Rus carga contra el exfiscal Vicente Torres: "Montó el caso Imelsa con Rosa Pérez"

VALÈNCIA (EFE/EP). El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ha cargado este lunes contra el "contubernio" que a su juicio formó el ex fiscal Anticorrupción Vicente Torres -actualmente magistrado del TSJCV- y la consellera Rosa Pérez Garijo para "montar" el caso Imelsa.

Rus ha sido el único de los procesados en el tercer juicio de esta macrocausa -por el supuesto amaño del servicio de atención telefónica- que ha hecho uso del derecho a la última palabra.

"En este juicio lo único que he visto claro es que se ha divagado, se ha intentado ir contra mi persona y lo han logrado; hubo un contubernio entre el Ministerio Fiscal, Vicente Torres, y la diputada (de Esquerra Unida) Rosa Pérez, que montaron esta historia", bajo la "promesa", según Rus, de "elevar al estrellato" y "gratificar" al exfiscal, en referencia a su elección política como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

"He obtenido cinco mayorías absolutas en mi ciudad y dos en la Diputación porque resulta que todo lo hacíamos mal", ha ironizado Rus, "pero empezaron a tirar basura sobre nosotros los medios de comunicación para lograr que el PP y Rus se fuese a su casa, y lo lograron".

"Metieron en esto a Rita Barberá, Paco Camps, Eduardo Zaplana y Alfonso Rus. A Zaplana le metieron un papel en el despacho de un abogado -en referencia a los conocidos como "papeles del sirio", que halló la UCO en el despacho de Marcos Benavent-. Pero hasta el momento no he oído ninguna prueba contra mí. Dijeron que tenía cuentas y empresas en Brasil, y no he ido desde 1978", ha agregado visiblemente nervioso.

"Antes de estar en política tenía 300 empleados en mis empresas, llevo trabajando desde los 14 años, y era millonario, aunque también debía mucho. Siempre he sido honrado", ha defendido.

También ha defendido su gestión al frente de la Corporación provincial: "De 1,7 millones de recibos pasamos a cobrar 3,7 y sin poder ampliar la plantilla, por eso se hizo esto", en alusión a la contratación de la firma cuya adjudicación se cuestiona.

Ha admitido que "había 11.000 llamadas sin atender, pero era el 1 % del total de los recibos cobrados", por lo que ha considerado este proceso "una vergüenza".

"Yo no me he curado, no lo haré hasta que los culpables de mi denuncia lo paguen", ha agregado Rus, que a la salida del juzgado ha asegurado que presentará una querella contra el exfiscal Torres y la consellera Pérez Garijo. Tras su intervención, el juicio ha quedado visto para sentencia.

La defensa de Rus pide su absolución

Por su parte, la defensa del expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha pedido la absolución para su representado en la pieza del 'Call center' del caso Imelsa al no ver irregularidades: "Nos han vendido que Rus es el Al Capone --gánster estadounidense-- de Xàtiva y todavía estamos esperando a que nos digan que tiene un céntimo de euro que no ha sido ganado legalmente".

El letrado Emilio Pérez Mora, quien ejerce la defensa de Rus junto a su hermano Gonzalo, se ha pronunciado así en la lectura de su informe en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por la pieza D del caso Imelsa en la que hay siete acusados, entre ellos Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', y su exsuegro, Mariano López.

El abogado ha lamentado: "Nos han vendido que Rus es el Al Capone de Xàtiva con un único discurso de la Fiscalía Anticorrupción: lo ven como un agente activo o el autor intelectual de un contubernio para enriquecerse él o para aportar dinero al PP con un discurso descacharrante. Y todavía estamos esperando a que la Fiscalía, con las comisiones rogatorias y las inspecciones efectuadas, nos diga que Rus tiene un céntimo de euro no ganado legalmente. Y en esta pieza muchísimo menos, aquí es gratis", ha ironizado.

El fiscal, ha agregado, "no busca la legalidad objetiva" en este asunto para Rus, para quien pide ocho años de prisión por delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Y ha proseguido: "El ministerio público ha tergiversado la verdad", y se ha referido a la encomienda de gestión del servicio del 'Call center': "Esto clama al cielo porque el fiscal omite que hay un pleno de la Diputación donde los políticos de todos los partidos menos uno votan a favor del 'Call center' y donde hay un diputado que explica que la iniciativa del servicio es suya", ha dicho. Sobre la encomienda, ha añadido que no fue ni iniciativa ni decisión de Rus, porque ya existía tras una necesidad de dar ese servicio.

