportamos mercancía barata, sale mucho más económico prostituir a mujeres sin papeles que a españolas", recalcan. "Mientras no se articule algo que permita regularizarlas y hacer un itinerario psico-social como toca no se va a frenar, porque esto debe entenderse como una forma de violencia de género y no como una voluntad", considera una de las trabajadoras sociales de Cáritas.
En esta misma línea se expresa Concha Hurtado, portavoz del Front Abolicionista: "Queremos que se apruebe una ley orgánica que elaboramos entre las plataformas abolicionistas de España y que presentamos hace un año al ministerio de Igualdad". La redacción de esta propuesta se centra en tres ejes: ayudar a las mujeres a salir de la prostitución; la persecución de toda forma de proxenetismo -incluyendo el alquiler de espacio para su ejercicio-; y el seguimiento y castigo de los puteros, "que realmente es lo que acaba con las redes de trata", subraya la portavoz.
A su vez, de la misma forma que Cáritas, el Front exige una renta básica, ayudas y distintos medios para que las mujeres puedan abandonar la prostitución en óptimas condiciones, además de garantizar "recursos suficientes para que la pobreza y la precariedad no sean factores determinantes que nos conviertan en cuerpos prostituibles".
La mayoría de entidades denuncian que la prostitución es un problema genérico y demandan soluciones a nivel estatal. Sin embargo, como expresan en Cáritas, desde el municipalismo y el ámbito comarcal se pueden dar los primeros pasos para que el discurso cale en todos los sectores de la sociedad. Aunque fue Albal la primera localidad en multar únicamente a los consumidores de prostitución, Quart de Poblet ha sido el siguiente municipio en adoptar la normativa albalense, pero con otra cuantía, ya que en su término recibir servicios sexuales en la vía pública está sancionado con 3.000 euros.
De esta forma, el objetivo del gobierno de Albal es que todas las localidades que conforman l'Horta Sud -y especialmente las de la pista de Silla- aprueben una ordenanza común en la misma dirección. Por eso, la Mancomunitat de la comarca ha mostrado su apoyo a ambas ordenanzas municipales, y en el último pleno de abril el presidente del ente comarcal José Cabanes se comprometió a enviar la misma ordenanza a todas las administraciones locales que la conforman. "Al final, lo que buscamos es que el putero se castigue igual en un pueblo que en otro, no puede haber ningún paraíso fiscal en este tema para los consumidores de prostitución en l'Horta Sud, que es hasta donde tenemos competencia", declara Cabanes.
Por eso, redactarán una única ordenanza que será aprobada por la comisión de Igualdad y políticas para las personas de la Mancomunitat y los municipios tendrán potestad para modificar la cuantía de la multa, pero con un mismo objetivo. Así, el presidente calcula que antes de un mes todos los miembros de la comarca dispongan de la normativa para poder llevarla a cabo. "Se ha demostrado que si todos los pueblos vamos juntos de la mano, es posible vencer los problemas que existen tanto tiempo como este y que denigran a la mujer haciendo negocio con su cuerpo", expone.
A niveles más generales, Albal ya ha pedido a la Generalitat y al ministerio que cambien la legislación al respecto y "que se prohíba la prostitución". En esta línea, en las últimas semanas la Comisión de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Actividades Socioculturales de la Comunitat Valenciana ha mostrado su apoyo y conformidad a la modificación de la Ley de Espectáculos de la Generalitat con el objetivo de perseguir la prostitución que se ejerza, oferte o promocione en establecimientos públicos.
De este cambio normativo, impulsado por la Conselleria de Justicia, destacan actuaciones como cerrar los puticlubs que se esconden como "locales de ocio", multar a los clientes y reconocer a las mujeres prostituidas como "víctimas de terrorismo machista". Como ponen de manifiesto desde Cáritas, que se hagan cambios en la normativa es el primer paso para acabar con lo que han tildado de "lacra social", pero para acabar con la prostitución como forma de violencia hacia la mujer es necesario que la concepción del problema cambie en la mente de todos y todas.
"Ahora el foco se ha puesto donde se tenía que poner, que es en los puteros, pero no tenemos que dejar de lado la parte educativa", concluye otra de las técnicas del programa 'Jere Jere'. La visión punitiva que ha iniciado el Ayuntamiento de Albal ha sido más que bien recibida por las organizaciones y entidades que ayudan a las prostituidas, y añaden: "es necesario que eduquemos al conjunto de la sociedad para que las futuras generaciones entiendan que es una forma más de violencia, para que a nadie le entre en la cabeza que se puede comprar o pagar por el cuerpo de otro ser humano".
