VALÈNCIA. La instrucción del conocido como caso Alquería encara su recta final pasados dos años y medio de la detención del en ese momento presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, junto a otros cargos de Divalterra de PSPV y Compromís. La empresa pública dependiente de la corporación provincial volvía a copar titulares para sorpresa de los investigadores de una operación contra la corrupción que afectaba a la firma heredera de la antigua Imelsa, centro de anteriores casos de la misma naturaleza en la etapa del PP.
La causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia fue abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, si bien en su vertiente de administración desleal.
La Fiscalía apuntó desde el inicio a una actuación «arbitraria y caprichosa» en la contratación de directivos en Divalterra, de la cual cree que tenían conocimiento los imputados «de forma incuestionable». En los escritos que constan en el sumario, hace hincapié en los «artificios» buscados para tratar de amparar unas contrataciones «que responden al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente».
Unas prácticas que, en opinión de Anticorrupción, revelan la creación de una «estructura de gobierno» paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración de la empresa pública y formada tan sólo por los consejeros de las formaciones que sustentan la corporación provincial (PSPV y Compromís).
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cifró en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno. Los contratos de alta dirección, destacaron, se realizaron sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos. Al margen de lo que hubiera supuesto, el daño patrimonial total, según la Intervención, fue de más de un millón de euros.
"En Divalterra se contrató con una retribución no acorde con las funciones desempeñadas, al margen de la legalidad, sin competencia para efectuarlas y buscando exclusivamente el clientelismo político"
Poco han variado estas consideraciones con el paso de los años de la instrucción. Anticorrupción sigue realizando duras calificaciones a las actuaciones dentro de Divalterra en uno de sus últimos escritos, evidenciando incluso hartazgo hacia las alegaciones de los imputados. Lo hace como respuesta, en este caso, a un recurso presentado por la que fuera cogerente de la empresa pública, Agustina Brines (Compromís), ante la Audiencia Provincial después de que el juez rechazara el pasado noviembre hasta doce peticiones de archivo de investigados. Su imputación, recuerda el Ministerio Público, deviene de las actuaciones realizadas "al margen de la legalidad vigente y al margen de la normativa estatutaria de la empresa pública".
El fiscal insiste en que se incumplió de forma generalizada la normativa aplicable. "Más que normativa incumplida hay que buscar qué normativa han cumplido para dichas contrataciones, siendo el resultado que ninguna: ni la estatutaria de la empresa ni la de contratación administrativa".
Y se mantiene en la intencionalidad política. "En Divalterra no sólo se contrató con una retribución no acorde con las funciones desempeñadas, al margen de la legalidad, sin competencia para efectuarlas y buscando exclusivamente el clientelismo político, sino que la realidad posterior ha revelado lo innecesario de los nombramientos y que su despido precipitado supuso también un quebranto para la empresa", sostiene.
Ni se comparte ni se justifica, bajo su punto de vista, ese "pobre discurso" sobre que la actuación de los gestores venia motivada por la investigación judicial del caso Taula. "Pretender justificar las decisiones administrativas tomadas en aras de la situación judicial de la empresa perjudicando al erario público carece de fundamento", añade.
De hecho, lo llega a comparar con una de las piezas separadas de ese caso en la que se indaga en la contratación arbitraria de asesores sin que realizaran un trabajo efectivo. En Divalterra, afirma, se acogieron a la modalidad de contratos de alta dirección, "siendo el mismo resultado contrario al buen ejercicio de una empresa que gestiona los fondos de los ciudadanos y no sólo los de su partido".
El fiscal señala que antes del cambio de nombre de Imelsa a Divalterra, en julio de 2015 el secretario de la Diputación, Vicente Boquera, ya expuso la necesidad de que los nombramientos amparados en la contratación de alta dirección se debían ajustar a los principios de publicidad, mérito y capacidad. Circunstancia que, asegura, los actos posteriores relevan "cómo fueron ignorados" por parte de Brines y del otro cogerente (Xavier Simó) con la ocultación de las contrataciones al Consejo de Administración de la empresa pública". Ambos, prosigue, "suscribieron los contratos sin existir expediente de contratación ni justificación de necesidad y sin capacidad legal para realizarlos, comprometiendo con ello los recursos financieros de la empresa al margen del único órgano con capacidad".
Menciona, igualmente, el informe de auditoría de 2015 que pone de relieve que dichos contratos se realizaron sin incremento de actividad de la empresa ni asignación presupuestaria alguna para las áreas de nueva creación.
"La elección de las personas para ocupar estos cargos fue un reparto entre afines a Compromís y PSOE conforme el propio pacto de reparto que habían suscrito entre las formaciones políticas", como explicó, comenta, José Manuel Orengo en su declaración como testigo.
La resolución del recurso de Agustina Brines por parte de la Audiencia puede retrasar el auto de procesamiento de los investigados, que, si todo va según lo previsto, no tardará en llegar. De hecho, el juzgado ya ha recibido una de las últimas peticiones de documentación a la Diputación, como fue la relación de asesores de todos los grupos entre 2015 y 2019 para comprobar si se superó el cupo legal a través de los nombramientos de Divalterra y si los directivos se eligieron porque antes eran asesores de partidos.
En la respuesta, la corporación cifra entre 45 y 54 ese cupo legal, el cual asegura que no superaron en ninguno de estos años. La Fiscalía lo sitúa, sin embargo, en 22 y cree que todos los años se cubrió ese límite y uno de ellos se sobrepasó.