Frente a esta realidad, el fiscal expone --ha argumentado-- que "una mañana, Mariano va a Rus y le dice de hacer un 'Call center' para llevarse por la patilla 800.000 euros por una cuestión de amistad. Y todo esto porque Rus y Mariano son naturales y vecinos de Xàtiva. Pero no se ha acreditado ninguna relación de amistad que te lleve a delinquir por nada, gratis total", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que "mientras todo esto se frauga, esta presunta irregularidad del contrato, no tenemos ninguna conversación plasmada, ninguna reunión probada, ninguna llamada telefónica con contenido. Solo hay una tergiversación constante para señalar a Rus porque sin él no hay caso Taula", ha lamentado.

"Un amigo que todos querríamos tener"

El letrado, para ahondar en la inocencia de su cliente, ha indicado que cuando la empresa adjudicataria del servicio, Servimun S.L., y con la que López colaboraba, comenzó a tener problemas con el cobro, "¿Mariano va a su amigacho, a Rus? No, el amigo del alma va a la rival política directa de Rus, Rosa Pérez, tras haber robado la información a Marcos Benavent, unas grabaciones, y se las entrega. Estas grabaciones matan a Rus política, civil y económicamente. Un amigo que todos querríamos tener. Estupendo", ha ironizado.

También ha comentado que Rus, tras enterarse de que el servicio no funcionaba correctamente, no tenía capacidad para resolver el contrato porque delegó sus funciones en los consejeros delegados. Así, "¿Él va a estar al tanto de que se hayan perdido 11.000 llamadas del servicio?", ha preguntado.

Con todo, ha resumido: "En la causa no se ha acreditado qué hizo o dejó de hacer Rus para que se produjera esta adjudicación. Fiscalía se ha limitado a establecer sospechas en orden a conjeturas sin indicios. El fiscal ha dicho que es el amigo, el que controla, el que domina... Pero la acusación debe ser más certera, concreta, decir cuándo, cómo o a quién. Pero no es así. Se sesga información", ha afirmado.

Nulidad por obtención de prueba

Por otro lado, el abogado de Rus ha solicitado la nulidad del procedimiento por obtención de prueba ilícita con conexión de antijuricidad en relación con el disco duro, propiedad de Marcos Benavent, del que se obtuvieron las grabaciones que originaron el caso y que fueron entregadas a Fiscalía.

La denuncia del procedimiento surge tras las grabaciones obtenidas en un pen drive entregado por Rosa Pérez en Fiscalía que previamente le había facilitado Mariano López. Las grabaciones procedían de un disco duro de Benavent, sobre el que no autorizó su uso ni su visualización, que se hallaba en casa de su mujer cuando se separó y que no pudo recoger.

López sí dijo a Fiscalía y a la Guardia Civil que las grabaciones procedían de ese disco duro, pero nadie quiso analizarlo porque "el disco era de Marcos. Almacenaba datos, vídeos y fotos que demostraban que eso era de su propiedad, por más que hubiera permanecido en el domicilio conyugal. Y se accedió a él sin permiso, sin autorización y vulnerando derechos", ha dicho.

Esto significa, a su juicio, que todos los informes que obran en la causa se han realizado tras un pen drive aportado por Rosa Pérez "del que no hay ningún tipo de diligencia o legalización y cuya cadena de custodia se desconoce por completo y punto final. De ahí salen todos los informes que dan lugar al caso Taula. La denuncia parte de un ilícito que se blanquea ocultando información absolutamente relevante en orden a la legalidad. Lo que se lleva al fiscal es una información que procede de un descubrimiento y de una revelación de secretos, un delito como la copa de un pino", ha subrayado.

El resto de abogados que obran en la causa --los del exjefe de la Diputación Salvador Deusa, el exjefe del servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Ricardo de Ángel, la mujer de Mariano López y la hermana de esta última-- también han pedido la absolución para sus representados al no ver ningún tipo de delito.